No estamos ante un hecho aislado, sino ante un nuevo episodio de una escalada de amedrentamiento y violencia hacia la juventud militante que se organiza y lucha contra el ajuste y en defensa de la educación pública, que ya tuvo precedente el pasado lunes 13/11 en la agresión y adulteración a materiales, murales y espacios de agrupaciones políticas en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)

Son hechos de extrema gravedad, en tanto las repudiables acciones tienen como trasfondo político discursos de odio, negacionistas y de ataque a las libertades democraticas provenientes de quienes asumirán como próximo gobierno en nuestro país.

Asimismo, no es de soslayar la responsabilidad del gobierno provincial y nacional actual frente al clima de violencia que mediante su justicia adicta ha dispuesto un operativo de criminalizacion de les que luchan. Más que nunca, luchar no es delito.

Llamamos a todas las organizaciones de la juventud, estudiantiles, de derechos humanos, políticas y sociales a repudiar las amenazas sufridas y en unidad defender el derecho a la protesta social.