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Apelan el fallo que avala la derogación de la ley de tierras por DNU

El juez federal de La Plata Alberto Recondo había dejado sin efecto la medida cautelar que suspendía el artículo del DNU 70/2023 que derogaba la Ley de Tierras, que había presentado el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas La Plata (CECIM), organismo que apeló esta resolución por lo que ahora deberá decidir la Cámara de Apelaciones. Además, la Federación para Promover la Cultura del Agua sumó un nuevo amparo contra el DNU por la misma ley.

En la apelación presentada, el CECIM cuestiona la resolución del juez Recondo por considerar que su interpretación desconoce argumentos lógicos, estatuarios e históricos. En su fallo, el magistrado había rechazado además la legitimación del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas La Plata para presentarse en este caso. En este sentido, el organismo menciona en su apelación que en su estatuto está expresamente previsto que tiene entre sus fines la defensa de los derechos soberanos en el Atlántico Sur, Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur.

“Es claro y evidente que la soberanía, o los derechos soberanos, como expresa el estatuto, son indivisibles. En vano perseguiría el CECIM la defensa de los derechos soberanos sobre el Atlántico Sur, si permitiese nuevas dinámicas de coloniaje, configuradas por la compra de ingentes cantidades de tierra por parte de capitales extranjeros”, remarca el Centro en su escrito.

En la apelación se insiste además en que la demora del trámite de la acción de amparo pone en riesgo la integridad territorial y la soberanía. Incluso en el propio amparo se advertía que la decisión del Poder Ejecutivo de derogar la ley de tierras habilitaba la extranjerización de la tierra, posibilitando la compra de grandes extensiones por parte de extranjeros, y ponía en riesgo así la integridad territorial y la soberanía nacional.

En la presentación se aclara también que el ámbito de discusión de la ley, promulgada en 2011, debe ser el Congreso: “Nadie puede explicar el porqué de la premura de eliminar la norma por decreto. El ámbito en que se debe debatir una ley de orden público, orientada a regular el ordenamiento territorial argentino es el Congreso”, afirman.

En tanto, la Federación para Promover la Cultura del Agua sumó una nueva acción de amparo en contra del DNU 70/2023, en particular contra el artículo 154 que deroga la Ley 26.737 (Ley de Tierras), ante el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo.

“La derogación de esta Ley produciría un daño irreparable a la Nación y al pueblo ya que permitiría la venta indiscriminada sin límite ni tope alguno del territorio argentino a cualquier potencia extranjera, sociedad o fondos de inversión, millonarios extranjeros, fideicomisos (…). Todo ello nos llevaría a la desintegración de la República Argentina como Estado Nación”, expresan desde la Federación.

“A modo de ejemplo, el súbdito británico Lewis compró tierras de modo espurio y fraudulento, en zona de frontera expresamente, algo prohibido para extranjeros, en la provincia de Río Negro, apropiándose indebidamente del Lago Escondido e impidiendo el libre acceso al mismo”, agregan.

Fuentes: Agencia Andar / Canal Abierto.

 

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