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Lucía Ruiz: “La absolución nos da fuerzas para seguir con nuestra lucha por la tierra”

La dirigente campesina Lucía Ruiz fue absuelta junto a tres compañeros de la Coordinadora Zonal de Tierras de la Ruta 81 en una causa impulsada por el empresario Javier Vidizzoni, que pretendía criminalizar la defensa de derechos de los trabajadores de la tierra y el freno a los desmontes. Por Agencia Tierra Viva.

La dirigenta campesina Lucía Ruiz y otros tres trabajadores de la tierra de la localidad Rivadavia Banda Norte consiguieron la absolución en una causa armada por el empresario Javier Vidizzoni, quien exigía una condena de 7 años para la referenta de la Coordinadora Zonal de Tierras de la Ruta 81. El fallo desestimó las denuncias por robo, amenazas y daños, construidas sin más pruebas que los testimonios de empleados del propio empresario, y otorgó la absolución de los dirigentes campesinos a tono con el pedido de la fiscal Gabriela Souta.

“La absolución nos da más fuerzas para seguir con nuestra lucha, para que los campesinos de todo el país, que viven y trabajan desde hace décadas en sus tierras, sepan que existe justicia cuando estamos unidos. Lo importante es estar unidos y no permitir que entren este tipo de usurpadores, que buscan quedarse con las tierras y encarcelarnos por cosas que no hicimos”, celebró Lucía, en diálogo con Tierra Viva.

A pesar de la absolución ordenada por la Sala II del Tribunal del Juicio de Tartagal, encabezada por el juez Anastasio Vazquez Sgardelis, la titular de la organización campesina Unión y Progreso advirtió: “Seguimos desprotegidos, se tienen que titularizar las tierras campesinas”. En ese tono, Lucía exigió la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar, con los fondos necesarios para avanzar en la regularización de las tierras.

Lucía, Carlos Guerra, Antonio Guerra y Omar Cruz son referentes campesinos que, desde 2010, defienden tierras ocupadas ancestralmente por las comunidades campesinas en los parajes de Lote Colonia La Juanita y La Santafesina. El empresario Javier Vidizzoni intenta apropiarse de esos terrenos y logró avanzar con desmontes y la apertura de picadas en algunos sectores, en violación a la Ley de Bosques, ya que el territorio se encuentra dentro de la categoría 2 del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que prohíbe el desmonte y preserva las tierras para actividades sostenibles.

La denuncia por la que Lucía y sus compañeros estuvieron en el banquillo de los acusados durante tres jornadas fue presentada en 2015 por Arturo Bernardo Castellanos, empleado de Vidizzoni, que se presentó en los territorios para continuar con las tareas de desmonte y fue frenado por los campesinos. «Robo en despoblado y en banda, coacción con arma, abuso de armas y daños en concurso real» fue la acusación presentada por Castellanos y llevada a juicio por Pablo Tobío, abogado de Vidizzoni. El empresario salteño estuvo presente junto a sus abogados en las audiencias del juicio.

En 2015, poco después de los supuestos delitos denunciados, la casa de Lucía y de sus compañeros fueron allanados, pero no se encontraron ninguno de los elementos que se denunciaban como robados. Seis años después, la querella llevó como testigos para sostener la acusación a empleados del propio Vidizzoni, entre ellos, un hombre indocumento y un joven que, en 2015, tenía solo 16 años.

“Ellos inventan lo que quieren. No sé cómo hizo para declarar un indocumentado ante la fiscalía y cómo pudo pasar por la fiscalía y el juez el hecho de que declarara un chico que trabaja siendo menor de edad”, apuntó Lucía Ruiz sobre el armado judicial en contra de los referentes de la Coordinadora Zonal de Tierras de la Ruta 81 que finalizó en absolución. Sin más pruebas, la fiscal Gabriela Souta, que impulsó la acusación en las dos primeras jornadas del juicio, decidió en la última jornada desestimar los delitos con el argumento del “beneficio de la duda”.

La causa de Lucía Ruiz había generado una campaña nacional por su absolución, con adhesión de organismos de derechos humanos, sindicales y legisladores nacionales, que buscaron presentarse como amicus curiae, algo que fue rechazado por el juez Sgardelis en la primera audiencia. Además, la causa motivó cartas de pronunciamiento al tribunal de la Secretaría Agricultura Familiar Campesina e Indígena (SAFCeI) y la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (DNPFAJ) para que se juzgue las acusaciones en el marco de los derechos campesinos reconocidos a nivel internacional y regional, entre ellos, en el reciente Acuerdo de Escazú.

“Seguimos desprotegidos, se tienen que regularizar las tierras campesinas”
Lucía celebró su absolución y la de sus compañeros de la coordinadora zonal de tierras, pero señaló que los casos de criminalización contra los campesinos pueden seguir ocurriendo en el país, mientras que los gobiernos de Salta y Nación no impulsan la regularización de las tierras campesinas.

La titular de la organización campesina Unión y Progreso recordó que en Salta la Ley de Regularización Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales continúa sin fondos para avanzar en la titularización de tierras. Además, el plazo del artículo 9 de esa norma, que prohíbe los desalojos, vencerá en diciembre próximo en un contexto de política de desmonte por parte del gobernador salteño, Gustavo Sáenz.

“Se deberían titularizar las tierras y luego volver a realizar el ordenamiento territorial de bosques nativos”, agregó Lucía, respecto de las excusas que ponen los empresarios del agronegocio y funcionarios para avanzar sobre el monte nativo, a pesar de la Ley de Bosques. “La pandemia no detuvo los desmontes, hubo uno tras otro. Pero después, según ellos, los desmontes no son ilegales y nosotros somos los rebeldes que tenemos que ir presos para que tiren todo abajo”, lamentó la dirigenta.

A nivel nacional, la referenta campesina exigió que se reglamente la Ley de Agricultura Familiar, sancionada en 2014, y se cuente con los fondos necesarios para avanzar en los artículos de la norma, que contempla freno a los desalojos, regularización de tierras, bancos de semillas y bancos de tierras públicas.

“Tiene que haber fondos para el cumplimiento de las leyes nacional y provincial, regularizar las tierras y que los campesinos no corramos el peligro de que nos lleven a vía judicial con acciones penales con las que los terratenientes buscan apoderarse de nuestras tierras, mientras nosotros somos juzgados”, sentenció Lucía.

 

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