Así lo dictó el Juzgado Federal de Río Grande contra Miguel Gardé, Belisario Affranchino, Eduardo Gassino y Gustavo Calderini, encuadrando estos hechos como crímenes de lesa humanidad. En tanto, otros 20 militares aún deben ser llamados a indagatoria.

La titular del Juzgado, Mariel Borruto, remarcó además que tras el conflicto bélico, las Fuerzas Armadas desplegaron tareas de inteligencia y de acción psicológica para evitar que estas denuncias se conozcan.

Según consta en la causa judicial, que se inició en 2007 y que ya cuenta con 120 denuncias y 95 imputados, las acusaciones son por torturas contra más de 20 soldados del Regimiento de Infantería N°5 del Ejército Argentino.

En su resolución, Borruto sostiene que los imputados impusieron los tormentos para “castigar de manera cruenta y desmedida las presuntas infracciones disciplinarias”. Entre las torturas, se mencionan estaqueos y enterramientos bajo temperaturas extremas y suelo congelado durante varias horas, amenazas con arma de fuego, sumersión de la cabeza en agua helada, entre otras.

A pesar de la estrategia de defensa de los represores, buscando deslegitimar el testimonio de las víctimas, al momento de evaluar la prueba la magistrada destacó la consistencia y veracidad de las declaraciones de los soldados.

Borruto descartó a su vez planteos sobre la prescripción de los delitos, al configurar los hechos como crímenes de lesa humanidad. Esta resolución fue calificada como “inédita” por la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), querellante en la causa junto al Centro de Ex-combatientes de Islas Malvinas de La Plata, la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, entre otros organismos: “Viene justamente a rebatir el antecedente negativo de la causa Taranto en 2015; en ese momento, sin explayarse sobre la cuestión de fondo, la Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso que pretendía revocar la prescripción de estos delitos dictada por la Cámara Federal de Casación Penal”, afirmaron.

Tras conocerse estos procesamientos, la CPM consideró necesario tomar con la mayor celeridad todas las medidas necesarias para avanzar con el resto las declaraciones indagatorias; ya que desde mediados del año pasado otros 20 militares están llamados a prestar declaración como imputados por torturas a soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas.

La resolución de Borruto se suma al fallo del juez federal subrogante de Río Gallegos Javier Leal de Ibarra, quien, en una causa que deriva del expediente que lleva adelante la magistrada, ordenó el procesamiento a dos militares, Reynaldo José Pascuzzi y Carlos María Aleman Urquiza, por la privación ilegítima de libertad y torturas contra tres soldados que prestaban servicio en el Puerto San Julián durante la guerra de Malvinas.

Los conscriptos pertenecían al Grupo de Artillería 7 de Resistencia (Chaco) que, durante la guerra, se trasladó hacia el sur y prestó servicios dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. En ese momento, Pascuzzi tenía el cargo de Capitán y Aleman de Teniente 1º.