Desalojo inminente en Rosario
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- Categoría: Campesinos
- Publicado: Jueves 01 de Septiembre de 2016
Finalmente la justicia de Rosario dictaminó que se desalojen las tierras de Nuevo Alberdi que desde hace años son utilizadas por 200 familias y en las que se ubica el Tambo La Resistencia. Los movimientos y organizaciones de esta ciudad convocan a un acto en defensa de las tierras. Red Eco Alternativo
(Por Leandro Yanson para Red Eco) Santa Fe – El 8 de setiembre es la fecha en la que el territorio de Nuevo Alberdi deberá ser desalojado por orden de la jueza Stella Bertune que, con esta medida, beneficiará a intereses privados que hace años disputan la propiedad de las 7 hectáreas de esta zona rural. Lo más preocupante es que en caso de que las familias no se retiren será utilizada la fuerza policial para asegurar que se cumpla la medida.
El partido Ciudad Futura – que gestiona el tambo - realizó un planteo en el Concejo Municipal para que las tierras sean declaradas de “interés social” lo que permitiría la expropiación del predio, dando lugar a que la Legislatura provincial avance y el tambo pueda permanecer en el lugar junto a las familias.
A fines de 2013, tras una serie de reclamos presentados por el movimiento, se incluyó al tambo bajo el amparo de la Ley de Suspensión de los Desalojos Rurales por un lapso de cinco años, sancionada ese año en la legislatura santafesina. Esta norma declara “la emergencia en materia de propiedad y posesión de las tierras ocupadas por los pequeños productores, familias de trabajadores rurales o campesinos que acrediten una ocupación efectiva, ininterrumpida y continuada, pública y pacífica, del predio rural por un término superior a diez años” Pero esa resolución fue revocada y surgió una sentencia definitiva de desalojo, que sería imposible de apelar judicialmente.
Desde Ciudad Futura explicaron que de ser desalojado el tambo, desalojarían todo Nuevo Alberdi. Porque el tambo está en el centro de las 250 hectáreas de la zona rural, funcionando como dique de contención a los desalojos.
Por eso han convocado a una campaña de solidaridad para evitar el uso de la fuerza y que gane el diálogo y la solución integral del conflicto. “Esta campaña tiene como objetivo que se sienta #ElPoderDeLaGenteComún, las voces de todos los rosarinos y de los más amplios sectores sociales, políticos y sindicales”, afirman en un comunicado.
“Como cierre de la campaña haremos un gran acto en el tambo el 7 de septiembre próximo, día previo al desalojo, para luego pasar la noche a la espera de la fecha límite, buscando arribar a una solución definitiva. Una enorme muestra de resistencia pacífica para defender los intereses de todos sobre los negocios de unos pocos”, agregan.
La discusión de fondo
Lo que entra en debate con el desalojo es la propiedad de la tierra en Rosario y en Argentina. Con la publicación del decreto Nº 820/216 en el Boletín Oficial, el macrismo flexibilizó la Ley Nº 26.737, y el Decreto Nº 274 que la reglamenta, conocida como Ley de Tierras, que restringía la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La modificación brinda la posibilidad de acceso a más sociedades extranjeras y deja abierta la puerta de la compra de tierras con cursos de agua incluidos. (1)
Uno de los nudos centrales de la norma es la modificación establecida sobre la definición de qué se considera como titular extranjero. En la ley de 2012 se consideraba sociedad extranjera las que tuviesen "un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25%) de las acciones en manos de extranjeros", ese porcentaje se elevó ahora a "más del 51% del capital social de una persona jurídica”. Sólo las que lo superen ingresan en la categoría que tiene impedimentos.
Este cambio habilitará a una gran cantidad de empresas y sociedades controladas por extranjeros a poder participar del negocio de la tierra, que hasta ahora se les era vedado. Pero por si no alcanzase y a alguna sociedad no le dieran los números, también se facilita el mecanismo de readecuación. En el nuevo texto se fijan mecanismo que brindan la posibilidad de “readecuarse” sin ningún tipo de sanción dentro de los 90 días, en caso de ser denunciado.
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(1) Una Ley que favorece la extranjerización de la tierra
