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Se espera una histórica audiencia pública para defender la Costanera Sur

Tal como pasó con Costa Salguero, la ciudadanía ya comenzó a inscribirse para detener un nuevo negocio inmobiliario que prioriza torres antes que espacios verdes. Mientras, Larreta ingresó dos proyectos con 16 convenios en la Legislatura para cambiar el código urbanístico a medida de las corporaciones. Por Canal Abierto.

Tras una histórica audiencia pública para defender Costa Salguero del negociado inmobiliario impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quedó abierta la inscripción para hacer lo propio con la Costanera Sur y evitar la creación de un complejo de torres comandado por la empresa IRSA.

El jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta logró eludir las objeciones de la oposición y colectivos vecinales que cuestionaban la edificación de “un nuevo Puerto Madero”. El grupo empresario que encabeza Eduardo Elsztain espera obtener ganancias por alrededor de mil millones de dólares.

Si bien el emprendimiento cuenta con este primer aval legislativo del oficialismo, requiere de una aprobación en segunda lectura para poder concretarse. El legislador porteño del Frente de Todos, Javier Andrade, señaló al respecto: “Seamos miles para frenar esta locura y defender nuestro río. Es muy importante que la participación sea masiva para romper el blindaje mediático. Pudimos con Costa Salguero, ahora hagamos historia con la Costanera Sur”.

Según el decreto publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires el 24 de agosto, pueden anotarse para participar en la audiencia quienes tengan domicilio la Capital Federal, y el plazo de inscripción es desde el 15 de septiembre al 12 de octubre a las 14. La audiencia tendrá modalidad virtual, como ocurre desde que se declaró la pandemia.

Quienes no cuenten con acceso a medios virtuales para intervenir podrán comunicarlo para tener la oportunidad de formar parte mediante los medios que se dispondrán en la Legislatura, sita en Perú 160. Para participar, se debe enviar un mail a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., con nombre, apellido y DNI, aclarando la intención de formar parte de la audiencia del Expediente 1831-J-2021.

“Insistir con consolidar la privatización del borde costero es un absoluto contrasentido social, urbano y ambiental. Necesitamos recuperar este predio para preservar el humedal, generar un nuevo pulmón verde que permita el ingreso de los vientos y las brisas desde el rio para mitigar el efecto de isla de calor urbana y afrontar en el marco de crisis climática las dos amenazas de origen natural que la ciudad enfrenta que son las inundaciones y las olas de calor”, sostuvo la ingeniera María Eva Koutsovitis.

Por su parte, el abogado y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, agregó: “La Costanera debe ser verde y pública. La corporación inmobiliaria ha capturado la democracia representativa, por eso instamos a la ciudadanía a organizarse comunitariamente en defensa de la ciudad, de lo público y del ambiente urbano. Estamos viviendo un saqueo inédito. No podemos esperar más”.

Así como pasó con Costa Salguero, se espera que la participación ciudadana esta vez también sea masiva. Su postura ya se manifestó en la bicicleteada del 22 de agosto bajo la consigna “Humedales si, torres no”.

Más negociados
Mientras la crisis habitacional empeora en la Ciudad, Rodríguez Larreta, impulsado por el triunfo de su partido en las PASO, presentó dos proyectos en la Legislatura para tratar 16 convenios urbanísticos entre su administración y empresas privadas. Los mismos requieren cambios en las normas de edificación para avalar la construcción de más torres, una de ellas ubicadas en el casco histórico junto a una iglesia colonial.

El primero incluye 15 convenios urbanísticos firmados entre el 2 de agosto y el 10 de septiembre último entre el Gobierno porteño y las firmas PMJ Fiduciaria, Grupo Azopardo, Mario Manso, Livnot, Proyecto 43, Marosmar, Management Libertador, Martesboys, Arcos 1865, Instrumentos Musicales y Marby.

Estos crean “áreas de desarrollo urbano especial” en varias parcelas de la Ciudad, ubicadas en los barrios de Núñez, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, Boedo, San Cristóbal, San Telmo y Barracas. Éstas serán desafectadas de las “normas de edificabilidad” que las rigen actualmente para habilitar construcciones en altura.

Según se señala en los textos, los fondos que reciba el Gobierno porteño a cambio de la modificación de las normas urbanísticas deberán destinarse a “promover el desarrollo urbano equitativo y sustentable del área central de la ciudad, facilitando su residencialización, financiando proyectos de construcción, adecuación o puesta en valor de equipamientos urbanos, la conformación de áreas peatonales y calles de convivencia con vistas a su revitalización y diversificación funcional”.

El segundo proyecto define un “área edificable” en la parcela ubicada en la esquina de la avenida Córdoba y la calle San Martín, en el centro porteño, lindera con el histórico monasterio de Santa Catalina.

Estos convenios podrían llegar a dejar 200 millones de dólares en ganancias, pero se trata de respuestas a los intereses inmobiliarios, y no a los de la ciudadanía que exige más espacios verdes y menos torres de lujo que además encarecen un ya caro suelo porteño.

 

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