Luchas obreras por el salario y las condiciones de trabajo en abril

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En esta nota Mario Hernandez da cuenta de algunos de los conflictos más destacados del último mes: Prensa, Trabajadores de la salud, Estatales, Subte, y Trabajadores de Coca- Cola (Salta).

Prensa
Ante la exclusión forzada de la mesa paritaria por un recurso judicial presentado por Utpba y el cierre de un nuevo acuerdo paritario ilegítimo en prensa escrita, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) convocaron para este martes 2 de mayo a realizar una jornada de lucha salarial en todos los diarios impresos y online, revistas, portales web y agencias de noticias de la Ciudad de Buenos Aires, en repudio a un ajuste que profundiza el deterioro salarial.

En un contexto de agravamiento de la inflación, el jueves 27 de abril se firmó un acuerdo paritario entre las Cámaras empresarias (AEDBA, AAER, APTA), de las que forman parte importantes medios como La Nación, Ámbito Financiero, Clarín, Cronista, Página/12, Infobae y Perfil, y la Utpba, una organización fraudulenta sin un solo afiliado acreditado en la compulsa por la Personería Gremial ante el Ministerio de Trabajo y frente al SiPreBA. De ese sello de goma más el bloqueo judicial se valen las empresas para continuar con su plan de ajuste.

El incremento definido establece una revisión de la paritaria mayo 22/abril 23 que deja los salarios básicos diez puntos por debajo de la inflación interanual y los salarios reales a un abismo de casi 20 puntos. Asimismo, establece una ínfima recomposición del 36% para los siete meses que van de mayo a noviembre de 2023, con una insólita distribución de cuotas.

Los plazos acordados esconden, además, el intento del sector empresario de exprimir al máximo los tiempos judiciales para no discutir con los verdaderos representantes de les trabajadores. Definieron la instancia paritaria hasta noviembre, conscientes de que la Personería Gremial de SiPreBA es irreversible.

Ante esta situación, desde el Plenario de delegades de prensa escrita resolvieron profundizar el plan de lucha con asambleas, ceses de tareas y medidas de fuerza en todas las redacciones que se llevaron adelante el 2 de mayo. Los principales ejes fueron:
Reclamar ante las empresas una mesa de negociación salarial con SiPreBA y los representantes legítimos elegidos en las redacciones.
Solicitar una suma fija de $35.000 adicional para el período 22/23 (que se incorpore a los incrementos definidos con los sueldos de abril) y una suba 60% para el tramo mayo-noviembre 2023.
Ratificar la unidad con la lucha de les compañeres de Clarín, que aún se encuentran en conflicto por los despidos masivos del domingo 16 de abril.
El ajuste de Magnetto en Clarín viene desde 2019, último año de Mauricio Macri en el poder. Ese año, la planta se redujo en casi 600 trabajadores, muchos de los cuales participaron de planes de retiro voluntario.

Ahora, Clarín vuelve a despedir
"Hay tres despedidos que son de redes, fotógrafos, de arte visual. Acá también hay colaboradores que están por fuera de los 48 despedidos pero que también se ven afectados y sin trabajo", relató Oscar Bernade, delegado de SIPREBA.

Tras la audiencia del lunes 25 en el ministerio de Trabajo, en la que los representantes de las empresas periodísticas de la provincia reiteraron su única oferta de 22% de aumento salarial para el período abril-julio de 2023, las asambleas de trabajadoras y trabajadores realizadas en las localidades de cada establecimiento volvieron a rechazarla por insuficiente ante el obvio aumento de precios y la pérdida del poder adquisitivo del salario.

El Cispren (Córdoba), conforme al mandato otorgado por las bases, notificó el paro provincial de la actividad que se realizó el miércoles y por 24 horas. La medida se inscribió también en el plan de lucha nacional votado en el Congreso de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), realizado el pasado 14 de abril en la Ciudad de Buenos Aires.

Ningún salario por debajo de la canasta básica, pase a planta de los trabajadores de los medios públicos, no hay libertad de expresión sin cumplimiento de derechos laborales, suspensión del pago al FMI, denuncia de la persecución y obstrucción del derecho de asamblea por parte de los propietarios de los medios y titulares de Cámara empresarial ADIRA (Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina) y nacionalización de la lucha de los trabajadores y trabajadoras por condiciones dignas de vida, fueron las consignas finales aprobadas.

Fue el día siguiente de dicho Congreso que Clarín notificó el despido de 48 empleados, aduciendo una “reconversión digital”, lo que generó una serie de medidas de protesta que tuvo su momento más álgido en la asamblea del viernes 21, realizada en las puertas del multimedio, en el barrio porteño de Constitución.

Allí, frente a más de 1.000 personas, entre sindicatos y organizaciones, Carla Gaudensi, titular de la Fatpren, planteó que esta “no es una lucha económica, es política (…) sigamos en las calles, sigamos organizados, entendiendo que los protagonistas son los trabajadores y trabajadoras».

El miércoles 26 continuaron los reclamos, a través de una radio abierta y un “camarazo”, convocado por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Comisión Interna de los trabajadores del multimedio y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA).

En el marco del plan de lucha definido por el Congreso nacional, la Fatpren ha decretado el paro nacional que cumplieron todos sus sindicatos de base del país, con la consigna “BASTA DE SUELDOS DE POBREZA”.

La medida se tomó “ante la dilación empresaria para abrir la discusión paritaria 2023/24 y ante una diferencia entre el 87,7% logrado en la paritaria anterior y la inflación del período de 104,4%, o sea de 16,7%, que pretende ser reconocida por las empresas a través de un bono miserable de 4.500 pesos”.

Estatales
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) movilizó desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta la Secretaría de Gestión y Empleo Público, luego de que el Gobierno convocara a la mesa de revisión de la paritaria nacional para el jueves 27 de abril. La convocatoria se realizó “contra de la pérdida salarial de las y los trabajadores” y “para exigir un aumento por encima de la inflación”.

En el marco de la movilización, una comitiva de ATE encabezada por el secretario general, Hugo “Cachorro” Godoy, fue recibida por la titular de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani.

Luego de la reunión, Godoy realizó un informe ante las y los trabajadores movilizados.
“Le dijimos con claridad que un aumento del 5,5% iba a estar por debajo de la inflación. Y que una actitud de querer imponer eso de prepo no lo íbamos a permitir”. A esto se suma “la ofensiva de los grandes grupos trasnacionales y financieros especuladores en la que estamos inmersos”, indicó.

Ante esa situación, Godoy anunció que ATE continuará en estado de alerta con movilización y asambleas. Por último, Godoy señaló que: “Pedimos que se garantice un aumento por encima de la inflación, no como el que firmaron Massa y UPCN. Queremos llegar como mínimo a un 110%. Necesitamos a los trabajadores en las calles”.

Trabajadores de la salud
Siguen las medidas de fuerza de los trabajadores de la salud en Neuquén, Chaco, Tucumán y Río Negro. Los gremios de cada provincia siguen adelante con sus planes de lucha, ante la falta de respuesta de los gobiernos provinciales.

El Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (Siprosapune) completó un nuevo paro por 24 horas en diferentes hospitales de la provincia y se movilizó en reclamo de mejores condiciones salariales y laborales y la Ley de Carrera Profesional. Además, denunciaron el desmantelamiento del Hospital Plottier y exigieron medidas para paliar la crisis. “Hace más de una semana que está suspendida la atención en consultorios externos, especialidades de

clínica médica y de medicina general. Solamente se atienden urgencias e internaciones”, explicaron desde el gremio.
Por su parte, la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (Aptasch) convocó a un nuevo paro por 48 horas que inició el miércoles 26 y continuó el jueves 27 de abril, en reclamo de la carrera sanitaria, el pago de bonificaciones adeudadas y el fin de la precarización laboral, entre otros puntos.

En Río Negro, la Asociación Sindical de Salud Pública (Asspur) también llamó a parar por 48 horas los días 27 y 28 de abril, en varios hospitales de la provincia. Exigen sueldos y condiciones laborales dignas.
Por último, el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán (Sitas) movilizó a sus delegados a la Legislatura tucumana para exigir la modificación de la Carrera Sanitaria y se reunió con representantes provinciales.

Victoria de los trabajadores de Coca Cola en Salta
Una reunión entre las partes derivó el sábado pasado en el levantamiento de la medida de fuerza que desde el jueves llevaban adelante unos 400 trabajadores de la embotelladora Coca Cola en Salta, por cuestiones salariales, tras acordar la marcha atrás en los despidos y un bono de 30.000 pesos por única vez.

“Se llegó a un mutuo acuerdo a través del secretario general de la CGT en Salta, Carlos Rodas, a quien le damos las gracias porque acercó a las partes, a la patronal con nuestro secretario general Juan Carlos Ortega, y se pudo llegar a otra conciliación obligatoria”, expresó el delegado del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (Sutiaga), Víctor Sutara.

El dirigente sindical comentó que este encuentro derivó en “algunos acuerdos y puntos que quedaron plasmados en el Ministerio de Trabajo como que se vuelve atrás con el tema de los despidos, y las horas en las que se hicieron asambleas y paros van a ser reconocidas”.

Además, apuntó que la empresa otorgará a los trabajadores “un bono de 30.000 pesos por única vez, para abril”, mientras que, en el tema de la productividad, que era el principal punto de reclamo, “el martes la empresa tiene que traer un número para seguir charlando”.
“Entramos en una conciliación obligatoria donde vamos a ser respetuosos de lo que arreglaron nuestros representantes”, dijo Sutara.

Paros en el subte
“Continuamos reclamando la reducción de la jornada semanal y seguimos exigiendo la desabestización integral”, declaró Claudio Dellecarbonara, integrante del secretariado de la AGTSyP, en relación a las medidas de fuerza que vienen realizando las últimas semanas.

El silencio de parte de la empresa concesionaria Emova (ex Metrovías) del grupo Roggio se da en medio la muerte de 3 trabajadores por la contaminación con asbesto y la afección de otros 80 hasta el momento.

Compartimos entrevista realizada por Gustavo Montiel a Roberto «Beto» Pianelli, secretario general de AGTSyP, secretario de Salud Laboral de la CTA-T nacional e integrante del espacio Movemos.

¿Cuáles son los reclamos centrales que plantean?
Nuestro régimen tiene un franco por semana. Y nosotros trabajamos sábado, domingo, feriados, Navidad, Año Nuevo. Eso implica que, si a mí me toca un día franco, el día que me toca me lo tomo, y si me toca trabajar, por ejemplo, un 31 de diciembre, tengo que trabajarlo. Hay gente que tiene un franco por semana, pero después no trabaja los feriados, ni las fiestas. Nosotros no, trabajamos siempre. Pedimos esencialmente dos cosas: una, disminuir el riesgo de exposición al asbesto, ese material cancerígeno. Y lo otro, es que se demostró que podíamos trabajar menos tiempo. Y se demostró de tal manera que en la pandemia la empresa redujo el personal para hacer el mismo trabajo que hacía antes. Por ejemplo, tenemos 400 trabajadores menos que antes de la pandemia, con el mismo servicio. Lo que demostró la pandemia, no acá, sino en el mundo, es que no era necesario trabajar las horas que trabajábamos. En el mundo se está discutiendo reducir la jornada laboral. Hay una campaña, que es semana (laborable) de cuatro días, impulsada incluso por empresarios y diferentes gobiernos. Quieren reducir la semana laboral a cuatro días, porque de esa manera se contaminan menos las ciudades. Por ejemplo, los gobiernos de España, Portugal, Gran Bretaña comenzaron a hacer pruebas piloto, todas exitosas. Nosotros, sin conocer todo esto, empíricamente lo vimos en el subte. La misma cantidad de gente podía dar el mismo servicio con menos horas de trabajo. Lo planteamos, ¿y qué hizo la empresa? Maximizar sus ganancias. Actualmente tenemos una jornada semanal de 36 horas. Ahora estamos planteando reducirla a 30 horas semanales.

¿Qué actitud viene tomando la empresa ante estas demandas?
Nos escucharon y terminaron en una negación absoluta, diciéndonos que no hay ninguna posibilidad de reducir la jornada laboral. Esto llevó a que lamentablemente estemos en conflicto. Empezamos con un plan de acción para hacer que la empresa recapacite y acceda a una discusión sobre este problema, que para nosotros es muy profundo y de mucha gravedad. Desgraciadamente, desde que empezamos este plan de acción la empresa está sacando una serie de comunicados, diciendo mentiras que son fácilmente comprobables. Una de ellas dice que no hay peligro con el asbesto. La verdad es que tenemos tres compañeros fallecidos en los últimos cuatro años producto de ese material cancerígeno. No lo decimos nosotros, lo dice la Superintendencia de Riesgos del Trabajo por medio de la ART y la propia empresa. Y también tenemos 85 compañeros con diferentes afecciones. ¿Cómo que no hay riesgo? Mienten en un comunicado público, lo cual genera una indignación muy grande, porque tenemos 2.700 trabajadores que todos los años, de acá hasta que fallezcan, van a tener que hacerse estudios para ver si le aparecen enfermedades producidas por el asbesto. Sobre 4.000 trabajadores, 2.700 están bajo vigilancia médica por haber estado en contacto con el asbesto. Y esos 2.700 en cualquier momento pueden desencadenar enfermedades.

¿Cómo es la problemática del asbesto en el subte?
El asbesto o amianto es un mineral que fue muy utilizado en el mundo. Desde hace 20 años, 50 países en el mundo prohibieron su utilización porque se demostró que es material cancerígeno. A partir de ese momento se les dio un tiempo a las empresas para que dejen de utilizarlo o lo saquen. Eso fue hace exactamente 23 años. En este caso, la empresa no podía ser ajena a saber que había asbesto. Porque hubo algunas cosas con asbesto que sacaron, por ejemplo, la parte de los trenes con la cual se frena. Y acá viene el otro gran hecho, en 2011, con Macri como jefe de Gobierno de la Ciudad, compraron trenes a España y Japón. Hubo dos tandas que se compraron, los CAF 5000 y CAF 6000 y los Nagoya 5000, que fueron comprados, usados, y que siguen con asbesto. Y en los manuales decía que tienen asbesto.
¿En qué lugares del subte tienen relevado que todavía hay o puede haber asbesto?
En los trenes Mitsubishi de la línea B, que son los que tienen los asientos de pana a los costados. Esos trenes tienen toda la pintura de asbesto, y no se la puede sacar. Hace cinco años que venimos discutiendo con Sbase para sacarlos de circulación. Cuando tenés asbesto en la pintura, no se puede sacar. Tenés que sacar (los trenes) de circulación. El asbesto (en este caso) es una fibra que está mezclada con otro material. Si la rasqueteás, hacés que la fibra se volatilice y por ende contamine. Por eso se saca de circulación, es algo que se hace en el mundo. Es la forma en la cual se trabaja. Hace cinco años venimos pidiendo que compren una nueva flota. Nos dicen que sí, la última vez nos dijeron que lo iban a licitar en marzo y todavía no se licitó… no sabemos cuántos años más vamos a seguir trabajando con ese tren.

¿Hay riesgo para los usuarios?
Hay riesgo no solamente para los trabajadores, sino también para los usuarios, esta es la triste realidad. Ellos lo niegan, mienten diciendo que no hay riesgo para nadie. Hay personas que no trabajan en el subte que fueron contaminadas: hay una persona que trabajaba vendiendo en el subte, desarrolló un mesotelioma y fue reconocido que enfermó en el subte. Nosotros hicimos lo que se llama una acción de clase con un amparo ambiental, que está en la Justicia de la Ciudad. Nos dieron un amparo, y la Cámara, cuando ellos apelaron, dijo que hay asbesto en el subte, que hay que sacarlo y que todos estamos expuestos. Nosotros fuimos en representación de los trabajadores y también de los usuarios. La Justicia dio un amparo y la Cámara lo reafirmó hace un mes.

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