Red Eco Alternativo ***

Ni el repudio al intento de magnicidio frena el ajuste

Alquileres 64,6% por la aplicación del Indice de Contratos de Locación (ICL). Subtes 40%, la tarifa pasará de 30 a 42 pesos. Colegios privados 9% en provincia de Buenos Aires, último tramo de un aumento total del 25%. Pero el impacto mayor será dado por la segmentación tarifaria que comenzó a regir este 1° de setiembre y que se verá reflejado en las tarifas de gas y luz que se pagarán en octubre. Medicina pre-paga 11,53% desde octubre; en 10 meses habrá aumentado 87,9%, y en 12 104,8%, por encima de la inflación. En la cuarta semana de agosto la suba en Alimentos y Bebidas fue del 1,7% y acumula en el último mes un incremento de 6,6%, contra 6% de julio, según la Consultora LCG. Verduras 11,9%. Panificados 9,7%. Azúcar 9,4%. Lácteos y huevos 8,6%. Frutas 6.5%. Bebidas 6,5%. Taxis en CABA, 30% en setiembre y 20% en noviembre. Por Mario Hernandez.

Al incremento de precios y tarifas se suma la política fiscal como la principal variable de ajuste. A fines de agosto se anunció la reducción del presupuesto para este año en 128.000 millones de pesos (0,16%) del PBI. En términos nominales, es más del doble de lo que se espera reducir con la segmentación tarifaria ($47.500 M). Estos recursos se eliminaron de las necesidades de financiamiento del Tesoro para este año. En total se redujo el presupuesto por $210.000 M en distintas partidas y luego se reasignaron $82.000 M a pagos de personal y transferencias a empresas públicas, por lo que el ajuste neto es de $128.000 M. Como lo manifestó el propio Ministerio de Economía en un comunicado oficial, el criterio que predominó fue que se trataba partidas subejecutadas.

Cuando la oficina de presupuesto del Congreso mostró la ejecución presupuestaria de julio, congeló a todo el mundo al evidenciar un considerable ajuste fiscal. Esto sin contar el monumental ajuste de agosto que, sobre el ajuste anterior, realizó el nuevo ministro, y puede verse en el gráfico que acompaña esta nota.

Una mención especial merece el ajuste de tarifas de energía. Al respecto escribió Alejandro Marcó del Pont:
“Desesperado por satisfacer lo acordado en cuanto a la reducción del déficit fiscal, el Gobierno se empeña en recortar subsidios, que no son más que impuestos pagados por la ciudadanía y destinados por el Gobierno, en este caso a solventar las ganancias empresarias de energía a través de subsidios, que de recortarse pasan a la factura del usuario del servicio. Lo llamativo es que lo hace desconociendo el aumento planificado con anterioridad, de hecho, por el Decreto Nº 332 de junio de 2022, o sea, hace menos de dos meses.

No se explica adecuadamente, ni se conoce, la formación de los precios mayoristas del gas natural y de la energía eléctrica, pero se sabe que hay que aumentarlas. La guerra es el gran pretexto, pero de 2015 a 2019 las tarifas de luz y gas en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aumentaron entre 3.800% y 5.500% en energía eléctrica, en el caso del gas; en el mismo periodo, 2015 a 2019 la media rondó 1.900%. Esto quiere decir que en forma acumulada la luz aumentó 205% todos los años y el gas 140%. Si tomáramos 7 años, para no incluir 2022 año de la guerra, 2015-2021, tendríamos aumentos anuales acumulado de 105% y 125% en luz y 87%% para el gas. ¿Eran necesarios antes de la guerra semejantes aumentos, sin auditar el cumplimiento de la inversión de las empresas ni su tasa de ganancia? No creo que exista país en el mundo con tales incrementos.

En 2022 las tarifas ya han subido un 42%, pero el Decreto Nº332/2022 establecía que los sectores medios no sufrirían nuevos ajustes, teniendo en cuenta la aplicación del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) de 2022, que indica que el monto total de aumentos se ubicaba en el 80% de ese índice. Los dos aumentos producidos en el primer semestre de 2022 totalizaron un promedio del 42%, que era el porcentaje tope por la aplicación de ese índice. En el mes de mayo fue la última audiencia pública que avala el aumento; la segmentación carece de tal procedimiento. Pero los dueños de la energía se encontraban en segunda fila en la asunción del nuevo ministro de economía. Nada explica el atropello, que no sea cumplir con el FMI o mantener las ganancias de las energéticas amigas”.

Pero, según el gobierno “no hay ningún tipo de ajuste”. Así lo expresaron el canciller Santiago Cafiero y el ministro de Ciencia y Tecnología Daniel Filmus. Este último señaló: “Hay readecuación de partidas. De ninguna manera hay un ajuste en Educación, Salud, Discapacidad ni Tecnología”. Para la secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont, “está ocurriendo, sí, una desaceleración del crecimiento real del gasto (sic) para converger hacia las metas acordadas con el FMI”.

El salario mínimo llegará a 57.900 pesos en noviembre
La Comisión del Salario decidió llevar el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) a 57.900 pesos en noviembre, mes en el que se realizará una nueva revisión. El aumento del SMVN, que hoy se encuentra en 47.850 pesos, será escalonado en tres veces: 51.200 en septiembre; 54.550 en octubre y finalmente 57.900 en noviembre.

El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil se había reunido por última vez el 16 de marzo y convino -con la oposición de la CTA Autónoma- un incremento del 45 % en 4 tramos, pero en mayo el Gobierno adelantó la mejora y, desde el 1° de junio, es de 45.540 pesos y, desde agosto, de 47.850 para el personal mensualizado.

También desde este mes el valor de la hora para el personal jornalizado es de 239,30 pesos y los montos mínimos y máximos por desempleo, de 13.292 y 22.153 pesos.

El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) indicó que se requiere poco más de 111.000 pesos para «no ser pobre», pero las tres centrales obreras coincidieron en señalar que de ninguna manera «se alcanzará esa cifra en la negociación», por lo que la CTA Autónoma se pronunció por «un plan gradual de recuperación salarial por lo perdido durante el macrismo y para superar la inflación de este año».

«El haber mínimo debe alcanzar también a quienes hoy no contempla, como municipales, peones rurales y empleadas domésticas. Es imprescindible también que se avance de forma decidida en un salario universal», explicó Ricardo Peidro, secretario general de la CTA-A.

Asignaciones familiares
El superministro Sergio Massa, secundado por la titular de ANSeS, Fernanda Raverta, y el ex intendente de Escobar y actual secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, anunció un módico aumento de las asignaciones familiares para los trabajadores de salarios más bajos, en relación de dependencia, de 20.000 pesos por hijo/a, que alcanzarían a 1.800.000 niñas y niños del país.

Remarcando que los trabajadores asalariados no deberían estar debajo del índice de pobreza, el gobierno intenta paliar por el lado de las asignaciones familiares, lo que se niegan a disputar las direcciones sindicales adictas al oficialismo por los salarios, hundidos por la inflación.

Salió el decreto del “Puente al Empleo”
Alberto Fernández firmó el martes pasado el decreto que da curso al programa “Puente al Empleo”. Las disposiciones del decreto comenzarán a regir a partir del 1° de octubre, y consisten en la posibilidad de transferir el subsidio del plan social a las patronales, por medio de la cobertura parcial de los salarios, más una bonificación del 100% en los aportes patronales, como estímulo adicional para los capitalistas.

La iniciativa se adelanta como un nuevo fracaso para aquellos sectores e industrias estructurales que podrían ofrecer empleo a largo plazo, ya que las patronales no están dispuestas a asumir los “costos laborales” de nuevas contrataciones y/o regularizar sus esquemas por fuera de la normativa, porque sigue primando la huelga de inversiones, dando solo lugar a empleo parcial y precarizado.

Donde sí podría jugar algún papel es en las industrias y sectores con dinámicas temporarias y/o discontinuas, como la construcción o en el empleo rural, donde el programa no servirá a consolidar la salida del desempleo sino a transferir una porción de alrededor del 15% de los programas sociales al bolsillo de las patronales.

Como adicional, el gobierno les garantiza a los capitalistas la bonificación al 100% de los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), la Anses, al Fondo Nacional de Empleo y al Régimen de Asignaciones Familiares. Faltante que, a su vez, cubrirá con fondos del Tesoro Nacional, es decir, de los trabajadores.

De esta manera, y en el “mejor” de los casos, la iniciativa del gobierno no serviría a bajar el costo presupuestario de los programas sociales -además de que adicionaría los gastos por las exenciones a los aportes patronales- sino que jugaría el papel de cubrir una demanda de parte de las patronales que no consiguen mano de obra temporaria a baja paga.

Este tipo de medidas se han mostrado insuficientes para satisfacer los reclamos patronales, que van en la línea de una ofensiva contra los convenios colectivos de trabajo y contra la Ley de Contrato de Trabajo, en vistas a degradar los derechos y condiciones laborales de forma definitiva.

El Estado, mientras tanto, ahoga el presupuesto de obra pública y gasto público, recortando puestos de trabajo y bloqueando la generación de todo empleo en el orden público y sus derivados en el sector privado.

Se trata de una orientación que privilegia el lucro de las patronales antes que las necesidades obreras y populares, buscando liquidar el piso de los ingresos que brindan los programas sociales para deprimir aún más los bajos salarios.

La Unidad Piquetera, luego de una reunión con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se encuentra deliberando respecto a las próximas iniciativas a seguir en el marco de la lucha por trabajo genuino, apertura y aumento de los programas sociales y salario mínimo igual a la canasta básica.

«Ni las universidades ni los docentes y estudiantes somos gendarmes de las y los desocupados»
En su Asamblea General del 18 de agosto la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires votó por unanimidad, entre otras resoluciones, repudiar las auditorías y relevamientos de los planes sociales impulsados por el gobierno nacional: «Ni las universidades ni los docentes y estudiantes somos gendarmes de las y los desocupados. Repudiamos la firma de la UBA, la Universidad Nacional de Hurlingham, la Universidad Nacional de La Pampa y la Universidad Tecnológica Nacional. La universidad debe estar al servicio de las mayorías populares. Llamamos a una campaña de firmas de docentes, estudiantes y no docentes de todo el país contra estas auditorías».

En cambio, contraproponen: «Como siempre la docencia se pone al servicio de las mayorías populares y se ofrece para auditar la deuda pública, externa o interna, que sabemos fraudulenta y usuraria. Nos proponemos para auditar a los formadores de precios, evasores impositivos y a quienes emplean de forma ilegal a sus trabajadores»

Ya a principios de mes, en su sitio web la asociación expresaba: «La Mesa Ejecutiva de AGD UBA repudia y se opone a la auditoría por parte de las universidades de los planes sociales que conquistaron los sectores más humildes de la población, a través de sus organizaciones. Las y los docentes universitarios no seremos instrumento del control social que impulsan el FMI, el gobierno y los rectorados que han firmado estos convenios”.

Posicionamiento de ATE sobre los recortes del Gobierno en áreas sensibles del Estado
“El ajuste en el gasto público en 128.000 millones de pesos firmado por Massa y (el jefe de gabinete, Juan) Manzur es un nuevo paso en el giro conservador de la actual gestión”, plantean desde la conducción nacional de ATE.

Compartimos el pronunciamiento:
Después de dos meses de un verdadero golpe de mercado que busca imponer una devaluación y una política económica al Gobierno resulta más que clara la decisión oficial de adoptar un giro verdaderamente conservador en la gestión como respuesta a esas presiones.

En efecto, los anuncios efectuados en la breve gestión de la ministra Batakis y las medidas tomadas desde que Sergio Massa asumió el Ministerio de Economía, refrendan este giro y lo profundizan. A partir de la decisión de cumplir con las imposiciones del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional y “corregir los desvíos” de las metas allí acordadas, la política oficial abraza los principios de una declarada ortodoxia. La decisión de “gastar solo lo que se recaude”, “congelamiento de vacantes”, “pagar el valor real por los servicios” y otras declaraciones que se repitieron en boca de la actual gestión, nos rememoran discursos de otras épocas.

En el mismo sentido, se aumentaron las tasas de interés a niveles cercanos al 90%, se aumentó la velocidad de devaluación que lleva adelante el Banco Central, y se está llevando adelante un verdadero tarifazo. Vale resaltar que este último supera con creces la quita de subsidios anunciada por el ex ministro Guzmán. Compromisos todos asumidos en el memorándum de entendimiento con el organismo multilateral.

Pero como la voracidad del acreedor nunca alcanza y hay que cumplir con la meta anual de un déficit primario de 2,5% del PBI, el ministro Massa acaba de anunciar un “ordenamiento fiscal”, interesante eufemismo para no pronunciar la palabra ajuste que alcanza a 128.000 millones de pesos, dejando en claro el funcionario que todavía hay espacio para que cada ministerio haga “sintonía fina” en los gastos. Es decir, el ajuste no termina acá.

Vale la pena repasar alguna de las podas anunciadas. A la cabeza marcha la reducción de más de 60.000 millones para el Fondo de Garantía Recíproca (FOGAR) y el Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEP), líneas de crédito asignadas fundamentalmente al universo PyME.

Obviamente la combinación de tarifazos, tasas elevadas y devaluación sumada a la supresión del fomento del crédito no hacen más que profundizar un sendero de enfriamiento de la economía, receta de la ortodoxia para conseguir algún freno a la carrera de precios.

Además, recibe un recorte de 50.000 millones la partida destinada al PROCREAR que depende del Ministerio de Desarrollo y Hábitat Territorial, realmente no resiste análisis alguno achicar una partida que tiene como destino “mejorar las condiciones de acceso al hábitat” tal lo enuncia el programa y la realidad que se vive en la materia.

También se reduce en 50.000 millones de pesos la partida del programa “Conectar Igualdad” justificándose la poda en la falta de dólares en las reservas para adquirir el equipamiento. Más allá de lo que correspondería analizar sobre las responsabilidades de la gestión en la administración del comercio exterior y los saldos en divisas, que no corresponde efectuar en este documento, sí podemos afirmar que achicar la brecha tecnológica de nuestros pibes y pibas más postergados debería ser una prioridad insoslayable. Por otra parte, cabe preguntarse ¿no existe ninguna otra necesidad insatisfecha en materia educativa a la que asignar estos recursos? La poda directa de los mismos deja a las claras el objetivo ajustador.

El Ministerio de Salud tuvo más suerte y solo sufre un recorte de 10.000 millones de las partidas destinadas a campañas de vacunación. La explicación dada argumenta que por razones geopolíticas no se adquirirán vacunas Sputnik a la que estaban destinados esos fondos, al tiempo que es suficiente el stock actual. Al igual que en el caso de educación nos surge una pregunta ¿todos los programas y establecimientos asistenciales que dependen del Ministerio nacional tiene satisfechas sus necesidades? Una reasignación seguramente hubiera sido mucho más productiva.

El Ministerio de Transporte tiene un recorte de 10.000 millones, poda que no se entiende, no solo por las debilidades que la infraestructura en el área muestra, sino además por los constantes conflictos que se viven en la prestación del servicio de transporte de pasajeros por el no cumplimiento de la administración con los distinto grupos empresarios en materia de subsidios.

Por último, el Ministerio de Obras públicas verá recortadas sus partidas en 20.000 millones de pesos, lo que de acuerdo a la información que se dispone provocará un retraso en el inicio de diversas obras.

Es evidente que las medidas anunciadas asfaltan el giro conservador al que hiciéramos referencia en las primeras líneas, cediendo al golpe de mercado y mostrando claramente que en el cumplimento de las metas acordadas con el FMI se está dispuesto a sacrificar las condiciones de vida de nuestro Pueblo, y eso es lo que tratan de demostrar en su próxima visita al organismo los funcionarios del gobierno nacional.

Fuentes: Infogremiales, Crónica, Diario Popular, Clarín, Anred, Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, APU, argentina.indymedia, Prensa Obrera, Red Eco Alternativo, iProfesional, www.ambito.com, www.ipypp.org.ar

 
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