Muertes, violencia y drogas: caras del colapso y de la ruina del sistema penitenciario chaqueño
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- Categoría: DDHH
- Publicado: Martes 14 de Agosto de 2018
Dos fallecidos en 48 horas en circunstancias no esclarecidas en la Alcaidía de Resistencia y serios incidentes en comisarías son hechos que desnudan la situación de colapso del sistema penal en Chaco. Inversiones paralizadas en el marco general de ajuste aplicado desde el gobierno. Superpoblación y tráfico de drogas. Marcada ausencia del Estado para encarar con seriedad estas falencias.
(Por Centro Mandela) Chaco- El fallecimiento de Jorge Peichotto, un interno del Pabellón 20 de la Alcaidía de Resistencia, deja por lo menos tres preguntas sin respuestas. En primer lugar, cuál fue la causa de la muerte, en segundo término cuál fue el tratamiento que recibió el joven agonizante en lo que debió ser la primera respuesta que debió dar el Servicio Penitenciario Provincial para una emergencia sanitaria, de la que dependa la vida de un interno, y tercero, cuánto va a demorar la autoridad penitenciaria en descartar definitivamente la existencia de tráfico de estupefacientes con fines de comercialización dentro del penal.
Peichotto estaba alojado en el Pabellón 20, reservado a reclusos con buena conducta, pese a que purgaba una condena por homicidio. Lo dijo el jefe del Servicio Penitenciario, comisario general Miguel Ángel Cañete en declaraciones radiales que fueron reproducidas por diversos medios. Se trata de un interno que en el penal había completado sus estudios secundarios y cursaba la carrera universitaria de abogacía.
El pasado 6 de agosto, según informaron autoridades penitenciarias, tuvo una “descompensación” y finalmente falleció. La reconstrucción oficial de los hechos está en manos del Poder Judicial, y pese al revuelo que causó la noticia no hubo un informe público sobre los acontecimientos.
Uno de los primeros rumores que algunos portales comenzaron a hacer circular fue que el joven Peichotto había fallecido a causa de una sobredosis.
La posibilidad de que un preso sufra una descompensación por consumo de estupefacientes no puede descartarse cuando hay testimonios de que diversas sustancias circulan entre los internos y dentro de la cárcel. Si fuera un comercio sin control –o peor, con control- sería igualmente grave.
Dentro de la Alcaidía los compañeros de Peichotto recuerdan la fecha. Previo a sufrir convulsiones el interno subió al techo del pabellón para “acomodar una antena”. Lo hizo con autorización del personal de vigilancia, bajó, le pidió azúcar a otro compañero, y cayó hacia atrás.
Según P.G. uno de los internos que estuvo en el lugar se desmoronó mientras convulsionaba y afirman que comenzó a echar espuma por la boca. Automáticamente sus compañeros comenzaron a gritar llamando a la guardia por la emergencia. Lo acomodaron de costado “para que no trague su saliva”.
En medio de las convulsiones llegó la guardia de seguridad, y no un enfermero, pese a que los compañeros de Peichotto pidieron a gritos que llegue alguien de seguridad. Ellos mismos lo subieron a la camilla, pero en lugar no le practicaron primeros auxilios. Así fue llevado hasta sanidad, donde afirman que tampoco hicieron nada por él.
“No le dieron bola”, pese a que no fue la primera vez que ocurrió. Sostienen que éste, fue el segundo ataque que sufrió, pero esta vez “lo dejaron morir”.
En Sanidad, el enfermero que estaba de turno apenas atinó a girar la cabeza para mirar hacia el tubo de oxígeno. Sabía que no podía usarlo porque estaba vacío. Prácticamente no recibió atención.
Ni siquiera llegó una ambulancia al lugar, según los testimonios que se pudieron recoger fue “una camioneta de la Montada” la que llegó al lugar al cabo de un tiempo no especificado. En esas condiciones fue trasladado al Perrando.
El comisario general Cañete dio escasas precisiones. Peichotto sufrió el ataque a las 17.45 del lunes 6 de agosto “fue atendido en la enfermería de la Unidad e inmediatamente trasladado al Hospital Perrando donde dejo de existir a las 18:30”.
Hay una seria discrepancia entre lo que el jefe del SPP informó y el testimonio al que tuvo acceso el Centro de Estudios e Investigación “Nelson Mandela”. No se cumplió el protocolo previsto en la Ley 7719, ahora 2404-J de acuerdo al nuevo digesto.
La atención debió haberse puesto de inmediato a personal de salud. Más allá de los resultados de la autopsia, la legislación impone un procedimiento que de acuerdo a los internos testigos no se cumplió. El autor de la ley es el ex diputado, Néstor Omar Sotelo. Sotelo ya no es legislador, pero es miembro del Comité de Prevención de la Tortura, un organismo con capacidad para intervenir como querellante en causas judiciales.
La ausencia de personal de salud y de ambulancias propias para el traslado fue confirmada esta semana como la reunión del subsecretario de Salud, Cristian Obregón, y el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Néstor Florentín.
Sin atención primaria de la salud
La investigación está a cargo de la fiscal de Investigación Nº 14, Liliana Beatriz Irala, de la que únicamente se sabe que “ordenó la autopsia correspondiente”. El rumor de las rejas para adentro, es que esta es la segunda víctima en poco tiempo que fallece en circunstancias similares. Si eso es cierto, no puede atribuirse el origen de esta muerte a causas personales.
Los problemas en materia de salud dentro de la Alcaidía no son nuevos. Todos recuerdan que otro interno falleció después que junto a un compañero miraban películas. No se sabe cómo murió pero sí que ese interno tuvo muchos problemas para recibir atención médica preventiva. “Le tenían que haber hecho controles, pero le sacaron mal los turnos”.
La de salud es una de las condiciones que van empeorando con el paso del tiempo. Probablemente consecuencia del ajuste generalizado que ha iniciado el gobierno provincial. La comida, los efectos de aseo, son también lugares en los que se nota el empeoramiento de las condiciones de detención.
En el caso de Peichotto, los compañeros siguen pensando que lo dejaron morir, que con él hicieron “abandono de persona”. Suponen que se viene una apretada generalizada para que “no hablen”.
Como pueden los internos hicieron conocer la situación, la general y la particular a la Comisión de Prevención de la Tortura, no tuvieron respuestas “no tenemos asistencia de ninguno de los derechos humanos”.
Intenso tráfico de drogas
A Peichotto sus compañeros no lo reconocen como una persona que consuma drogas “no tomaba nada, ni fumaba”, advirtieron. Pero uno de los primeros rumores que corrió tras su muerte es que fue producto de una sobredosis. La falta del informe final de la autopsia termina alentando la versión.
Dentro de la Alcaidía la droga corre, hay testimonios que indican que a uno de los internos le sacaron más de 50 pastillas y entre 7 y 8 mil pesos “pero nadie hace nada. Acá todos saben quién vende droga, quiénes la reparten, y son los que mejores viven, no les dicen nada”.
El secuestro de las pastillas permite inferir que hay acciones para desactivar el tráfico, la cantidad de dinero secuestrada dice lo contrario.
Habitualmente, el ingreso de drogas al servicio penitenciario se lo atribuye a las visitas pero también hay personal penitenciario desleal al sistema que lo hace. El estado de colapso y de ruinas de la Alcaidía permite el ingreso de drogas. Lo que ahora falta es una investigación a fondo. Las autoridades del servicio no pueden hacerlo. Sería ordenarle que se investiguen a sí mismos.
Otra muerte
La fiscal Liliana Irala tiene más trabajo. Al día siguiente de la muerte de Peichotto, encontraron colgando de un resto de una sábana a Martín Alberto Cuevas, de 27 años. Cumplía una condena de siete años de cárcel por haber sido encontrado penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego.
Tampoco se sabe en qué circunstancias se dio este hecho. Una nueva muerte cuyo expediente podría cerrarse como suicidio, aunque así se impediría tener un panorama más amplio de lo que ocurre dentro de la Alcaidía.
No entender lo que ocurre es también una consecuencia del colapso, pese a que existen instituciones que deben llevar claridad ante la ausencia de acciones de parte Servicio Penitenciario y de las autoridades políticas de la que dependen.
Esas instituciones no están operando, entre ellos el Poder Judicial, en medio del ajuste, tampoco hay inversión en seguridad, la última acción en materia penal fue el inicio de la construcción de una nueva cárcel, pero solamente se terminó el pabellón número 1 para 100 personas y allí se encuentran el 80% de presos que vienen del narcomenudeo.
La sexta en contradicción
Una revuelta o una requisa, así comenzaron los incidentes con detenidos de la Comisaría Sexta. Hay videos que revelan la existencia de al menos un herido con un corte importante en la cabeza y profusa pérdida de sangre.
Los internos fueron esposados y “acomodados” en el patio de la Comisaría bajo vigilancia policial. En este caso, las autoridades de la seccional envían mensajes contradictorios. Unos afirman que comenzó por un revuelta, su segundo, en cambio dijo que el hecho se disparó por la requisa.
El segundo caso es un habitual escape hacia la violencia institucional impredecible pese a que por Ley 7719 (ahora 2404-J) del año 2015 está protocolizado. Por el hecho de que las Comisarías donde hay detenidos están manejadas por la Policía de la Provincia y el protocolo rige para el Servicio Penitenciario, en las diferentes seccionales, algún uniformado pueda decir que esta norma no lo alcanza. Una laguna aprovechada para delinquir.
A principios de este año, el jefe de la Policía del Chaco, comisario general Ariel Acuña admitió que la provincia tiene una superpoblación carcelaria “y en especial en las comisarías tenemos alrededor de 900 personas detenidas a lo largo de la provincia, y esto no es lo ideal”.
Pero además, confirmando la situación de colapso dijo en Canal 9 “lo que realmente dificulta es el espacio de tiempo que permanecen en las unidades, si tenés un detenido que encima es peligroso, que las 24 horas está viendo el movimiento policial, se está relacionando con las personas que ofician de llavero, todo esto hace un caldo de que por ahí se puedan fugar”.
Según Acuña las comisarías en su mayoría “cuentan con la capacidad de detener a no más de 7 u 8 personas, lo ideal es 300 o 400 personas detenidas, durante mucho tiempo, desgraciadamente desde un tiempo a esta parte tenemos más de 900 detenidos”.
Tarde pero inseguro
Como una reacción tardía, el Ministerio de Salud comenzó a analizar junto al área de Asuntos Penitenciarios la posible incorporación de una ambulancia destinada a cubrir el Complejo Penitenciario I y la alcaidía de Villa Barberán, alcaidía de mujeres del barrio Don Santiago y la Casa Pre Egreso “San Maximiliano Kolbe”, en Fontana.
Con discursos de compromiso, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios afirmó que la gestión para conseguir esos móviles representa “la importancia para el ministro de Gobierno Martín Nievas, de garantizar a los privados de la libertad, el acceso irrestricto al sistema de salud y educación, pilares para la tarea resocializadora e inserción de cada uno de los internos”.
Todo esto sin mencionar que en la Alcaidía de Resistencia fallecieron dos personas en 48 horas, y que una de ellas podría estar con vida si se hubieran activado los protocolos de asistencia.
Del encuentro también fueron parte, el jefe del Departamento Asistencia Médica del SPP, Jorge Romero, el responsable de la sección Farmacia, Claudio Barbett y la coordinadora de Gestión, Alba Gauna.
