Red Eco Alternativo ***

Emergencia: Niños y adultos con discapacidad podrían dejar de recibir prestaciones

Así lo expusieron quienes prestan servicios y terapias a personas con discapacidad, que ayer entregaron un petitorio en Olivos dirigido a Milei. Sus salarios quedaron 100 puntos por debajo de la inflación. La situación podría empeorar con el comienzo de clases. Por Canal Abierto.

Este miércoles, las organizaciones nucleadas en el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se movilizaron en todo el país y, en Buenos Aires, se dieron cita frente a la quinta presidencial de Olivos. Lo hicieron para entregar un petitorio dirigido al presidente Javier Milei y visibilizar “la compleja situación que tienen que enfrentar quienes prestan servicios a personas con discapacidad”.

Esto no es nuevo, sino que lleva meses e incluso años. En enero, el mismo Foro había alertado sobre la “crisis del sector de discapacidad y la vulneración de los derechos del colectivo”.

Se trata de unos 100.000 profesionales que llevan adelante centros de rehabilitación, centros de día, escuelas, servicios de apoyo a la inclusión educativa, centros terapéuticos educativos, hogares, residencias, y terapias de apoyo a los que asisten unas 200.000 personas con discapacidad en todo el país, cuyos haberes se vieron deteriorados por la creciente inflación y una regulación que no se actualiza. Como consecuencia, las prestaciones peligran, y con ellas los derechos de quienes las reciben.

“Cada vez es más difícil conseguir profesionales”
“Venimos con muchos desfasajes que cada año se agravan más. Desde diciembre, con la asunción del nuevo gobierno, tuvimos una entrevista con el subdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), David Aruachan, que fue muy interesante. Pero después renunció”, explica Elizabeth Foschi, presidenta de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (CASAIE), una de las entidades que integra el Foro, en diálogo con Canal Abierto.

Las conversaciones siguieron con Diego Spagnuolo, director de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), aunque aún no obtuvieron una solución efectiva. Ayer —pese a la ausencia prevista de Javier Milei en la quinta presidencial por su viaje a Israel— personal de la Jefatura de Gabinete recibió el petitorio.

En el mismo consta que el sector terminó 2023 “con un desfasaje de alrededor de 100 puntos entre la inflación anual y los aranceles fijados por el Estado nacional”. Éste se acentuó con la brutal devaluación de diciembre, que fue seguida de una inflación similar que elevó los costos operativos (sueldo, combustible, alimentos e insumos) de los prestadores de servicios, que vienen castigados desde la pandemia de COVID-19.

“De enero a diciembre hubo un 218% de inflación. Pero los aumentos de aranceles fueron un 120%. El último aumento fue de un 20% en enero y un 10% en febrero, que acumulado da un 32% respecto de diciembre —explica Foschi—. Hasta diciembre, un profesional de apoyo a la inclusión, que trabaja 20 horas semanales acompañando a un niño o joven en el aula, estaba ganando alrededor de $155.000. Nadie puede vivir con eso, por eso cada vez es más difícil conseguir profesionales”.

La integración a la educación común no se limita al profesional de apoyo a la inclusión, sino que requiere de un equipo técnico interdisciplinario entre los que hay psicopedagogos/as, fonoaudiólogos/as, musicoterapeutas, y un largo etcétera.

“En marzo, con el comienzo de clases, vamos a tener que dar prestaciones y, en este escenario, no vamos a encontrar profesionales para cubrirlas. Eso significa no poder garantizar derechos a los que la Argentina suscribió en 2007, que fue un logro muy importante. Es volver muchísimos años para atrás”, agrega la especialista.

En efecto, ese año Argentina suscribió a Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley 26.378 incorporó esos derechos a la normativa nacional. Y, según la Ley 24.901, las prestaciones deben ser cubiertas por obras sociales nacionales, prepagas, PAMI e Incluir Salud.

Pero la situación se complejiza porque estos las obras sociales suelen extender el pago a 60 y 90 días de facturada la prestación. “Incluso, algunas llevan atraso de 150 días, lo que licúa cualquier haber”, detalla Foschi y plantea que el proceso que implica la presentación de las facturas y la auditoría de la Superintendencia de Salud, entre otros pasos, se puede realizar en 30 días.

El transporte
Por otro lado, están los traslados. Para ir a las distintas terapias, muchas de las personas con discapacidad requieren de un transporte especial, pero con los sucesivos aumentos de los combustibles «los transportistas no pueden ni sacar la camioneta», explica la referente del sector.

Desde que comenzó el año, los transportistas cesaron el servicio. Para el resto de los prestadores la situación también es compleja porque deben afrontar bonos y aumentos salariales fijados por los sindicatos, más la inflación sostenida en el precio de alimentos como así también de insumos y servicios básicos.

“Los chicos comienzan a escolarizarse a los 2 o 3 años, y si reciben los tratamientos adecuados en ese momento, en muchos casos terminan siendo profesionales, universitarios, empleados, trabajadores independientes. Pero es importante que los reciban en ese momento —agrega Foschi—. Y no se trata sólo de niños, también hay centros de día, distintas instituciones que prestan servicios a personas adultas con discapacidad. Hay unas 200.000 personas con discapacidad en el país a las que no se les va a poder garantizar el cumplimiento de sus derechos. Estamos en una situación de emergencia”.

El Foro está integrado por quince organizaciones, pero movilizaron más de 150 instituciones y 300 transportistas, además de personas con discapacidad, familiares y amigos.

 

Logo agenda

 
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd