Impunidad en Santa Fe
Silvia era militante de derechos humanos y fue asesinada el 29 de marzo pasado en la localidad santafesina de Rafaela.
A través de un comunicado, distintas agrupaciones de DDHH señalaron las irregularidades en el accionar policial y la ausencia de medidas respecto a este tema de parte de las autoridades provinciales.
El Director de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica, Jorge Pedraza, no solo descartó un posible móvil político del crimen, sino que consideró correcta la actuación de la policía.
Ante esta situación, Marina y Andrés, hijos de Silvia, resolvieron renunciar al Programa de Protección de Testigos.
Es que resulta inexplicable que pueda defenderse a la policía de Rafaela si no encontró huellas en el lugar del hecho (ni siquiera las de Silvia), no dio con testigos que reconocieran a los imputados, no pudo encontrar al remisero que trasladó a los presuntos asesinos hasta la terminal de ómnibus. Cuando la justicia encontró al chofer, los policías lo citaron ilegalmente a declarar en la comisaría antes de que lo haga delante del juez. Además, no le dio a la justicia el video de las filmaciones que la Concesionaria de la Terminal de Ómnibus de Rafaela les entregó.
En este sentido, las organizaciones señalan, en un comunicado, que “el gobierno (provincial) ignora o encubre la falta de seriedad, o la corrupción o la connivencia policial en un asesinato donde las sospechas de motivaciones políticas no pueden ser descartadas”.
Nota relacionada: Silvia Suppo presente… ahora y siempre