Red Eco Alternativo ***

Salta: comunidad wichí desalojada y en conflicto judicial sin traducción bilingüe

El miércoles pasado por la mañana, la Comunidad Wichí Yokwespehen se presentó a la mediación judicial por su territorio convocada en Ciudad Judicial del Departamento de Tartagal, Salta. El Estado no proporcionó un traductor bilingüe y la comunidad con su abogado debieron buscar uno de urgencia. Lo mismo sucedió cuando fueron desalojados el 23 de octubre, cuando un empresario adquirió las tierras al cómpralas a la iglesia anglicana.

(ANRed) Salta - El 23 de octubre nadie informó en wichí a la Comunidad Yokwespehen que debían irse de buenas a primeras de una tierra donde estuvieron siempre, “desde tiempos inmemoriales” y que aparentemente mal compró –recién en 2011- un empresario escrupuloso y violento, a la iglesia anglicana -que nadie sabe cómo tenía papeles de un territorio que los originarios –no le habían vendido nunca-. Los policías no hablaron en wichí cuando destrozaron sus casas, ni pusieron a un costado de la ruta sus pocas pertenencias. Tampoco habló en wichí el empresario cuando amenazó con la violación a las mujeres de la comunidad. No hablaron en wichí un año antes – cuando el desalojo ya estaba previsto- ni la Secretaría de Asuntos Indígenas de Salta, ni el Ministerio de Desarrollo Social, que ya habían puesto sobre aviso –un año antes– y que posteriormente se presentaron en el lugar del desalojo no para ayudar a la comunidad, sino para facilitarle la operación al privado- por supuesto sin traductor en wichí- , en plena pandemia. Tampoco, fue con traductor el abogado del INAI, en noviembre, aunque se comprometió a que la comunidad tendría su relevamiento este año, no lo hizo en wichí. Vamos a creerle, hizo un compromiso en el idioma en que está escrita la ley.

Las partes del litigio:

Quien no se presentó fue el empresario que pidió el desalojo de les wichí, en plena pandemia, Ricardo Elvio Fernández, nieto del poderoso local Jorge Panayotidis. La Dra. Cecilia Pérez fue quien actuó como mediadora en esta instancia, excusó al empresario aduciendo que habían tenido una reunión previa a la fecha de mediación. La comunidad, acudió a la cita junto con militantes de DDHH, el traductor, Joaquín Esteros y la abogada Carla Araujo. Yokwespehen solicitó que en la próxima audiencia se hicieran presentes funcionarios del INAI que garanticen el relevamiento territorial. Al respecto, en noviembre pasado, Julián Fernández, abogado del INAI, se comprometió a que la comunidad entraría en el presupuesto de tal institución durante 2021. Los comuneros confían en que el funcionario cumpla con su palabra.

Cronología de una legislación que no se aplica en Argentina:

El devenir histórico en relación con la modificación de la ley, marca lo siguiente: primero, el derecho argentino reconoció a los idiomas indígenas, esto fue luego del Primer Congreso Indigenista celebrado en Patzcuaro, México en 1940, al que adhirió Argentina. Posteriormente se creó la figura del intérprete en los procesos judiciales. En la actualidad, se habla de traductores. En 2014, se crea en el Chaco -es decir, solo regionalmente- la legislación que habilita la carrera de traductor indígena, pero aún no ha sido ejecutada. Aún más postergada se encuentra las perspectiva de género en la traducción de los procesos legales relacionados con los pueblos originarios. Ahora bien, más que en términos meramente “nominales”, pareciera no existir este derecho lingüístico y humano en la legislación argentina, dado que de hecho, no se aplica de manera automática, ni siquiera cuando es requerido -prueba de ello, son la cantidad de detenides que esperan condena sin acceder a traducción-. Cuando las comunidades consiguen acceso a traductores, lo que sucede es que dicho oficio no recibe paga. Joaquín, el traductor de la comunidad Yokwespehen es maestro intercultural bilingüe, pero no puede trabajar desde hace años porque no salen los cargos a cobertura. Trabaja al día en un aserradero. Hace poco tuvo un accidente, nadie lo indemnizó.

Intervención de la Secretaría de Asuntos indígenas de la Provincia de Salta, ¿a favor del terrateniente, en contra de los originarios?:

Todo lo contrario a lo que se esperaría de un organismo gubernamental con dicho nombre, la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Provincia de Salta, en las personas de Almaraz y de Montaña no han tenido ni respuestas positivas, ni tratos respetuosos hacia los miembros de la comunidad. Dicha secretaría fue quien pidió la mediación pero con el propósito de darle relevancia a la posición del privado. Ocurrido el desalojo que ordena el empresario a fines de octubre del año pasado y que concreta la policía de Salta, el traductor de la comunidad, Joaquín Esteros, recibe un llamado del funcionario Luis Gómez Almaraz. Almaraz le dice en tono amedrentador: “cortar rutas es delito”.Este funcionario que debiera trabajar para el bien de los pueblos originarios ni se inmuta de la barbaridad del desalojo ilegal que sufre la comunidad en plena pandemia, con muches niñes y ancianes, no solo no se inmuta, sino que no siente vergüenza en culpabilizarles. Días antes de esta llamada, la comunidad había conseguido una reunión virtual por zoom con la mencionada secretaría, gracias a la intervención de familiares como Jorge Altamirano y amigos como Seila Pérez que viven en otras comunidades de Tartagal. En esa reunión, los voceros explicaron la problemática del desalojo de la comunidad, y en lugar de tender las vías necesarias para apoyar el reclamo, los funcionarios a los que recurrió la comunidad en ese momento, optaron por la modalidad del apriete: llamar por privado para que desistan de sus demandas. Por todo lo anterior, Yokwespehen no quiere más la intervención del organismo provincial que debiera respaldarles y solicita de inmediato, la presencia y las respuestas positivas y por escrito del INAI, institución que debiera responder a nivel nacional por la integridad de la comunidad y la de su territorio.

Derechos de la madre tierra versus titularidad catastral:

Aquí se juegan no solamente los derechos de las personas y de la comunidad sino los de la tierra. Los miembros de Yokwespehen son testigos cotidianos del desmonte. A diario pasan por la Ruta 81 camiones cargados de troncos de árboles. “Un acoplado de tractor puede cargar 100 despuntes de un metro cuarenta, un tractor tira dos acoplados. Palo amarillo, quebracho, urundey, algarrobo, lapacho… Van a los aserraderos de Tartagal. Allí sierran la madera, la convierten en varillas, tablones, tirantes. Desde ahí van hacia el sur del país.” Los despuntes son palos, que antes fueron árboles. Los que hacen eso son varios empresarios conocidos de la zona, con total impunidad. Otra de las violaciones de los derechos de la tierra son las que constituyen los latifundios: la producción de maní, soja, poroto, sorgo, todos cultivos ajenos a la zona, más la cría de ganado, y las fumigaciones son practicados, por el privado que los quiere echar de su tierra y por empresas como Desde el sur, entre otros. En la zona hay enormes fincas que tienen pocos años, y en las que muchas veces, lamentablemente tienen que ir a trabajar los originarios. Varias de esas fincas están en posesión de nombres conocidos vinculados con la política y la iglesia local. De hecho el papel que esgrime el privado da cuenta de una compra a la iglesia anglicana. Solo tiene un papel donde acusa dominio apenas desde 2011.No cierra. No hay modo de que la iglesia anglicana sea dueña legal de esas tierras, simplemente porque los originarios nunca le vendieron. De haberse dado esa venta, la comunidad debiera haber tenido papeles de propiedad y alambrado, más allá de la posesión ancestral, pero nunca pudieron hacer esos papeles, ni eran requisitos para seguir viviendo en las tierras de sus ancestros. De lo que tampoco hay registro en ningún sector de esas cientos de hectáreas es de alambrado. No lo puso la comunidad, no lo puso ningún terrateniente. Sin embargo, el usurpador VIP Panayotidis Fernández que además es un empresario fumigador fue a la “justicia salteña” aduciendo que lo que reclamaba era su finca: imposible que sea una finca, como dijimos no hay alambrado, no hay rastros de cultivos, lo que hay es monte, “un monte hecho pedazos”, pero no hay finca. “La gente está allí desde tiempos inmemoriales, nunca tuvo necesidad de alambrado ni de trazar límites. ”Nos explica el traductor de la comunidad, Joaquín Quinteros. Joaquín, actualmente no vive en la comunidad, porque trabaja en Tartagal, pero sí su hermana y su padre. Hay rastros del cementerio comunitario en el lugar, nos sigue contando. Nos cuenta que antiguamente su pueblo era nómade, eso implicaba que se movieran por el alimento, según las épocas del año. Podían vivir una parte del año en un lugar y luego caminar muchos kilómetros para buscar pescar, cazar o trocar lo que habían obtenido en el monte por otras cosas que necesitaran. No modificaban el espacio en el que se encontraban con cercos o alambrados. Esa es una de las tantas explicaciones sobre las grandes extensiones de territorio aparentemente – a ojos de los terratenientes- “sin habitar”. Estas cuestiones culturales son las que tiene que es oficio del traductor explicar al derecho occidental. En otros países de Latinoamérica la figura de los traductores o intérpretes es valorada y remunerada, en Argentina aún no se ha logrado eso. No solamente la Secretaría de Asuntos indígenas de Salta se comunicó con la comunidad para que hiciera a un lado sus reclamos. En medio del desalojo, en días de noviembre, apareció en el corte de la Ruta 86 –es decir, enfrente de donde antes estaban sus casas-, la Ministra de Desarrollo Social de la Provincia de Salta, Verónica Figueroa. “Vienen para embaucar a la gente”. La funcionaria ofreció a las familias, “la reubicación” y viviendas, con el fin de que interrumpan su reclamo territorial. El fiscal Medina facilitó a Seila Pérez un plano de Tartagal donde figura el territorio de la comunidad Yokwespehen y sus inmediaciones, Seila es una referente indígena de Tartagal, miembro de la APDH que acompaña a la comunidad. Los datos catastrales del plano dan cuenta ya no de 400 hectáreas como calculaban sin hablar con el traductor y sin observar los planos, sino de 800 hectáreas que pertenecen a la comunidad, dado que en el plano de Tartagal, pueden observarse dos bloques territoriales. Recordemos que en noviembre de este año se cumple un nuevo vencimiento de la Ley 26160 que declara la emergencia territorial de las comunidades originarias de Argentina.

 

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