Red Eco Alternativo ***

Reporte Nº 28 de aplicación del DNU 297/2020

En menos de 24 horas se cayó el cuento oficial de que la muerte de Federico Rey Ramírez, el joven de 30 años muerto en unidad 42 de la cárcel de Florencio Varela había sido apuñalado por otro preso o presos, como afirmó el servicio penitenciario bonaerense en un comunicado. Como en el caso de José Mario Candia en Corrientes, la autopsia reveló heridas de arma de fuego. Más precisamente, ocho impactos de bala, uno de ellos en la nuca. Por Correpi.

Obviamente, los únicos que dispararon fueron los penitenciarios. Cerca de un centenar de guardias que participaron de la represión fueron sumariados y se secuestraron las armas que utilizaron.

Otros cuarenta presos resultaron heridos en la represión a la protesta, que, como en las cárceles de todo el país, se originó en las condiciones de hacinamiento y la falta de elementos de higiene y medicamentos en medio de la pandemia, situación agravada por el hecho de que el preso contagiado de Covid-19 en la vecina unidad 23, había estado antes en la unidad 42. Con breves intermitencias entre represiones y alguna apertura de “mesas de diálogo” para recibir los reclamos de la población, las protestas se sostienen, como ocurrió ayer en el penal de Chimbas, de San Juan, y como está sucediendo al momento de cerrar este reporte en la cárcel federal de Devoto, en CABA.

Según están informando varios portales de noticias, en los que ya circulan videos filmados por los propios presos para difundir su reclamo, se escuchan en la zona ruidos de disparos mientras la Policía de la Ciudad despliega personal de infantería, grupos de dispersión y unidades de bomberos en el perímetro de la cárcel. El diario Infobae destaca que “una alta fuente penitenciaria” reconoce que la protesta no se originó en pabellones considerados de “alta peligrosidad”, sino justamente en los de estudiantes del Centro Universitario de Devoto, que agotaron otras formas de reclamo como la difusión de videos de ex futbolistas conocidos para que visibilizaran la gravísima situación, en un penal en el que ya hubo casos positivos de Covid-19 entre los penitenciarios y ninguna medida que ayude a descomprimir la superpoblación ni a garantizar el suministro de alimentos, elementos de higiene y limpieza que las familias no pueden proveer a partir de la suspensión de las visitas.

También de especial gravedad es la situación de las comunidades originarias, como la guaraní de Aldea Peruti, en Misiones. Sus integrantes denuncian que carecen de transporte público, no reciben ayuda sanitaria ni alimentaria alguna, motivo por el cual, cuando se supo que delegados de la Dirección de Asuntos Guaraníes llegarían al pueblo, los pobladores se movilizaron hasta la tranquera de ingreso para hacer sus reclamos. La respuesta de los funcionarios fue llamar a la policía, que reprimió a las familias, causando lesiones de importancia a dos chicos de 13 y 16 años. Ante la difusión del ataque, el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia justificó la represión alegando que se trataba de “un grupo de jóvenes alcoholizados ajenos a la comunidad”, lo que fue inmediatamente desmentido por los referentes guaraníes, apoyados en los videos que lograron obtener del momento en que las familias fueron reprimidas cuando intentaban hablar con los funcionarios.

Evidentemente preocupa al poder político que la impresionante cantidad de denuncias de hechos represivos estén trascendiendo masivamente, agrietando el amparo de los grandes medios a las fuerzas de seguridad. “A grandes males, grandes remedios”, debe pensar más de un funcionario. Un buen ejemplo, por lo manifiestamente escandaloso, es lo sucedido en Orán, Salta. El 14 de abril, Daniela Ruiz, de 23 años, salió de su casa para ir a pagar la boleta de la luz a un cajero. En el camino fue detenida por policías de la comisaría 20, que, además de ignorar que era una actividad autorizada, por lo que le secuestraron la motito que usaba y la imputaron por violar la cuarentena, la golpearon brutalmente. Pero lo peor vino cuando la madre y la tía de la joven fueron a buscarla.

Al ver las marcas que tenía su sobrina en el cuerpo, a la que, de paso, le retuvieron la plata que llevaba para pagar la factura de la luz, la tía, Romina Díaz, comenzó a exigir que le informaran los nombres de los policías que intervinieron para denunciarlos penalmente e intentó fotografiar el móvil estacionado en la puerta de la comisaría. La respuesta no se hizo esperar: dos mujeres policías salieron a la calle, la redujeron y arrastraron a los calabozos, donde más tarde fue informada de que quedaba imputada en una causa penal con intervención de la fiscalía nº 1. El colmo de la situación fue que también le notificaron que, por orden de dicha fiscalía, debía “abstenerse de realizar publicaciones por los medios de comunicación en contra de la institución policial”.

Debemos admitir que es la primera vez, en tres décadas de militancia antirrepresiva, que vemos plasmada por escrito y con firma de funcionarios del ministerio público fiscal, una orden de censura para evitar la difusión de hechos de represión policial. Según informaron medios locales y nacionales que se animaron a publicar lo sucedido, “desde el área de prensa de la Policía informaron que hubo una disposición de una fiscalía para que no se difundan imágenes de la Policía ni de su vehículo”. Menos mal que CORREPI no está en Salta, o ya estaríamos todxs presxs.

Mientras la situación de excepción allana el camino a la extensión y profundización de la represión, también aprovechan para llevar adelante operativos de desalojo, prohibidos, teóricamente, por decreto del gobierno nacional. Así lo denuncian vecinos del Barrio Independencia, en el partido bonaerense de San Martín, asentamiento al que ingresó, en la madrugada del 23 de abril, personal policial de la comisaría 4ª, y sin orden judicial de desalojo tumbó una de las casillas. Al ver que estaban siendo filmados, se retiraron, no sin antes prometer que volverían para despejar todo el predio en el que familias sin techo construyeron precarias viviendas.

Finalmente, siguen sumándose reclamos de derogación de la Resolución 31 del Ministerio de Seguridad de la Nación que reflotó el ciberpatrullaje para la vigilancia y espionaje de las redes sociales. Tres organismos que fueron consultados por el ministerio para que se pronuncien sobre el sistema, que ya ocasionó allanamientos y detenciones en distintos lugares del país por posteos irónicos, en broma o simplemente de protesta, respondieron que el ciberpatrullaje viola la libertad de expresión y el derecho a la privacidad y vulnera gravemente los derechos humanos. El CELS, la fundación Via Libre y el ILSED presentaron dos documentos, en los que se piden la derogación de la resolución 31/2018 del Ministerio de Seguridad, que reactivó el mecanismo creado por Patricia Bullrich en 2017.

Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida para la clase trabajadora es la organización popular.

 

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