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Tucumán, la única provincia que no adhirió a la Ley Micaela

La Ley 27.499 establece la capacitación obligatoria para el abordaje de las problemáticas de género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. Fue sancionada en diciembre de 2018, pero a casi un año y medio Tucumán aún no la ha implementado.

Desde la Multisectorial de Mujeres de Tucumán presentaron una nota en la Legislatura exigiendo que la provincia adhiera de manera inmediata a la Ley Micaela: “Exigimos estar a la altura de lo que representa la realidad que vivimos con la violencia de género en sus distintas formas en nuestra provincia y aprobar de inmediato esta ley", afirmaron las organizaciones que conforman la Multisectorial.

En igual sentido, la agrupación Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) explicó que la Ley Micaela es una herramienta destinada directamente a la prevención de los femicidios y de otras formas de la violencia de género al mejorar los servicios públicos estatales: “Fue sancionada para fortalecer la capacidad del Estado como también, viene a efectivizar el cumplimientos de otras normas nacionales, como la Ley 26.485 de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y la Ley  26.791, que incorpora la figura del Femicidio al Código Penal. Lleva el nombre de Micaela García, víctima de un brutal femicidio sucedido en abril de 2016, en reconocimiento a su lucha militante en la problemática de género”.

Tucumán aún no adhirió a esta norma, pero está previsto que sea debatida en la Legislatura provincial en estos días. Fue en este contexto que la semana pasada la legisladora de Fuerza Republicana Nadima Pecci presentó un proyecto de ley provincial que se opone a su adhesión. “Su proyecto pretende mostrarla como una manifestación de una supuesta ‘ideología de género’. Desde su punto de vista, la Ley Micaela adoctrina en lugar de proteger, y ataca un modelo tradicional y ortodoxo de familia, en lugar de brindar herramientas para que diseñadores y decisores de políticas públicas puedan gobernar para todes, incluyendo a quienes se encuentran especialmente desprotegides y por fuera de estas formaciones tradicionales”, expresaron desde Andhes.

No es novedad la línea expresada por Fuerza Republicana. Durante un debate legislativo sobre la Ley de Educación Sexual Integral en enero de 2020, Horacio Vermal, también legislador de FR, había dicho que “cada uno es lo que es y no lo que se autopercibe”. Otro ejemplo lo da el también legislador Ricardo Bussi, hijo del represor Domingo Bussi, quien durante los debates de diciembre del año pasado, interpretó como discriminatorio el proyecto de cupo laboral trans porque las personas heterosexuales ven disminuidas sus posibilidades laborales por no incurrir en el travestismo o fetiches eróticos análogos.

“Los fantasmas convocados por estos sectores para provocar miedo y desconocimiento son derribados cuando circunscribimos la oportunidad que abre esta normativa como herramienta de análisis y abordaje para una de las problemáticas más acuciantes de nuestro presente, como lo es la violencia hacia las mujeres y hacia las personas LGBTIQ+. La Ley Micaela no pretende imponer a nadie cómo pensar, en todo caso es una herramienta para que profesionales del sector público cuenten con conocimientos adecuados y puedan ponerlos en práctica de manera crítica en la tarea que corresponde a su sector”, aseguraron desde Andhes y agregaron: “Consideramos que la Ley Micaela nos permitirá convertirnos en un Estado provincial más respetuoso por los DDHH, siguiendo los estándares internacionales. Por eso insistimos en que desarticular las prácticas que niegan la discriminación en base al género mediante la capacitación de agentes estatales que operan como agentes de cambio en el día a día de estas problemáticas, desemboca en pensarnos como sociedad desde un nuevo paradigma que busca romper los pilares hegemónicos de ‘normalización’ que generan exclusión y desigualdad para transitar hacia una vida social común, no violenta, comprometida con la igualdad y la libertad”.

 

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