Red Eco Alternativo ***

Abogades de DDHH solicitaron audiencia ante la CIDH contra la persecución en Jujuy

Distintas organizaciones de Derechos Humanos y abogades realizaron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que solicitan una audiencia para denunciar la violación del derecho a manifestarse, la persecución judicial contra activistas y luchadores y el ataque a todas las libertades democráticas por parte del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales.

La presentación fue suscripta por la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), Amnistía Internacional Argentina, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y Alejandro Vilca, diputado nacional por Jujuy del FIT-U; y representa un planteo al organismo de la OEA responsable de promover y proteger la defensa de los Derechos Humanos en el continente americano.

Adhirieron, además, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), el Centro de Abogados por los Derechos Humanos (Cadhu), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), el Encuentro Militante Cachito Fukman (ECMF), Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia y Servicio Paz y Justicia (Serpaj).

“Presentamos este escrito junto a decenas de organizaciones de derechos humanos donde explicamos claramente cómo es que han sido atacados y criminalizados distintos procesos de lucha. En la provincia de Jujuy existe un régimen que está en manos del gobernador Morales que ataca y cercena las libertades democráticas más básicas para todo el pueblo jujeño. Las detenciones del dirigente del Partido Obrero Sebastián Copello como la del dirigente del MTR 12 de abril Juan Chorolque fueron ilegales. Sufrieron el allanamiento de sus hogares, el secuestro de sus celulares en una causa armada por el gobernador de la provincia Gerardo Morales. Rechazamos el atentado del gobernador contra el derecho constitucional de los compañeros a peticionar ante las autoridades públicas y manifestarse ante la crisis económica y social en curso en la provincia”, explió Claudia Ferrero, abogada integrante de APEL

En tanto, Néstor Pitrola, dirigente nacional del Partido Obrero, agregó: “Las detenciones de los compañeros Sebastián Copello y Juan Chorolque se suman a una serie de intimidaciones que el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales lleva adelante a través de la aprobación de un código contravencional absolutamente arbitrario y destinado exclusivamente a evitar la movilización popular. Se trata de una persecución que no solamente recae sobre el movimiento piquetero que lucha contra el hambre, sino también contra las organizaciones de mujeres que luchan contra los femicidios en la provincia y también contra los pueblos originarios que están dando una pelea contra el avance de la extracción del litio en Jujuy acosta de dejar sin acceso al agua a pueblos enteros”.

 

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