En 2018 las desigualdades y la pobreza han aumentado mucho
Según el Insee, el índice de Gini que mide las desigualdades conoció en 2018 un aumento inédito desde 2011 en Francia, mientras que las tasas de pobreza aumentaban del mismo modo.
(Romaric Godin – Mediapart) Francia - Es el resultado directo de la política económica y presupuestaria del gobierno. Era el 23 de agosto de 2019. Antes de la pomposa reunión del G7 en Biarritz, donde Emmanuel Macron recibió en el Eliseo a 34 dirigentes de multinacionales para que se comprometieran a “reducir las desigualdades”. Se movilizó toda la neolengua neoliberal para la ocasión: era necesaria una “coalición de empresas” para un “crecimiento inclusivo” y que cada quien asuma su compromiso de forma generosa. Al día siguiente, en la costa vasca, el Jefe del Estado afirma en su intervención en la TF1 que los siete dirigentes reunidos en el Hôtel du Palais van a “tomar medidas concretas” para luchar contra las desigualdades. Sin embargo, el tema estará ausente en el breve comunicado final. Símbolo de un gobierno esquizofrénico que agrava lo que pretende arreglar.
Dos meses más tarde, las promesas de las grandes empresas habían quedado en el olvido, pero sus dirigentes recibieron los frutos de la política del gobierno. Las primeras estimaciones de esta política no dejan ninguna duda: las desigualdades se han agravado en el país y la pobreza ha aumentado. El 10 de octubre, el Insee publicó una evaluación preliminar del coeficiente Gini para 2018, año en el que, desde el 1 de enero, se consideraron prioritarias las medidas de reducción de la fiscalidad del capital y de sus beneficios. Este coeficiente indica el nivel de distancia de los beneficios: cuanto más cerca está de 1, mayores son las desigualdades, conforme más se acerca al 0, son menores.
En 2018, el Insee progresa desde 0,005 puntos a 0,294. Por sí misma, esta cifra no dice nada, pero haría del año 2018 el año en el que este índice, y por tanto las desigualdades, más aumentaron desde 2010. Gracias al colchón social y a su sistema de redistribución, en realidad, Francia había conseguido esquivar el fuerte ascenso de las desigualdades observadas durante la crisis en la que el índice había subido entre 2009 y 2011, de 0,290 a 0,306. En 2013, el índice cayó a 0,288, un nivel inferior al de 2006. Después se estabilizó alrededor de este nivel. Pero esto se acabó. Si la evaluación del Insee se confirma, en 2018 el índice Gini será superior al de 2009. Con la salvedad de que en 2009 Francia conoció una contracción del PIB de 2,8, mientras que en 2018 conoce un crecimiento de 1,2. Eso en lo que respecta al “crecimiento inclusivo”.
Semejante subida anual del índice Gini y por tanto de las desigualdades, solo se ha dado dos veces desde 1996, es decir, desde hace 23 años: en 1998, en el momento de la burbuja de internet y en 2010 como consecuencia de la crisis financiera. Pero esta vez es una creación política consciente. Para el Insee no es un misterio: la subida del índice Gini tiene su origen en la introducción de impuesto único (PFU), la famosa flat tax que limita al 30% la imposición fiscal a los beneficios del capital. Y esto mediante dos mecanismos. El primero se conoce y es evidente: el PFU reduce la presión fiscal que afecta a los más ricos puesto que son ellos los que antes tenían los impuestos más altos. Esto supuso el 0,001 puntos del índice. Pero sobre todo, incitando al pago de dividendos por razones fiscales, este PFU ha agudizado mucho más las desigualdades. De hecho, el reparto de dividendos ha aumentado mucho concentrando la distribución, en lugar de la redistribución, en los más ricos y haciendo saltar el índice Gini 0,004 puntos. Y como no se realiza la redistribución, las desigualdades surgidas de estas ventajas al capital se mantienen.
El PFU es una terrible máquina de la desigualdad como indicábamos a finales de junio : concentra la riqueza sobre los beneficios mobiliarios y paraliza cualquier redistribución. Favorece un reparto de dividendos desproporcionado en relación a la rentabilidad de las empresas. El gobierno se ufana de su éxito, señalando que el nivel de reparto de dividendos le permite recuperar los ingresos perdidos por la limitación de los impuestos. Pero dado que, por otra parte, el gobierno no practica políticas redistributivas significativas, este éxito no es útil para la lucha contra las desigualdades. Tampoco lo es mucho más para el pretendido objetivo de este PFU: la inversión productiva. Por lo demás, nunca se recordará lo suficiente, al sector privado francés no le faltan medios para invertir: el ahorro de las familias es abundante y alcanza un nivel récord (15%) mientras que el ahorro de las empresas es superabundante (el porcentaje de autofinanciación de las empresas alcanza el 100% de la inversión) y la política monetaria permite un acceso barato y abundante a los créditos.
En fin, el PFU no era una urgencia en el plano económico. Y no resulta sorprendente que el benevolente comité de evaluación de la reforma de la fiscalidad del capital no haya podido encontrar elementos económicos concretos favorables a esta reforma y pida paciencia... Liberado de esta racionalidad, no es más que lo que produce: un mecanismo en contra de la redistribución que intenta favorecer a las clases más acomodadas de la sociedad
Además, es importante darse cuenta de que esta primera estimación no tiene en cuenta “las exigencias de disponibilidad de los datos”, los efectos de la supresión del ISF , el impuesto de solidaridad sobre las fortunas, y su transformación en un simple impuesto sobre la fortuna inmobiliaria (IFI). Sin embargo, sus efectos son inmensos: un estudio de 2019 citado por el instituto estadístico juzgó que debería incrementar un 0,002 puntos de índice Gini, lo que supondría una subida anual del 0,007 hasta alcanzar el 0,296 un nivel no alcanzado nunca si se excluye el periodo 2010-2012 provocado por la crisis y la austeridad de los años 2010 y 2011. En fin, el efecto negativo sobre las desigualdades es mucho más grave de lo que hoy se puede juzgar. La estimación completa del índice Gini para 2018 se publicará en septiembre de 2020.
¿Un cambio en 2019 y 2020?
Queda una pregunta: ¿la situación va a cambiar con las medidas fiscales de 2019 y 2020, sobre todo co la supresión del impuesto sobre la vivienda para el 80% de las familias y la reducción de impuestos sobre los ingresos de los contribuyentes sometidos a los dos primeros? Una evaluación del Instituto de las Políticas Públicas (IPP) publicado en 18 de octubre permitió poner de manifiesto un reequilibrio de las medidas hacia las clases medias, entendidas en sentido amplio. Según el IPP, en 2018-2020, sería la parte de la población comprendida entre el 25% más pobre y el 25% más rico la gran beneficiada de las medidas fiscales de estos tres años con incrementos de la renta de aproximadamente el 3%, mientras que el 1% de los más ricos vería sus beneficios instalarse en el 2%.
Esto nos lleva a un primer aspecto: esta política de reequilibrio no es el fruto de la política del gobierno sino de la crisis social que intenta apagar sin revertir las pasadas reformas. Por lo demás, hay que mantenerse en guardia: la consecuencia señalada por el Insee de un cambio de comportamiento inducido por los aumentado reparto de dividendos vinculados al PFU podría perdurar y aumentar otro tanto las ganancias de los más ricos. Además, estos últimos dejaron de pagar el ISF sobre patrimonio mobiliario y, de hecho, logran este beneficio cada año incluso si este beneficio no está registrado como tal en las estadísticas.
Por otra parte, como señala el economista de la OFCE Pierre Madec, en euros, las ganancias medias muestran aún una distancia considerable: 4.462 € de media para el 1% más rico frente a 800 y 1300 € para las clases medias. Destacar también que al final del quinquenio, se producirá la supresión del impuesto de vivienda para el 20% más rico. En fin y sobre todo, los grandes perdedores de estas medidas, sin ninguna duda posible, son las personas que figuran en el primer escalón, en otras palabras, el 10% de las más pobres en términos de ingresos. Para ellas, las ganancias son pequeñas incluso a veces, nulas o negativas. Son ellas quienes más contribuyen a la financiación de la reducción de impuestos a las clases medias. Bien por la presión ejercida sobre los gastos sociales: actualización del cálculo de las prestaciones por vivienda (1.400 millones de euros menos en 2020), la desindexación de las prestaciones sociales, etc. De ahí que el resultado debería llevar inevitablemente otra vez a un nuevo incremento de las desigualdades, especialmente entre los extremos de la escala social.
El Insee también dio su estimación sobre los índices de pobreza para 2018 y es inquietante porque habría aumentado 0,6 punto, hasta el 14,7%. Sería el porcentaje más alto desde los años ¡1970! Ese porcentaje representa la parte de la población que vive por debajo del umbral del 60% del salario medio, dicho de otra manera, que divide la población en dos partes iguales.
Sin embargo, hay que relativizar rápidamente este aumento que tiene en cuenta la reducción de las prestaciones para la vivienda en viviendas sociales pero no la reducción de los alquileres que la acompaña. Al calcularse los índices de pobreza sobre el salario medio, no se tiene en cuenta la reducción de los gastos sino el descenso de las prestaciones. Sin embargo, señalemos que este calculo no es incoherente: los alquileres pueden ser otra vez subidos pero la prestación se pierde.
Corregido este elemento estadístico, el índice de pobreza se sitúa en el 14,3%, una incremento del 0,2 puntos. Sin embargo esto se traduciría en un tercer año consecutivo de subida con un índice de pobreza que sería el más elevado desde 2011 y que solo ha sido superado en dos ocasiones desde hace 20 años: en 1996 y en 2011. En fin, a pesar de la corrección, es una mala cifra que, en Francia, deja a 9,1 millones de personas en situación oficial de pobreza.
También en este caso vemos que el discurso del gobierno sobre el aumento de algunas prestaciones mínimas sociales era pura fachada. Para la mayoría de las personas pobres, la situación no mejora. Por una parte, porque las transferencias sociales siguen bajo presión y, por otra, porque los salarios más bajos progresan menos rápido que los demás. El Insee explica este aumento del índice de pobreza por “el aumento del nivel de vida medio” especialmente, debido a “salarios relativamente dinámicos”. Pero si este aumento deja muchas más personas por debajo del 60% de ese nivel medio, es justamente porque los sueldos más bajos no progresan tan rápido como los otros. Esto significa que los incrementos salariales están concentrados en lo alto de la escala social.
Es la consecuencia directa de la precarización y de la liberalización del mercado laboral cuya verdadera razón es la de favorecer la formación correcta del precio. En otras palabras, la presión para moderar los salarios modestos para los trabajos menos productivos es más fuerte que sobre los otros. Vemos aquí el efecto directo de las reformas estructurales tan alabadas por el gobierno y por otros... A esto hay que añadir el hecho de que el reparto desproporcionado de dividendos en 2018 debido al PFU llevó a una subida relativa.
Desde entonces, es difícil definir la política de Emmanuel Macron de otra forma que no sea una política claramente de clase. El reequilibrio a favor de las clases medias para hacer que estas acepten sus reformas estructurales, desde el mercado laboral a las jubilaciones, pasando por las privatizaciones y el seguro de desempleo. Pero ya podemos decir que este quinquenio será el de un gran cambio: el cambio, sin que se de una importante crisis económica, de la dinámica de las desigualdades en Francia. Una primicia.
No hay nada extraño en esto: el neoliberalismo que Emmanuel Macron pone en marcha en el país, con sus certezas económicas vinculadas al derrame [los beneficios de los de arriba terminarán beneficiando a los de abajo] es una máquina ideológica de crear desigualdades y pobreza. Bajo el barniz de una ilusoria eficacia económica favorece abiertamente a las clases más acomodadas en detrimento de las más débiles. Este remedio ya se puso en práctica en Suecia, uno de los modelos del poder actual, donde el índice Gini pasó entre 1990 y 2017 de 0,21 a 0,28.
Hasta ahora, Francia había resistido conteniendo las desigualdades. Emmanuel Macron optó por acabar con esta capacidad de la economía francesa. Favorece a quienes detentan el capital mobiliario, pero asume un riesgo político considerable en un país que es poco tolerante con el aumento de las desigualdades. En esto, en un momento delicado en el que el crecimiento francés se estanca en un nivel bajo y donde el del mundo se hunde, más que nunca, juega con fuego. En todo caso, una cosa es cierta, existe una razón suprema por la que Emmanuel Macron nunca se ha podido despegar de su calificativo de presidente de los ricos: esta expresión resume perfectamente su política.