“Un avance sobre el rol social de los medios públicos y sobre el Congreso de la Nación”
- Detalles
- Categoría: Más del Pais
- Publicado: Martes 06 de Febrero de 2024
Así definen desde la Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa (Fatpren) la decisión del gobierno nacional de intervenir los medios públicos, y consideran que se busca privatizarlos para hacer un negocio con ellos. Este lunes, el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el decreto 117/2024 en el que se dispone la intervención de EDUC.AR Sociedad del Estado, de Télam Sociedad del Estado, de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado y de Contenidos Públicos Sociedad del Estado por el plazo de un año (período que podrá ser prorrogado por única vez por la jefatura de gabinete). Red Eco Alternativo.
(Red Eco) – Argentina – Según se explica en los considerandos del decreto 117/2024, a partir del DNU 70/2023 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta fines de 2025, con el objetivo de alcanzar una “mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público”, por lo que “resulta necesario efectuar una profunda reorganización de las empresas públicas”. Es por esto que se dispuso la transformación de las Sociedades o Empresas con participación del Estado en Sociedades Anónimas, y que para llevar adelante esta acción (“transformación”, se indica en el texto”) “resulta menester disponer la intervención de las mencionadas sociedades con el fin de definir su conducción y contribuir a optimizar la eficacia y eficiencia de las acciones que cumplen”.
Ya en el artículado se designa como interventor al abogado Diego Martin Chaher y como interventor adjunto al también abogado Diego Sebastián Marías.
Chaher fue administrador del Grupo América por casi dos décadas, mientras que Marías fue legislador porteño del Pro y miembro del Consejo de la Magistratura.
Sus facultades serán:
a. Elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades, el cual deberá ser puesto a consideración del Poder Ejecutivo Nacional.
b. Evaluar, modificar el Estatuto para el Personal del organismo y/o aprobar uno nuevo.
c. Evaluar, modificar el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias y/o aprobar uno nuevo.
d. Modificar el Reglamento de Contrataciones de obras, bienes y servicios del organismo y/o aprobar uno nuevo.
e. Modificar la denominación de los organismos, previa conformidad del Poder Ejecutivo Nacional.
f. Modificar la estructura orgánica y funcional, los organigramas correspondientes y los Regímenes Profesionales del Personal contratado, de planta permanente y de gabinete y/o aprobar una nueva.
g. Revisar la administración de compras y contrataciones.
h. Disponer una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones, bienes que se recepcionan y estado de los mismos.
i. Presentar la rendición de cuentas.
j. Operar y mantener las sociedades, de modo de optimizar la gestión administrativa con miras a tornar sustentable dichas empresas.
k. Designar y remover a funcionarios y personal de cada una de las sociedades mencionadas.
En el texto del decreto se aclara que “el detalle efectuado en los incisos precedentes es solo enunciativo y no limita en modo alguno las funciones del Interventor y del Interventor Adjunto que puedan vincularse a otros aspectos regulatorios, a acciones de auditoría y sanciones, a aspectos económico-financieros y a la protección de los derechos de los usuarios”.
También se incluye que es el Jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, quien “dispondrá los ajustes necesarios en el Presupuesto de la Administración Pública Nacional a efectos de atender los requerimientos que surjan como consecuencia del presente acto”.
Para la FATPREN es clara la intención del Poder Ejecutivo de privatizar los medios públicos para hacer un negocio con ellos: “Tal vez un negocio inmobiliario, funcional a los sectores privados de la comunicación”. Agregan que la intervención de los medios públicos dispuesta por Javier Milei viola la legislación vigente y pasa por arriba del Congreso de la Nación, “ya que algunas de las empresas intervenidas cuentan con directivos votados por distintas representaciones parlamentarias, a quienes se les quita todo rol”.
En este sentido, explican que los medios públicos tienen su propia estructura de conducción, establecida por las leyes que los crearon y, en especial, un control democrático a través del Parlamento y del público, por lo que consideran que el Poder Ejecutivo arrasa “de manera absolutamente autoritaria” con esto y nombra a un interventor y un interventor adjunto que desplazan los directorios de RTA S.E., TELAM S.E., EDUC.AR S.E. y CONTENIDOS PÚBLICOS S.E.
“En especial, el Decreto 117/24 violenta la ley 26.522, vigente y absolutamente progresiva en materia de comunicación pública democrática. También viola la ley de Sociedades del Estado, forma constitutiva de los medios públicos, que pretendió ser derogada mediante el DNU 70/2023, impugnado por inconstitucional por la FATPREN, en amaro que actualmente tramita en el fuero Contencioso Administrativo Federal. En dicho amparo en trámite señalamos la absoluta incompatibilidad del DNU 70/23 con las obligaciones del Estado en materia de sostenimiento y resguardo del rol social de los medios públicos, que garantizan pluralidad de voces, sostienen el sistema informativo del país que hoy sin una agencia como Telam o sin Radio Nacional o la TV Pública estaría sujeto a los antojos de los medios privados y sus intereses económicos, garantiza el federalismo, y la posibilidad de que en todo el territorio nacional lleguen de manera gratuita hechos culturales y de interés público, como el mundial de fútbol o los festivales populares”, explican desde la Federación.
Es por todo esto, que solicitan al Poder Judicial el tratamiento de manera urgente del recurso presentado por nuestra Federación y a los diputados y diputadas a defender el rol del Congreso de la Nación ante un nuevo avasallamiento por parte del gobierno nacional.
