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Libertarios a la ofensiva: La pretensión de consensuar el legado de la dictadura genocida

El retorno discursivo de los dos demonios supone una reivindicación del propósito histórico de la dictadura genocida, que tiene base en el legado estructural explicitado en el régimen financiero. Por ahí viene el sentido del acto del 4/9 en la legislatura porteña auspiciado y liderado por la candidata a vice más votada en las PASO del 13/8. Los libertarios de La Libertad Avanza (LLA) se asumen en la tarea de hacer coincidir un consenso social mayoritario en correspondencia con los cambios estructurales regresivos y reaccionarios de la estructura económico social local operados entre 1975/76 y nunca afectados. Es algo que la derecha política e intelectual ensayó en los noventa del siglo pasado y más recientemente en el primer gobierno “ni radical, ni peronista”, de Mauricio Macri entre 2015 y 2019. Por Julio Gambina 

Los cambios profundos y reaccionarios en las relaciones capitalistas de producción remiten a la ofensiva contra derechos sociales, laborales, sindicales, colectivos e individuales de las patronales y que se manifiestan en precariedad laboral y salarial, desempleo, subempleo e irregularidades en la contratación, con millones de trabajadoras y trabajadores por fuera de la seguridad social. Pero también se expresan en la nueva función estatal orientada a consolidar la lógica privatista del orden contemporáneo y claro, la inserción subordinada en la internacionalización de la producción y la transnacionalización del capital.

Un ejemplo emblemático de esos cambios lo constituye el régimen financiero instrumentado desde 1977 con la ley 21526 de entidades financieras, el acontecimiento “más revolucionario” de la dictadura, sostenido en palabras de Martínez de Hoz. Hijo de familia tradicional del poder oligárquico, fue el ministro iniciador del modelo productivo y de desarrollo de inserción subordinada de la economía local a la lógica liberalizadora impulsada en el sistema mundial capitalista ante la crisis de rentabilidad de los sesenta y setenta del siglo pasado.

Liberalismo y violencia

En aquellos años se convocó a la tradición liberal a retomar la iniciativa ideológica y política, tarea asumida por las dictaduras del Cono Sur de América, quienes asumieron desde la violencia y el terrorismo de Estado la cruenta ofensiva capitalista en contra del trabajo, de la naturaleza y de la sociedad. Se trataba de restablecer vía explotación, saqueo y consenso reaccionario la lógica esencial del funcionamiento del capitalismo: la obtención de ganancias y su acumulación para asegurar la dominación material y simbólica sobre el orden social, conmocionado por la masiva acumulación de poder popular en luchas y organización diversa en la disputa por otro orden social. Remito a procesos locales, regionales y globales que desafiaban al capitalismo desde distintas variantes por el socialismo.

Aquellos cambios estructurales se mantuvieron tras cuarenta años de gobiernos constitucionales (1983-2023), pero el consenso ideológico mayoritario se sostenía en la crítica a la dictadura genocida y la defensa de los derechos humanos, sostenida por una lucha histórica que desembocó en juicios, cárcel a los genocidas, el “Nunca Más” y la nulidad del punto final y la obediencia debida. Esa lucha popular hace ejemplar la experiencia local en el repudio y sanción, aun incompleta, a los responsables del genocidio.

Esa gran conciencia social no alcanzó para modificar el modelo primario exportador, de organización ensambladora de su sector industrial más dinámico, y en general, de inserción subordinada en la lógica mundial de dominación transnacional, de la mano del complejo de la soja y la minería, ahora de los hidrocarburos no convencionales y el litio, entre otros mecanismos, entre los que destaca el endeudamiento y la lógica de la especulación financiera.

Por efecto de estos mecanismos del orden económico social, el país no puede retener el excedente socialmente generado en el país, abonando una dinámica de fuga de capitales para una acumulación en el sistema mundial. No es una novedad y se reitera en las últimas décadas, sea por imperio de la cancelación de deudas, de remisión de utilidades al exterior o por compra de activos externos de quienes se apropian del excedente socialmente generado, especialmente de divisas atesoradas en cajas de seguridad.

En ese sentido se destaca la incapacidad de la política económica para atesorar el saldo comercial. Entre 2020 y 2022, en solo 4 meses hubo déficit comercial, con incapacidad de la política económica de intervenir para sostener reservas internacionales y orientarlas hacia una perspectiva productiva que atienda las demandas de ingresos, empleo y estímulo a las economía regionales y sectores comunitarios, cooperativos, pequeños y medianos, incluso estatal, asociado a una estrategia soberana en alimentación, energía o finanzas, sin perjuicio de activar una ampliación de la infraestructura social asociada a derechos constitucionales en alimentación, energía, educación, salud, entre muchos otros.

Solo entre enero y julio del presente año el BCRA perdió más 21.000 millones de dólares de reservas internacionales y se apropia del 60% de la capacidad prestable del sistema financiera mediante la absorción de dinero por medio de las Letras de Liquidez, LELIQ. No sorprende que el balance del BCRA muestre reservas netas negativas que inducen una mayor subordinación del país al ingreso de divisas, especialmente vía préstamos o inversiones especulativas, una lógica instaurada por décadas, que solo beneficia la acumulación transnacionalizada del poder económico local y la contracara de la inmensa pobreza y el deterioro de la seguridad social, del empleo y los ingresos populares.

¿Quién vence a quién?

El legado estructural del cambio económico de la dictadura genocida se sostuvo en el tiempo, en contradicción con el consenso mayoritario de impugnación al terrorismo de Estado. La política reaccionaria se sustentó históricamente en los golpes de Estado para restaurar el poder oligárquico asociado al capital externo, aquel que fundó la Argentina en 1880 tal como la conocemos hoy en su integralidad territorial, la capitalización de la ciudad de Buenos Aires y el poder del puerto en la inserción subordinada a una lógica de acumulación sistémica.

Durante los años noventa del siglo pasado, bajo las identidades políticas tradicionales, el capitalismo local intentó la disputa del consenso mayoritario para la restauración conservadora, que estalló por el aire con la rebelión popular de un ciclo de lucha condensado en diciembre del 2001. El 2015 otorgó nueva posibilidad de restauración de ese poder histórico al gran capital local asociado a la transnacionalización, lo que explica el entusiasmo de Mauricio Macri con el resultado electoral de Javier Milei.

El descontento con las expectativas del actual gobierno otorga nueva posibilidad al intento restaurador de tipo conservador. El operativo por hacer coincidir la base estructural del capitalismo local con el consenso político está en marcha y augura el fin de la inflación y el orden restablecido.

Se trata del orden del régimen del capital, cuyas consecuencias sociales regresivas abonan la actual situación de pobreza y perdidas de ingresos populares, pero claro, estamos en Argentina y con una tradición de organización y lucha que puede recrear desde el conflicto social las condiciones para aguar la fiesta del poder.

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2023

 

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Julio C. Gambina
Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
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