Red Eco Alternativo ***

Reporte N° 36 de aplicación del DNU 297/2020

Informe sobre la situación represiva dirigida a las mujeres y al colectivo LGBTIQ+ en el contexto de las medidas adoptadas por el DNU 297/20. Por Correpi

 

 

 

Florencia Magalí Morales, asesinada en la Comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara, San Luis.

Cuarentena, represión y violencia patriarcal: Me cuidan mis amigxs, no la policía.

Como venimos repitiendo a lo largo de los 35 Reportes que CORREPI publicó desde que se dictó el DNU 297/20, la suspensión de las garantías constitucionales que contiene esta norma, como consecuencia del estado de excepción que se vive a nivel mundial producto de la pandemia, con el consecuente aumento de prerrogativas dadas a las fuerzas represivas, aumenta los riesgos de los sectores de la población más vulnerados estructuralmente. Dentro de estos sectores,  quienes están llevando una de las peores partes son las mujeres y el colectivo LGTBIQ+.

Desde el inicio de la cuarentena hasta el 30 de abril hubo 42 femicidios, mientras se registran 11 travesticidios y transfemicidios desde principios de año, sin datos específicos durante el aislamiento. La violencia machista y heterocispatriarcal no hizo más que incrementarse desde el inicio del aislamiento social obligatorio. No sólo porque para muchxs mujeres, personas LGTBIQ+ y sus niñxs a cargo, las casas no son lugares seguros, al tener que convivir 24 horas con los agresores, ya que las estadísticas demuestran que mayormente las agresiones se dan dentro de los hogares, sino también porque, en este contexto represivo, se acrecienta la violencia machista cuando se entrecruza con la represión estatal.

Los reportes que venimos publicando dan cuenta sobremanera cómo se reproduce esta situación a lo largo y lo ancho del país. Decidimos en estas líneas hacer un repaso de las situaciones que venimos rastreando porque entendemos que visibilizarlas es fundamental para luchar colectivamente contra el virus y la represión.

Las constantes que encontramos en las situaciones represivas rastreadas son la revictimización de las mujeres que van a la comisaría a denunciar violencias machistas, la persecución, estigmatización y criminalización de las personas travestis y trans y de lxs trabajadorxs sexuales o personas en situación de prostitución y la violencia sexual en comisarías, tanto contra mujeres como personas del colectivo LGTBIQ+.

Los casos relevados

En Puerto Madryn, provincia de Chubut, dos mujeres, una trabajadora gastronómica y una trabajadora de la salud, denunciaron sucesivamente que, la misma noche del 23 de marzo, mientras estaban detenidas en la comisaría 3ª, acusadas de violar el aislamiento –ambas desempeñan labores esenciales y están exceptuadas para trabajar- fueron obligadas a desnudarse y realizar sentadillas en el baño de la dependencia.

En un barrio de la ciudad de Jujuy, la policía golpeó hasta tirar al piso a una mujer que había salido a buscar provisiones con su bebé en brazos. Varixs vecinxs empezaron a gritar para defenderla, y lograron registrar la escena en un video. Recién entonces, al ver que los estaban filmando, cesó la paliza.

En Santa Rosa de Conlara, provincia de San Luis, la política de detenciones indiscriminadas ocasionó una muerte. Florencia Magalí Morales, de 39 años de edad, fue interceptada la mañana del domingo 5 de abril, cuando circulaba en su bicicleta. Aunque su DNI tiene terminación impar, lo que la habilitaba a salir conforme las disposiciones locales vigentes, no tenía con ella el documento, por lo que le informaron que le formarían causa por el art. 205 del código penal. La mujer entró en crisis e intentó forcejear con los policías, por lo que sumaron la acusación por atentado y resistencia a la autoridad y la encerraron en un calabozo. Horas después, fue encontrada sin vida, ahorcada con un cordón del buzo que vestía. Recientemente, los resultados de la ampliación de la autopsia arrojaron que su cuerpo “presenta signos compatibles con autodefensa”.

En San Justo, La Matanza, una joven de 29 años, madre de dos niños, fue a la comisaría para denunciar a su ex pareja, que había irrumpido en su casa y la había golpeado. La acompañó su cuñado para protegerla en el camino. Mientras ella rogaba que fijaran una medida cautelar contra el violento, una mujer policía tomó los datos del cuñado, a quien abrieron causa penal por violación del aislamiento (art. 205 CP). El acta policial textualmente consignó: “Dando cumplimiento a una orden emanada por el Poder Ejecutivo y su protocolo de actuación, tras haber recepcionado denuncia de la señora (…) con intervención de la UFI 2, se constata que la misma se encuentra acompañada de su cuñado quien refiere que la acompañó a radicar la denuncia, siendo que la denunciante resulta ser independiente, no posee problemas de salud, ni de motricidad o enfermedad que le impida deambular o movilizarse por sí sola”. Total, si el violento la seguía y atacaba en la calle, ella podía seguir caminando para hacer una nueva denuncia.

El 23 de marzo, aprovechando que la madre de una niña de 13 años había salido a buscar provisiones, un vecino con numerosos antecedentes de abuso infantil ingresó al domicilio y atacó a la nena. Apenas la madre se enteró, corrió a hacer la denuncia, pero la respuesta que recibió de la fiscal fue que “no se puede hacer nada por la cuarentena”. El violador sigue en su casa, con una mínima consigna policial, y la que corrió riesgo de ser detenida por su insistencia fue la mamá de la niña.

Cecilia Basaldúa.

Al mismo tiempo, como muestra del sistemático rol revictimizante de las fuerzas represivas cuando se denuncian femicidios o situaciones de violencia de género, en la provincia de Córdoba, hace pocos días nos encontramos con la terrible noticia de un nuevo femicidio, el de Cecilia Basaldúa, en Capilla del Monte. Lugar que conocemos muy bien, por el caso de Jorge Reyna, asesinado en la comisaría del pueblo, que quieren hacer pasar como un suicidio. Es el mismo lugar donde hace dos meses fue encontrada muerta Mariela Natali. A Cecilia la encontraron asesinada después de 20 días de búsqueda, por la presión social de las movilizaciones del colectivo de mujeres y personas LGTBIQ+.

Su caso está lleno de irregularidades, entre ellas, que primeramente fue caratulado como “averiguación de paradero” cuando Cecilia llevaba tres días desaparecida, es decir, se perdió la actuación urgente de las primeras horas, que son clave. Al mismo tiempo, la policía hostigó a personas que se habían manifestado en su búsqueda. Las pocas noticias que llegaron fueron de un periodista denunciado por abuso sexual. En dos días ya hay un acusado del femicidio, lo que a la comunidad y a sus padres les parece extraño, ya que creen que, por las condiciones del lugar, no puedo haber sido una sola persona. Simultáneamente, la familia de Lucas Bustos, acusado del femicidio, denuncia que fue torturado para arrancarle una confesión. “espontánea” en la comisaría, de la que se retractó en la indagatoria frente al fiscal. A su vez, la comunidad denuncia el maltrato permanente de la comisaría y de las instituciones del estado hacia las mujeres.

El 9 de abril nos llegó la denuncia  de Moira Millán, integrante del Pu Lof mapuche Pilan Mahuiza de la localidad de Corcovado, provincia de Chubut, y referenta del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que relataba: “Quiero denunciar el hostigamiento que estamos sufriendo por parte de las fuerzas de seguridad a las que se les ha delegado el acompañamiento de la seguridad sanitaria, son las mismas fuerzas de seguridad que estos últimos años estuvieron involucrados en represión, torturas, desapariciones y muertes en territorio mapuche”. A continuación, contó que el 7 de abril, por la tarde, tres jóvenes mujeres de su comunidad fueron detenidas por la policía cuando regresaban de comprar alimentos. En todo momento fueron tratadas de manera agresiva, tanto en el traslado como en la comisaría, donde las interrogaron, ficharon, fotografiaron y forzaron a firmar un acta en blanco. Como fueron liberadas muy entrada la noche, debieron caminar los 7 kilómetros hasta la Pu Lof en la oscuridad y con temperaturas ya bajo cero, expuestas a cualquier situación peligrosa. Averiguaciones realizadas posteriormente permitieron establecer que quedaron imputadas en una causa federal por violación del aislamiento, confirmándose el ensañamiento y la criminalización de las mujeres originarias por parte de las fuerzas represivas.

También son sistemáticos los hostigamientos a compañerxs trabajadorxs sexuales o en situación de prostitución, que los uniformados aprovechan para llevarlxs detenidxs, con la excusa de que “seguro están trabajando y violando el aislamiento”. El “quedate en casa”, para gran parte de ellxs, no es posible porque no tienen una, ya que en este contexto no tienen ingresos para comer y pagar donde vivir. En Córdoba, nos relata unx compañerx, que han detenido a muchxs, que han allanado varias casas, donde muchxs viven, con la excusa de que ahí están trabajando y violando el aislamiento, cuando, en realidad, es el lugar de refugio para lxs que no tienen dónde ir.

Frente a estas históricas condiciones a las que muchxs están sometidxs, y desde el aislamiento aún más, apelan a la militancia, la solidaridad y la organización, porque desde el estado lo único que se les garantiza es la represión, y como a tantos sectores oprimidos, son estas redes solidarias las que les permiten sostener la vida.  El 30 de abril, en el marco de la campaña de recolección y repartición de alimentos de AMMAR Córdoba, la policía de la provincia irrumpió en la sede y quiso detener a dos compañerxs que buscaban los bolsones de comida. Además de esto, en el comunicado que emitieron expresan que “compañeras denunciaron que fueron violadas por parte de dos policías que se manejan uniformados en un auto blanco vidrios negros, hecho que las compañeras no se animan a denunciar por miedo a ser asesinadas, ya que fueron fuertemente amenazadas, como sucedía hace años atrás.”

Otro comunicado de AMMAR difundió la situación de cinco compañeras trans que fueron detenidas a tres cuadras del hotel donde viven cuando volvían de hacer compras, en CABA.  Además de detenerlas de manera absolutamente arbitraria, ya que estaban realizando una actividad permitida con todas las precauciones del caso, quedó registrado en un video de una vecina el momento en que el jefe del operativo se refirió a las compañeras como “los travestidos”, en clara violación a la ley de identidad de género, y a pesar  de que personas que se acercaron a solidarizarse le señalaban que debía referirse a ellas como mujeres.

No es el único hecho que prueba que los colectivos más vulnerables, como las feminidades travestis y trans, están en primera fila también a la hora de la represión. En Jujuy, otra chica trans fue detenida, y llevada a una cancha de fútbol reconvertida en lugar de detención. Allí, a empujones le bajaron el pantalón “para que se haga macho”, la tocaron, le pegaron y quisieron violarla. Ante los gritos de las personas presentes, tuvieron que llamar al SAME. Camino al hospital, la amenazaron para que no hablara de lo sucedido. En este sentido hay que remarcar que la situación de extrema precariedad estructural de la población trans se ve sumamente agravada por la pandemia, ya que el 90% de esta población sobrevive del ejercicio de la prostitución y es uno de los colectivos más violentados por la represión policial.

En relación al ensañamiento de las fuerzas represivas con las personas LGBTIQ+, dos de las denuncias que nos llegaron son ejemplificadoras de esta constante: en el reporte del 5 de abril publicábamos que en Zárate, Leila López, una joven transgénero, difundió por redes sociales un pedido de ayuda, ya que los porteros y un vecino gendarme del edificio donde vive no le permitían salir del departamento ni siquiera a comprar alimentos, mientras la insultaban por ser trans y el gendarme la amenazaba con meterla presa. Mientras que, el 22 de abril, la CTA Bahía Blanca nos hizo llegar el relato de lo sucedido a Matías, varón homosexual, en esa importante ciudad bonaerense. El lunes 20 de abril Matías se dirigía, junto a su pareja, a la casa de su madre. Uno de ellos iba a hacer compras para aprovisionar a la mujer, mientras el otro limpiaba y ordenaba la casa. Los dos muchachos fueron detenidos por personal de la comisaría 4ª de Villa Mitre. Trasladados a la dependencia, estuvieron retenidos varias horas, durante las cuales largamente interrogados y hostigados por ser pareja, hasta que finalmente los liberaron, no sin antes imputarlos penalmente.

Finalmente, la vulneración de las mujeres y personas del colectivo LGTBIQ+ en las cárceles, merece un capítulo aparte.

En el  pabellón de personas LGTBIQ+ del complejo penitenciario federal I de Ezeiza se viene denunciando a través de la fanpage “Gays privados de su libertad” falta de insumos para higiene personal: lavandina, detergente, jabón blanco. A esto, sumaron la denuncia por la mala calidad de la comida y por la constante discriminación que reciben por parte de los guardias. Por otra parte, denuncian el corte de servicios de comunicación -internet, celulares- para poder hablar con lxs compañerxs de Devoto que están realizando reclamos con las mismas demandas.

La situación del colectivo travesti trans en situación de encierro es desesperante: en una nota de la revista Presentes del 4 de mayo, Dalma Emilce Lobo (40 años), activista travesti que se encuentra privada de su libertad en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, cuenta que  “Desde que comenzaron los motines en Devoto, estamos a la espera de una fuerte represión del sistema penitenciario (…) Yo estoy presa por ser trans y por ejercer la prostitución. Casi todas mis compañeras están acá por causas armadas o por cuestiones de narcomenudeo. Estamos exigiendo que garanticen nuestra salud, no queremos morir en la cárcel”.

En la misma nota también se denuncia que la gran mayoría de la población trans de las cárceles de nuestro país padece enfermedades, con extremos como el 73.3% en la Provincia de Buenos Aires. La más frecuente, representada por el 59%, es el VIH. Otra de las más frecuentes es la tuberculosis. En lo que respecta a la atención médica intramuros, el informe denuncia una falta de insumos y de personal médico, por lo que gran parte de las reclusas se ve obligada a recurrir a hospital extramuros. “Lo que sucede en el penal es que cualquier medicamento de venta libre, como ser Ibuprofeno o Tafirol, se termina utilizando para tratar padecimientos complejos como la tuberculosis”, Todo esto constituye una situación de alta vulnerabilidad de estas personas ante el COVD-19. Sumado a eso se denuncia que la inmensa mayoría de estas personas -76%- no tienen condena firme.

En el mismo sentido, el martes 28 de abril, por la noche, las mujeres de los módulos 1, 2, 3, 4, y 5 del Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza iniciaron una protesta pacífica exigiendo aplicación del protocolo de salud frente a la pandemia y las necesarias medidas para descomprimir la superpoblación carcelaria. Denunciaron la falta de insumos de higiene (alcohol, barbijos, guantes, etc.) no sólo para ellas, sino también para el personal -civil y del servicio penitenciario- que trabaja en el penal. Esto, sumado a las malas condiciones habitacionales, de salud y de alimentación que vienen desde antes, convierte a este lugar en un verdadero infierno para todas las mujeres que viven allí, muchas de ellas con sus hijxs.

El 70% de las mujeres privadas de su libertad, en el país, están presas por causas ligadas con estupefacientes, ya sea tenencia para el consumo, narcomenudeo o transporte (las famosas “mulas”). Del 30% restante, casi todas cursan penas por homicidios contra parejas o exparejas, y en casi todos los casos la situación es la misma: luego de años de golpes, abusos e incluso denuncias, esas mujeres terminaron matando al violento, en el medio de un desamparo total. Muy pocas están por otras causas vinculadas a robos u otro tipo de crímenes. La gran mayoría tiene entre 24 y 35 años. Más de la mitad son madres, algunas de varixs hijxs. Un porcentaje importante cursó o cursa actualmente sus embarazos en el ámbito carcelario. Finalmente, son muy pocas las que tienen una condena firme.

Mientras tanto, la derecha más rancia, a través de la desinformación y la mentira lisa y llana, encabeza una campaña en contra de las excarcelaciones o prisiones domiciliarias a las que deberían acceder muchas de estas personas en situación de vulnerabilidad condenadas por delitos menores o sin condena firme.

El cuidado es colectivo, antipatriarcal y antirrepresivo

El INADI y el Ministerio de Desarrollo Social establecieron, en la emergencia, algunos programas de asistencia alimentaria e incorporación a programas sociales de personas travestis y trans, y el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad también tuvo algunas iniciativas, en respuesta al Ruidazo del 29 de marzo, para paliar la insuficiencia de la línea 144. Pero estas medidas son aisladas y parciales, e inaccesibles para buena parte del colectivo afectado. Además de no alcanzar, muestran la necesidad imperiosa de que se implemente un plan integral de asistencia y protección. Ya exigíamos, junto a las organizaciones del sector, mucho antes que estallara la pandemia, la declaración de emergencia en violencia de género y un plan nacional para atender la situación económica, social, sanitaria, habitacional y judicial de mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries. Hoy es más imperioso todavía.

En ese sentido también exigimos:

  • Que el estado destine  el presupuesto necesario para un plan de prevención y erradicación de la violencia de género acorde a la emergencia que vivimos.
  • La efectiva aplicación del protocolo de búsqueda inmediata. 
  • Basta de persecución y represión a las personas en situación de prostitución y lxs trabajadorxs sexuales.
  • Implementación del cupo laboral travesti trans ya.
  • Verdad y justicia por todas las muertas en manos del heterocispatriarcado.

Nos sobran los motivos para acentuar que ellos no nos cuidan.

¡El cuidado es colectivo, antipatriarcal  y antirrepresivo!

 

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