Organismos de DDHH advierten sobre la vigencia de una “vieja repudiable práctica policial”
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- Categoría: DDHH
- Publicado: Miércoles 03 de Agosto de 2022
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Comisión Provincial por la Memoria denunciaron ante el gobierno bonaerense que se mantiene la disposición que implica que cuando un policía es sospechado se lo traslada a otra dependencia donde la comunidad desconoce su potencial peligro. En este sentido, los organismos citan como ejemplo el caso del asesinato de Daiana Abregú en una comisaría de Laprida, donde los agentes sospechados fueron trasladados a Tres Arroyos.
El escrito conjunto presentado ante el gobernador Axel Kicillof contiene las firmas de las máximas autoridades de ambas entidades, entre las que se encuentra el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Allí reclaman que la Policía que conduce el ministro de Seguridad, Sergio Berni, cese con “una vieja y repudiable práctica que consiste en trasladar a policías sospechados a otra dependencia donde la comunidad desconoce esa situación”.
Explican que esta práctica de traslado de policías "es inaceptable porque importa la convalidación de conductas sospechadas, por parte de integrantes de la fuerza que debe velar, precisamente, por la prevención del delito".
"Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el propósito de trasladarle nuestra honda preocupación por el desarrollo continuo de una práctica que contraviene la función propia de las fuerzas de seguridad y genera una profunda desconfianza social hacia las mismas. Nos referimos a los traslados de efectivos policiales desde una repartición en la que han tenido una actuación sospechada de delictiva a otra repartición en la que muchas veces suele desconocerse esa circunstancia", señalan en el documento presentado.
"A ello se le suma la lógica desconfianza social que genera en una comunidad alertada, la llegada de esos efectivos sobre los que pesa la presunción de haber sido parte de acciones ilegales, desconfianza que conspira contra toda política pública de consolidación de una seguridad democrática a la que aspiramos", agregan.
En este marco, ejemplifican con el caso del comisario inspector Marcelo Amaya, quien se desempeñaba como jefe de Policía Comunal en Laprida, y el comisario Cristian Barrios, jefe de la Estación de Policía Comunal de la misma ciudad, donde el 5 de junio pasado se produjo la muerte de Daiana Abregú: “(Ambos) resultan ser -cuanto menos- responsables funcionales de su deceso, en tanto jefes respectivamente, de la fuerza que estuvo a cargo de su aprehensión y custodia y de la dependencia donde se produjo ese gravísimo hecho, lejos de haber sido separados preventivamente de sus cargos, fueron trasladados a cumplir funciones en la ciudad de Tres Arroyos (…). La persistencia del mecanismo que criticamos es violatoria de la ley orgánica policial –Nro. 13.482- cuyo espíritu propicia que las fuerzas de seguridad sean absolutamente respetuosas de los derechos humanos, lo que es tributario de los mandatos constitucionales tanto en la Nación y como en la Provincia”.
