Red Eco Alternativo ***

Reporte Nº 19 de aplicación del DNU 297/2020

Vamos confirmando, reporte tras reporte, cómo, en estos tiempos de excepción, la violencia estatal se ensaña selectivamente con las personas habitualmente más vulnerables frente a la implementación de las políticas represivas estatales. Dentro de ese universo, mujeres, niñxs y adolescentes desprotegidxs llevan una de las peores partes. Un grave hecho ocurrido ayer en Salta a la vez ejemplifica y alerta sobre la necesidad de fortalecer todas las instancias colectivas para defendernos. Por Correpi.

Este domingo, la compañera Irene Cari, presidenta del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades de esa provincia, supo lo ocurrido con una niña de 16 años, que estaba alojada en una institución para menores, de donde la trasladaron a una institución psiquiátrica, dependiente del Hospital Ragone en Salta capital. Allí, además de maltratos y agresiones, la medicaron fuertemente, por lo que, cuando tuvo la oportunidad, la nena escapó. Irene logró localizarla y ponerla a resguardo en un domicilio seguro para que pasara la noche, ya que hasta la mañana del lunes no tenía manera de comunicarse con la jueza interviniente. Se comunicó igualmente con el 911 para informar que la había encontrado, y ante la falta de respuesta se dirigió a la comisaría del Barrio Limache. Como se negaron a atenderla, fue a la comisaría de Villa Palacios, donde en lugar de recibir su denuncia, la detuvieron y pusieron a disposición de la fiscalía de turno. Irene fue trasladada a la Unidad de Contravenciones en la Alcaidía de Ciudad Judicial, donde le notificaron, muchas horas después, que sería conducida a su domicilio con arresto domiciliario, y hoy por la mañana se realizaría la audiencia en la que se le harán conocer los hechos de que la acusan, muy genéricamente informados hasta ahora como “desobediencia”.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, organizaciones feministas y de derechos humanos se pusieron rápidamente en acción para defender a la compañera, exigir su libertad y el cierre de la causa, y reclamar la debida asistencia a la niña en riesgo. Sumamos nuestra voz en el mismo sentido.

Un día antes, en Trelew, provincia de Chubut, el abogado Danilo Sepúlveda regresaba de hacer compras en un negocio de cercanía. La terminación de su DNI lo habilitaba a salir a aprovisionarse el sábado. En la vereda de su casa, a tres metros de la puerta, fue interceptado por efectivos del GIR (Grupo de Intervención Rápida de la policía provincial) que le exigieron exhibir un permiso inexistente para esa actividad permitida. De nada sirvió que les recitara la letra del DNU y fue conducido a la comisaría, sin siquiera permitirle avisar a su abuela, que esperaba las provisiones en el interior de la casa. En el trayecto, la camioneta se detuvo a detener otras personas, la mayoría en las mismas circunstancias.

Dentro de la comisaría había también personas en situación de calle y un muchacho con síndrome de Down, aterrado por no comprender la situación, al que Sepúlveda intentó calmar, al tiempo que se puso a su disposición para cuando pueda ejercer su derecho de defensa en la causa que le abrieron. Todas las personas detenidas fueron hacinadas sin posibilidad de guardar distancia segura en las escalinatas del gimnasio de la comisaría, mientras un médico policial se limitaba a tomarles nombre y DNI y consignar en una planilla su “buen estado de salud” sin revisación alguna. En declaraciones telefónicas a Radio 3 de Trelew (AM780), una vez liberado, el letrado relató que le labraron un acta donde se consignaron datos falsos, como el horario y el lugar de detención, igual que al resto de las personas en su misma condición.

En Neuquén, la docente Gissele Kler, maestra de la Escuela 280, denunció un hecho similar del que informa hoy AnRed. A las 11 de la mañana, también estaba a tres cuadras de su domicilio, luego de hacer compras de alimentos y de pasar por el cajero automático más cercano. La detuvieron y secuestraron su vehículo. A pesar de que no incumplía ninguna de las prohibiciones del decreto 297/2020 y portaba el barbijo exigido en la provincia, la imputaron doblemente, por violar el aislamiento y no llevar protección facial.

La docente hizo pública su denuncia, en la que relata la serie de maltratos que sufrió antes de ser puesta en libertad, y concluye con una justa exhortación: “Pido a toda la comunidad que denuncien cualquier abuso de esta índole, no estamos solxs ni tampoco en un estado de sitio”.

Según informa hoy el diario Tiempo Argentino, vecinxs de La Cava, partido de San Isidro, presentaron un habeas corpus colectivo contra los gendarmes del Campo 1, que vienen sometiendo a lxs 13.000 habitantes del barrio a todo tipo de maltratos, intimidaciones, amenazas e imposición de tormentos. En la presentación, que quedó radicada ante el Juzgado de Garantías nº 1 de San Isidro, relatan varios hechos gravísimos ocurridos entre el 30 de marzo y el 7 de abril, como los disparos de balas de balas de goma que hirieron en las piernas a una niña de 7 años, y varios episodios de golpes, vejámenes y humillaciones que van desde amenazas de ahogamiento o violación hasta simulacros de secuestro y fusilamiento, pasando por desnudos forzosos.

El juez dispuso el allanamiento del destacamento y el secuestro de los libros de actas y armas antitumultos, mientras que, desde el Ministerio de Seguridad, informaron, sólo en relación a uno de los hechos, el ocurrido el 30 de marzo, que “pidieron información a Gendarmería, que ya había iniciado su investigación interna, y ya están identificados los efectivos que participaron en el operativo”. Una vez más, no alcanza.

Antes de que aparezca algún comentario con el consabido argumento absolutorio del “caso aislado” o el “desborde individual”, el diario La Capital de Rosario –insospechado de parcialidad antirrepresiva- informó en su edición del sábado 11 de abril que un individuo al que califican como “transero”, Juan Carlos “Purré” César, denunció por extorsión y otros delitos a un grupo de gendarmes que allanaron su casa sin orden judicial, le robaron $7.000 que tenía en efectivo, le exigieron la entrega de $200.000 para no armarle una causa y le propusieron vender droga para ellos.

El día y hora pautados para la entrega del dinero extorsivo, la fiscalía montó un operativo que permitió filmar cómo llegó al lugar un Volkswagen Gol Country azul con patentes cambiadas. A bordo iban el cabo Juan Carlos Galván el sargento Néstor Manuel Cabrera, que fueron detenidos cuando recogían el dinero. Luego fueron arrestados el alférez Roberto Florentín y el cabo 1º Arnaldo Daniel Morera. Hoy, por videoconferencia, se llevó a cabo la audiencia imputativa, a cuyo término quedaron acusados formalmente por robo calificado, allanamiento ilegal y privación ilegal de la libertad, y el juez les dictó prisión preventiva sin plazos. Como diría un optimista, “un buen comienzo”.

Graciela Draguicevich, de la Asociación Mutual Sentimiento, nos cuenta que, en San Juan al 200, San Telmo, está estacionado en su motor home un joven que no reside en CABA pero quedó varado, al inicio de la cuarentena, sin poder regresar a provincia. El día de ayer, por segunda vez fue rodeado por personal policial de tres patrulleros que lo empujaron y patearon al tiempo que le gritaban que le iban a “romper el culo” y tiraban a la calle las pocas cosas que tiene en la camioneta. La decidida y oportuna intervención de tres vecinas que se acercaron a increparlos fue eficaz para lograr que se fueran. Nos dice la compañera que ése es sólo uno de muchos episodios semejantes que se viven a diario en el barrio, en el que la solidaridad de lxs vecinxs viene impidiendo desenlaces peores.

Sugerimos, ante el endurecimiento manifiesto de las intervenciones de las fuerzas de seguridad, repasar las Recomendaciones que elaboramos, a partir de las experiencias acumuladas en estos días de vigencia del DNU 297/2020, para defendernos mejor. Las podés consultar en http://www.correpi.org/2020/actualizacion-de-las-recomendaciones-para-cuidarnos-frente-al-dnu-297-2020/

Si vivís en CABA, o cualquier otro municipio o provincia que ya haya establecido la obligatoriedad del uso de tapa bocas o barbijos, no dejes de usarlos, ya que su falta, en esos casos, es una nueva hipótesis que habilita la detención. Cualquier elemento confeccionado con tela, preferentemente de algodón de trama cerrada, en dos o tres capas, que ajuste bien al rostro sin dificultar la respiración, y cubra nariz, boca y mentón, cumple las especificaciones y es efectivo para evitar la difusión del virus. Es importante lavrlos bien con agua y jabón después de cada uso. Recordá que los barbijos profesionales están reservados para personal de la salud.

El Conicet te explica acá cómo podés confeccionarlos y utilizarlos con seguridad: blob:https://web.whatsapp.com/f431da5c-4950-4e6e-9d99-9dfc6a789208

CORREPI sigue alerta para difundir todas las denuncias. Mandanos tu testimonio, audio, foto o video.

La organización y la solidaridad popular siguen siendo nuestras herramientas para defendernos.

Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.

La salida es la organización colectiva y popular.

 

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