Rechazos al Operativo Roca
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- Categoría: Gobierno
- Publicado: Domingo 04 de Mayo de 2025
A través del Decreto 1112/2024, el gobierno nacional autorizó a la Armada a detener y controlar civiles en las fronteras. Esta medida generó fuertes rechazos por parte de organizaciones sociales y de derechos humanos, que aseguran va en contra de lo que dicen las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior. Compartimos los comunicados de H.I.J.O.S. Jujuy y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Comunicado de H.I.J.O.S. Jujuy:
NO AL OPERATIVO ROCA
Desde H.I.J.O.S. Jujuy, expresamos nuestro más profundo repudio y una absoluta indignación frente al Decreto 1112/2024, por el cual el gobierno argentino autoriza a la Armada a detener y controlar civiles en las fronteras, especialmente en la de nuestra provincia, bajo el siniestro nombre de "Operativo Roca".
Esta decisión, que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en tareas de seguridad interior, constituye un acto de brutal regresión autoritaria que viola flagrantemente la Constitución Nacional y los principios básicos de los derechos humanos conquistados tras décadas de lucha y dolor.
Fue precisamente la intervención militar en asuntos civiles la que abrió paso al terrorismo de Estado, a los centros clandestinos, a las desapariciones, las torturas y las muertes que signaron la última dictadura militar (1976-1983), la más sangrienta de nuestra historia. Pretender hoy reinstalar la presencia militar en la vida civil es una afrenta directa a la memoria de los 30.000 compañerxs desaparecidxs, y una provocación intolerable al Pueblo Argentino.
Que se pretenda bautizar esta avanzada represiva como "Operativo Roca" es además una afrenta doble: invocando al responsable de la llamada "Conquista del Desierto", una campaña de exterminio y despojo contra los pueblos originarios. Este acto de violencia simbólica revela el verdadero rostro de la política del nefasto gobierno de Milei que intenta imponer represión, discriminación y muerte.
Denunciamos que bajo el disfraz de la "seguridad", el Estado está autorizando nuevamente a los militares a actuar sobre cuerpos civiles, violando de manera atroz las leyes y los consensos democráticos que con tanto esfuerzo hemos construido.
Exigimos la inmediata derogación del Decreto 1112/2024 y el cese de todo intento de militarizar nuestras fronteras y nuestras vidas.
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Comunicado del CELS:
Operación Roca: Las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y facultades bajo secreto
Ante el anuncio del Ministerio de Defensa, la autorización a las fuerzas militares para realizar detenciones en zona fronterizas, le pedimos al ministro (Luis) Petri que entregue toda la información vinculada con esas intervenciones. La injerencia de militares en esos roles va en contra de las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior.
El 11 de abril de 2025 el Ministerio de Defensa nacional anunció el comienzo de la Operación Roca que dispone que las Fuerzas Armadas se involucren en tareas de seguridad en zonas fronterizas, una situación que va en contra de lo que dicen las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior. La resolución ordena la intervención militar en tareas de vigilancia y control en zonas de frontera y el refuerzo y complemento del despliegue de las fuerzas de seguridad y lo hace bajo normas secretas que no son compatibles con esas tareas de control ciudadano. Por esas razones le pedimos al ministro Luis Petri que informe sobre los alcances que tienen estas intervenciones.
La decisión del gobierno de Milei póne a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad que no tienen que ver con su misión original, para las cuales no están formadas y que son propias de las policías y fuerzas de seguridad. A eso se suma la decisión de mantener en reserva las reglas de empeñamiento, las instrucciones que se les dan a las tropas y que tienen los fundamentos por los cuales se decide la intervención. En la resolución tampoco se informan las atribuciones, los límites y las regulaciones que tendrá el accionar de los militares y aspectos críticos como los criterios para el uso de la fuerza.
La seguridad interior no está alcanzada por los estándares de secretos como rige los que rigen para la actividad militar frente a hipótesis de conflictos bélicos. En las calles o en las fronteras, el objetivo del despliegue estatal en seguridad es brindar protección a los ciudadanos para prevenir delitos, no aniquilar a enemigos. Son acciones de características muy distintas y por eso es imprescindible la mayor transparencia posible.
En nuestro pedido de información al ministro Petri, además de la información contenida en las reglas de empeñamiento, le solicitamos que nos comparta con qué leyes se autorizó a las Fuerzas Armadas a realizar detenciones; que nos informen si las FFAA tienen permitido portar armas de fuego en esas actividades y bajo qué reglas del uso de la fuerza se realizarían. También que nos explique de qué manera se informarán a las autoridades civiles y judiciales las detenciones que los militares hagan en la frontera y cómo se implementará la supervisión y el control de otras áreas del Estado sobre esas actuaciones. Por último le solicitamos que nos entregue el diagnóstico y las hipótesis sobre las cuáles se basa la decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas en estas tareas.
Esta decisión del gobierno sigue corriendo los límites para la intervención de las FFAA en tareas propias de las policías. En diciembre de 2024, con los decretos 1107 y 1112/24, a través de la incorporación de conceptos como “amenaza externa” y objetivos de valor estratégico” ya intentó encontrar resquicios que permitan meter por la ventana a los militares en temas de seguridad. Con ese marco, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich intentó desembarcar con militares en Rosario. En el escenario de la Argentina actual, sin ninguna amenaza que lo justifique, la decisión del Ministerio de Defensa solo tiene sentido desde un punto de vista ideológico, sostenido por sectores del gobierno que buscan profundizar la agenda de militarización de la seguridad.
La Argentina estableció un esquema legal e institucional democrático que se caracteriza por la separación entre seguridad interna y defensa y la prohibición de que las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos políticos internos. Ese esquema se basó en las leyes de Defensa Nacional (1988), la de Seguridad Interior (1991) y de Inteligencia Nacional (2001), todas sancionadas en presidencias distintas y que conformaron el acuerdo político más importante de la democracia. Así la Argentina estableció que el rol principal de las Fuerzas Armadas era la defensa contra agresiones externas de otros estados.
