Red Eco Alternativo ***

Presos por tuitear en Jujuy: Presentación ante la CIDH y la ONU

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y Amnistía Internacional Sección Argentina realizaron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, en defensa del derecho a la libertad de expresión de Nahuel Morandino y Roque Villegas, detenidos desde el 4 de enero por escribir en redes sociales un mensaje sobre la vida privada del ex gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

Las organizaciones explican en la presentación que la fiscalía y el Poder Judicial de la provincia acusaron al docente Nahuel Morandini y al trabajador independiente Roque Villegas por delitos gravísimos como lesiones psíquicas contra la esposa de Morales, Tulia Snopek, y por la supresión de identidad de la hija que tiene con Morales: “Hasta hoy no hay ninguna prueba seria que permita sostener la existencia de tales delitos, menos aún de riesgos que permitan sostener la necesidad de una privación de la libertad por 60 días”.

Advierten que además la justicia de Jujuy le prohibió hablar del caso a familiares y allegados de Morandini, y lo obligó a la realización de un tratamiento psiquiátrico por supuestamente ejercer violencia de género a través del tweet mencionado: “Todos estos métodos representan la utilización del derecho penal para criminalizar la libertad de expresión”, afirman las organizaciones, al tiempo que recuerdan que la situación de los derechos humanos en Jujuy viene siendo observada por la CIDH desde hace varios años: “En particular desde el ensañamiento, hostigamiento y criminalización contra Milagro Sala. Hace pocos meses, en el marco de las protestas contra la reforma constitucional de la provincia, la CIDH llamó a respetar estándares sobre el uso de la fuerza y el derecho a la protesta social. Aun así, abogados y abogadas integrantes de organismos de derechos humanos, referentes indígenas y activistas fueron sancionados con aplicación de contravenciones o incluso, la justicia provincial los criminalizó y condenó por manifestarse. Frente a esta nueva situación, es fundamental que la CIDH comprenda que la actuación del poder judicial jujeño se aparta de estándares internacionales que Argentina se comprometió a cumplir en materia de libertad de expresión y que le requiera al Estado información al respecto”.

Las organizaciones agregan que la utilización de las figuras penales para imputar a Marcelo Morandini y a Roque Villegas por un posteo “carece de proporcionalidad o de un fin legítimo, ya que se trata de la restricción de derechos más severa posible que existe en la justicia: la privación de libertad”: “Los primeros días de detención, además, Nahuel y Roque fueron alojados en celdas de castigo de la Unidad 2 de Máxima Seguridad del Penal Gorriti. Este proceso de criminalización y encarcelamiento tiene efectos disuasorios, disciplinantes y amedrentadores sobre toda la sociedad, que verá limitado su ejercicio a la libertad de expresión, dentro o fuera de las redes sociales”, finalizan.

 

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