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Massa: El mejor alumno

El FMI está dispuesto a revisar su meta de acumulación de reservas, pero sigue mostrándose duro respecto del objetivo de bajar el déficit fiscal a 1,9% del PBI. Esto pone una mayor expectativa al agravamiento de la inflación, dado que la “licuación”; es la única forma de reducir el gasto público en un año electoral. Aun así, sigue sin alcanzar: el Fondo ya avisó que considera que el peso está sobrevaluado. Y que ese retraso cambiario podría llegar a un 25%. En otras palabras, sin una corrección cambiaria previa, cualquier ayuda financiera que haga el FMI corre el riesgo de esfumarse rápidamente. Por Mario Hernandez.

Ahí está el gran dilema del Gobierno porque, por un lado, la devaluación aparece como una necesidad para el FMI, pero desde el punto de vista político significaría un golpe letal a las aspiraciones electorales del peronismo.

Antonio Aracre, ex jefe de asesores del presidente, renunció tras proponer una devaluación del 60% y desatar la furia de Massa. Desde el ministerio lo acusaron de alimentar la brecha con el dólar mayorista, que llegó al 120%, un factor que también desalienta la liquidación del dólar soja 3.

En los primeros días de abril Sergio Massa viajó a los EE. UU. Allí, la subdirectora de FMI aprovechó para destacar su “gestión macroeconómica prudente”. Y agregó: “Para asegurarse de que va en la dirección correcta, para asegurarse de que el tipo de cambio del mercado paralelo no esté tan alejado del tipo de cambio oficial. Todo eso requiere confianza en que habrá reservas suficientes y que la política fiscal seguirá siendo consistente con la reducción de la inflación, lo que requiere medidas fuertes por el lado del gasto para contener el gasto fiscal”.

En sintonía con el informe publicado por el organismo monetario, Gopinath insistió con la necesidad de aplicar “una asistencia social mucho más específica”. El informe indica una caída en la asistencia social del 3,7% del PIB en 2022 al 2,9% del PIB en 2023.

“Desde comienzos de 2023 la situación económica se ha vuelto más desafiante (…). En un contexto de grandes desequilibrios macroeconómicos, la sequía está desafiando seriamente la acumulación de reservas, sumándose a la inflación y las presiones cambiarias. Mientras tanto, la implementación de políticas se ha vuelto menos confiable, con las recientes recompras de deuda, los déficits de la política energética y la aprobación por parte del Congreso de una nueva moratoria de pensiones socavando los objetivos de acumulación de reservas y consolidación fiscal. Ahora es necesario un paquete más sólido de políticas para abordar los desafíos de la sequía, revertir las pérdidas de reservas y el aumento de la inflación, y fortalecer el papel de anclaje del programa. Ante esta alta desventaja los riesgos han aumentado aún más, incluso dado el ciclo político”, plantea el documento del FMI.

Pasando en limpio, a pesar del año electoral, el ministro de Economía del Frente de Todos deberá profundizar los recortes si pretende cumplir en 2023 con la meta fiscal que quedó sin cambios en 1,9% del PBI. Economía ya incumplió el objetivo para el primer trimestre del año: se pasó en 56% de los $ 441.500 millones proyectados.

“Es una coyuntura muy difícil en la que se encuentra el país. Existe un entendimiento compartido con las autoridades de que se requieren esfuerzos aún mayores para poder tener un buen entorno macro. Ser capaz de tener una política fiscal, una política monetaria y una política cambiaria consistentes que puedan contribuir a reducir la inflación y evitar grandes interrupciones en el mercado de bonos interno”, dijo la subdirectora. El FMI empeoró las proyecciones económicas para la Argentina con una suba de la inflación de 60% a 88%, suba de la desocupación, y una fuerte baja del crecimiento del 2% al 0,2%.

Por último, sostuvo: “Continuaremos trabajando de cerca con las autoridades y veremos qué se necesita en términos de políticas más fuertes para poder encaminarnos hacia una mayor estabilidad macro”.

Paralelamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió en un comunicado que el “costo fiscal de la nueva moratoria de pensiones debe mitigarse a través de regulaciones estrictas para apuntar la entrada solo a aquellos con mayor necesidad”. Así lo informó el pasado 1° de abril en su página web.

La moratoria permitirá el beneficio a 800.000 personas quienes, teniendo edad suficiente, no cumplen con los años de aporte. Fue aprobada el 28 de febrero por la Cámara de Diputados y el 31 de marzo, el gobierno la reglamentó.

Un día antes del comunicado que pide mitigar las pensiones, el Directorio Ejecutivo del FMI había aprobado en Washington la cuarta revisión del Programa con Argentina que dio luz verde para un desembolso de 5.400 millones de dólares (Derechos Especiales de Giro por 4.000 millones).

El comunicado del organismo también apuntó contra los subsidios en las tarifas: “Garantizar que las tarifas de energía para usuarios residenciales y comerciales de altos ingresos avancen para alinearse completamente con los costos, incluyendo para reducir la regresividad del sistema”.

Según las previsiones, habría aumentos de precios mayoristas de electricidad de un 25% y 35% durante 2023. En tanto los usuarios comerciales subsidiados y residenciales tendrán aumento de entre 55% y 70%.

La sequía
Gopinath había dicho, ni bien se produjo el desembolso, que se requería un “endurecimiento adicional de la política macroeconómica y modificaciones adicionales a la política cambiaria”. En ese sentido, propuso medidas de “focalización de los subsidios a la energía y asistencia social”, para compensar “los impuestos a la exportación más bajos debido a la sequía”. Por su parte, Georgieva dijo que el país “se vio afectado por una grave sequía que ha socavado el desempeño de la economía” y que “ha complicado el trabajo de los políticos”. Por este motivo, se han “acomodado parcialmente en la modificación de la meta de acumulación de reservas internacionales netas”.

El meollo de la cuestión es que la sequía reducirá en alrededor de un 50% la producción de soja y que eso impactará en una reducción de importaciones por unos U$S 14.000 millones (aunque algunos analistas la ubican en U$S 20.000 millones). El FMI creía que ese número era exagerado, y en la revisión del mes pasado aceptó bajar la exigencia de acumulación en apenas U$S 1.800 millones para todo 2023.

Pero la insistencia del equipo económico logró que se reconsidere la situación. La necesidad se volvió imperiosa cuando Massa comprobó que el Plan B, el “dólar agro”, tendría corto alcance porque los exportadores afectados por la sequía no tendrían mucha soja que ofrecer.

También se reiteraron viejos reclamos no atendidos. Entre ellos los sobrecargos, que llevaron la tasa de interés de los préstamos por encima del 6% y los mayores costos de importación de energía generados por otro shock exógeno, la guerra en Ucrania.

En la reformulación del programa habrá concesiones, pero los límites no se correrán demasiado. Si bien pueden aliviar algunas metas o herramientas, el FMI no cejará de seguir pidiendo un ajuste basado en eliminación de subsidios a la energía, un recorte en los planes sociales y en la moratoria jubilatoria, donde buscan que se sumen la mitad de los 800.000 interesados anunciados para que no tenga tanto impacto en el déficit.

Mientras tanto, el gobierno inició el proceso para abonar a ese organismo unos U$S 1.400 millones destinados a saldar el crédito stand by pactado por el macrismo en 2018. Los pagos corresponden a una cuota de capital por U$S 690 millones, que se giró el viernes 28, y a un monto similar correspondiente a los intereses trimestrales generados tanto por aquel programa como por el de Facilidades Extendidas que se negoció el año pasado.

En un marco como el actual, con una corrida cambiaria que elevó 18,7% la cotización del dólar paralelo en el último mes (el viernes terminó a 469 pesos) y con las reservas netas del Central agotándose a ritmo acelerado, la decisión de cumplir el cronograma de pagos vigente es toda una señal política del Palacio de Hacienda, que apuesta a mantener el vínculo con el FMI, aunque con un «rebalanceo» del programa que incluya una reformulación de sus condiciones.

El objetivo de máxima del equipo económico es que el FMI acepte acelerar los desembolsos previstos para el corriente año, que suman unos U$S 10.800 millones. En principio, el programa vigente establecía que esos montos fueran enviados en tres tramos: U$S 4.000 millones en junio, U$S 3.400 en septiembre y otro tanto en diciembre. Antes de girar cada una de esas partidas, los auditores del organismo deben verificar previamente el cumplimiento de las metas previstas en materia de déficit fiscal, acumulación de reservas y asistencia monetaria por parte del BCRA.

La propuesta de Economía es anualizar las metas, de manera que los fondos se envíen ahora y que la auditoría se realice recién en los primeros meses de 2024. Eso daría aire a la gestión local para atravesar los meses previos a la elección, disminuir el efecto de la incertidumbre política y de paso ganar tiempo para encontrar maneras alternativas de paliar la escasez de divisas generada por la sequía.

 
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