Represión en Congreso: Piden que la CIDH que proteja el derecho a la protesta
- Detalles
- Categoría: DDHH
- Publicado: Sábado 03 de Febrero de 2024
Organizaciones defensoras de derechos solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tome medidas cautelares en favor de trabajadores de prensa, defensores de derechos humanos y manifestantes y plantearon su preocupación por “la reiteración de operativos desproporcionados que terminan con personas detenidas y con heridas graves”.
La presentación se realizó este viernes, antes de la nueva represión ocurrida por la noche. Respecto a lo sucedido el jueves, durante la segunda jornada de sesiones extraordinarias en el Congreso, las organizaciones detallaron que el Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Patricia Bullrich, dispuso en las inmediaciones un operativo de fuerzas de seguridad violento, desproporcionado y represivo, que hizo que el día terminará con más de 100 personas heridas, algunas de gravedad, como el abogado defensor de derechos humanos Matías Aufieri que recibió un disparo de bala de goma en el ojo, y como una treintena de periodistas.
“En los alrededores del edificio del Congreso se utilizaron carros hidrantes, tonfas y escudos policiales para golpear a manifestantes, motos para la persecución, incluso en veredas y plazas. Se utilizaron balas de goma, muchas disparadas a la altura de la cabeza, gases lacrimógenos e irritantes, que producen quemaduras en la piel. Operativos de este tipo ya sucedieron en Chile, Perú, Colombia y la provincia de Jujuy donde la intención de disparar apuntando a la altura de los ojos tiene como único fin aumentar la capacidad de daño de un arma “menos letal”, contra las recomendaciones de uso de este tipo de armas. Es decir, el operativo estuvo dispuesto para amedrentar y disolver la protesta, no para liberar calles”, relataron.
Explican además que desde la presentación del “Protocolo antipiquetes” el 14 de diciembre, el gobierno nacional “avanzó en una serie de cambios normativos, operativos policiales enormes, intimaciones económicas y amenazas públicas contra las organizaciones y las personas que se manifiestan en el espacio público”. Operativos que están en manos de fuerzas federales, pero dentro de un distrito en el que no tienen jurisdicción, como es la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con sus propias autoridades y policía local. “Es decir, están al margen de la legalidad”, denuncian.
“Las formas de la deliberación y la manifestación pública, la labor periodística, la restricción de la violencia estatal, son todas condiciones necesarias para una convivencia social y política democráticas. Debido a la escalada de violencia estatal a la que asistimos en estos días, presentamos junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SipreBa), Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) una denuncia ante la CIDH, que se suma a la información que ya enviamos sobre el protocolo del Ministerio de Seguridad para limitar las protestas. También solicitamos que disponga medidas cautelares, ya que el debate y la discusión alrededor de las leyes que impulsa el gobierno y las manifestaciones van a continuar. En ese contexto es urgente que se proteja tanto a quienes se manifiestan, como a los distintos actores que cumplen un rol fundamental en la ampliación y la difusión de la información, y que tienen una tipo de tutela específica en el marco del derecho internacional y de los derechos humanos”, finalizan las organizaciones.
Ver presentación completa AQUÍ
Fuente: CELS
Imagen: Bernardino Avila
