Casación ordenó revisar las condenas a tres genocidas

La Sala 1 de la Cámara Federal de Casación, integrada por los jueces Daniel Antonio Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña, rechazó los planteos de los defensores de varios genocidas condenados en 2014 en el marco de la causa por el CCD “La Cacha”, y declaró la constitucionalidad de sus penas a prisión perpetua. Desestimó además la nulidad de parte de los alegatos de la querella de Justicia Ya La Plata, conceptuó como homicidios agravados los delitos cometidos contra Laura Estela Carlotto y Olga Noemí Casado, y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento sobre los genocidas Raúl Ricardo Espinoza, Rufino Batalla y Claudio Raúl Grande, que habían sido condenados a penas de 13 años de prisión como “partícipes secundarios” de los secuestros, torturas y desapariciones ocurridos en “La Cacha”.

Según detalla el Espacio de Lucha Nilda Eloy, en los casos de Laura Carlotto y Olga Casado se había condenado a varios genocidas sólo por la privación ilegal de la libertad con resultado de muerte de las víctimas. La nueva calificación de homicidio agravado reconoce que ambas personas fueron sacadas de “La Cacha” para ser asesinadas en 1978.

En lo referido a la responsabilidad criminal de Espinoza, Batalla y Grande, los tres Personal Civil de Inteligencia del Destacamento de Inteligencia 101 y guardias de “La Cacha”, Casación ordenó “en cuanto al grado de participación de los imputados Raúl Ricardo Espinoza, Rufino Batalla y Claudio Raúl Grande- y reenviar las actuaciones al tribunal de origen a fin de que por quien corresponda se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con los lineamientos expuestos en este fallo”. En particular sobre el punto los jueces de Casación definieron que la sentencia del TOF 1 de La Plata, en voto mayoritario de los jueces Pablo Jantus y Pablo Vega, “no ha derivado de una valoración integral, lógica y razonada de las pruebas del juicio, en observancia al principio de la sana crítica racional pues les atribuyó a los imputados un grado de participación que no se condice con las pruebas reunidas en el debate” y debe ajustarse a la figura de coautores reclamada por las querellas, lo que derivará en penas mayores.

El Centro Clandestino de Detención “La Cacha” fue creado en el Área 113 del Comando del 1er Cuerpo del Ejército para desmantelar los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura. Funcionó entre mediados del ‘76 y fines del ‘78 en la antigua planta transmisora de Radio Provincia, al lado de la Cárcel de Olmos. Fue uno de los CCD más sofisticados de la dictadura, por la participación que tuvieron el Ejército, la Armada, las Policías Bonaerense y Federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense y la SIDE. Según los relatos de algunos sobrevivientes el nombre “La Cacha” estaba referido al personaje la bruja Cachavacha de la tira “Hijitus”, del dibujante García Ferré, que en un cínico paralelo utilizado por los represores “hacía desaparecer gente”.

La causa fue instruida por el Juzgado N°1 de La Plata, a cargo del juez Manuel Blanco y la secretaria Ana Cotter, que decidieron fragmentar los casos y elevar sólo los hechos ocurridos en el año 1976 y 1977, dejando de lado numerosos casos de 1978. Por la tardanza en la instrucción, murieron impunes varios represores como Manuel Ibérico Saint Jean, Alejandro Agustín Arias Duval y Ricardo Von Kyaw. Continúa impune el agente del Destacamento 101 Teodoro Aníbal Gauto, refugiado en Israel.

“Seguimos exigiendo que se complete la instrucción de la causa residual por “La Cacha”, expediente 14000097 donde están imputados entre otros Alberto Crinigan, Diego Pablo Cosno, Carlos Alberto Trinchim, Daniel Antonio Riquelme, Julio Barroso y Alberto Anselmo Páez, y se eleve a juicio oral ya mismo”, agregaron desde el Espacio.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!