Red Eco Alternativo ***

Chubut: denuncia del Conicet y rechazo científico a la megaminería

En una nota conjunta dirigida a la Legislatura provincial, las autoridades máximas del Centro Nacional Patagónico-CONICET; Centro Regional Patagonia Sur-INTA; Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional Chubut; Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; INTA EEA Esquel e INTA EEA Chubut concluyen que “no están dadas las condiciones para la aprobación de esta ley.” También el Conicet denuncia que un documento con su logo, y favorable a la explotación minera “es falso”.  

A escasas horas de la nota del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (CADIM) donde acusan a los Obispos del Chubut de incitar a la violencia por oponerse a la habilitación de la megaminería, apelando a argumentos como el de “verdades científicas” sin reparar en que “verdad” es una categoría religiosa antes que científica, Universidades e Institutos de Investigación sientan un claro posicionamiento, contrario a los planes extractivistas de las transnacionales mineras y los gobiernos provincial y nacional .

En su nota, académicos y científicos objetan al proyecto de ley 128/20, más conocido como el de Zonificación minera: “Los avances en las distintas disciplinas científicas y tecnológicas indican de manera categórica que no hay procesos que logren el Desarrollo Sustentable si no están dadas las condiciones de participación para una construcción colectiva, libre acceso a la información, libertad para decidir, inclusión, equidad, cuidado del ambiente, diálogo, respeto y consensos.”

En otro párrafo aclara: “…queremos comunicarle que, para el caso de este proyecto de ley, no hemos sido convocados de manera formal a realizar nuestro aporte y a participar de la discusión, ya sea en el seno del Poder Ejecutivo, o en el marco de su tratamiento parlamentario.”

En otro destacado pasaje sostienen: “…alertarle acerca de que las importantes movilizaciones y expresiones populares que se vienen manifestando desde hace ya tiempo, nos dan la certeza de que sin licencia social no hay comunidad que pueda tener un desarrollo sustentable” .

Un párrafo que alerta, y pone en foco un debate de fondo con el poder minero: reducir la instalación en territorio de procesos extractivos (minería, cultivos de plantas transgénicas, megafactorias porcinas, fracking) a la mera obtención de una “licencia social ” sin consideraciones éticas ni ecológicas podría resultar conveniente para las corporaciones y deletéreo para la salud de poblaciones y ecosistemas, habilitando técnicas empresariales para la manipulación de voluntades: marketing, tráfico de influencias y sobornos. De ahí que tanto Gioja como Hensel omitan sistemáticamente los ostensibles y criminales derrames de la Barrick en los ríos de San Juan.

Justamente sobre la salud de la población, resulta elocuente la urgencia y desesperación con que lxs trabajadorxs del Hospital de Puerto Madryn (hospital cabecera de la Meseta Central, área que quedaría dentro de la zonificación para la minería de plata y uranio) advierten sobre los efectos devastadores e irreversibles que tendría sobre la salud, especialmente de niñes, que habitan la cuenca hidro social del río Chubut* (ver aparte).

La nota, dirigida a Ricardo Sastre, vicegobernador y presidente de la Legislatura, termina con una frase lapidaria: “Por todo lo expuesto, consideramos que no están dadas las condiciones para la aprobación de esta ley. ”

Con tan claro posicionamiento se explica por qué el sector pro minero ha tenido que apelar a fraguar y adulterar investigaciones científicas, como lo evidencia la nota que en las últimas horas pide difundir el titular del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales IGEHCS-CONICET, Guillermo Velázquez, donde denuncia la falsificación de un informe de investigación (ver aparte): “Como Director del proyecto, que es exclusivamente sobre calidad de vida a nivel departamental y no de minería, aclaro que el indicador ambiental considera los desarrollos mineros como negativos. La información del repositorio de CONICET ha sido manipulada y mezclada con mapas mineros.”

Con el correr de los minutos y las masivas protestas sociales, más organizaciones y personalidades continúan pronunciándose en contra de habilitar la megaminería en Chubut, de un gobernador que vació escuelas y hospitales públicos, un ministro de seguridad que de facto reinstala la doctrina Chocobar, un ministro de salud que dice desconocer los impactos sanitarios de la megaminería en la población, una ministra de educación que despide docentes en plena pandemia y un ministro de economía que debiera llamarse  “de endeudamiento y atraso salarial”

Pese a todo, pese a varios años de esta aplicación infame de la doctrina del shock, hay un pueblo que no se arrodilla, que se organiza y resiste, que gana calles y rutas y va por más, por otro desarrollo, por un Buen Vivir basado en subjetividades que persigan la autonomía comunitaria antes que el progreso consumista y una matriz productiva sin extractivismos, asentada en el respeto a la Ñuke Mapu.

En 2003, la gesta histórica de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel y su épico triunfo en el plebiscito por el 81% que le dijo NO a la explotación minera, parió la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas) y motivó la ley 5001, una ley protectora que prohíbe la actividad minera. Pero, “hecha la ley hecha la trampa”, en su artículo 2, dicha ley prevé la conformación de una comisión que debía definir en un plazo de 120 días (4 meses) una Zona, un área de la provincia donde sí sería posible la megaminería.

Pasaron más que 4 meses: 17 años y la susodicha comisión se reunió hace días por fuera de cualquier marco legal para avalar un proyecto escrito por las mineras, el 128/20, que plantea liberar para la megaminería gran parte de la meseta central chubutense, ignorando el rechazo de las comunidades mapuche tehuelche y el resto de la población que allí vive soportando una política de shock y abandono estatal de décadas y sacrificando la cuenca del río Chubut y el acuífero Sacanana.

Debido a esta falencia en la hoy ex 5001, la Unión de Asambleas de las Comunidades del Chubut jamás bajó la guardia y por segunda vez recurre al mecanismo constitucional de Iniciativa Popular para prohibir sin excepciones, toda actividad minera metalifera en Chubut, proyecto que también ingresó a Legislatura con el aval de 30916 firmas.

IGEHS

 

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