Protestar no es delito

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En esta nota, Mario Hernandez repasa las declaraciones y el historial del flamante ministro de Seguridad porteño, Eugenio Burzaco; además de distintos casos de criminalización de la protesta registrados recientemente en diferentes provincias argentinas.

El nuevo ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Burzaco, manifestó su intención de crear "una ley que regule el derecho a manifestarse" para poder combatir los piquetes.

"Quienes manifiestan tienen que coordinar y después cumplir con lo que corresponde. No pueden cortar todas las vías, tienen que dejar un carril libre, no pueden cortar el Metrobús, el transporte público", indicó. "Y si lo hacen, tienen que tener multas económicas los organizadores, y si generan violencia, tendrán penas de prisión", amenazó. Para Burzaco debería haber una ley "que permita a los jueces actuar con celeridad".

"Una ley mejoraría claramente la situación porque podés poner penas de prisión para los organizadores, podés poner multas muy grandes", expresó el funcionario porteño, poniendo además como ejemplo el caso de Mendoza, donde “cayó notablemente el nivel de piquetes y cortes porque pusieron leyes más contundentes, claras y duras".

A 16 años del asesinato del docente Carlos Fuentealba vale recordar que uno de los responsables políticos de su muerte hoy gestiona la seguridad de CABA. Eugenio Burzaco, ministro de Larreta, era asesor de la policía de Neuquén durante el operativo de represión en el que murió el docente.

Burzaco trabajó en Neuquén asesorando a la policía del ex gobernador, Jorge Sobisch, época donde hubo 1.040 denuncias por abusos policiales en esa provincia. Su gestión fue con el ministro de Seguridad, Juan Carlos Aguinaga, y el entonces jefe policial, Carlos Rico Tejero, quien tuvo que renunciar al descubrirse su pasado como represor durante la dictadura.

Al momento del nombramiento de Burzaco como ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo Guagliardo, secretario General de ATEN, expresó: “La designación de Burzaco significa una alerta para todas las organizaciones de trabajadores y Derechos Humanos, que tienen que manifestar firmemente que con esta presencia pública estamos ante un retroceso en la mirada que tiene que tener el Estado sobre la problemática social. No puede haber un retroceso de esta naturaleza: terrorismo de Estado en democracia”.

Choferes liberados
Finalmente, el paro de los choferes de la Línea 620 junto a los trabajadores de 16 líneas de colectivo, que pertenecen a las empresas Almafuerte y Nueva Ideal, consiguió que los choferes, Jorge Oscar Galiano y Jorge Ezequiel Zerda, fueran puestos en libertad.

Ambos habían sido detenidos luego de la protesta por el asesinato de Daniel Barrientos, el chofer de la línea 620 de La Matanza que terminó con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, golpeado.

Aunque fueron liberados, se mantendrá la instrucción. La apuesta represiva del Poder Judicial y los gobiernos bonaerense y porteño se mantiene. También existe otra causa impulsada por el ministro de Justicia Bonaerense, Julio Alak.

El repudio a la detención había recorrido las redes sociales generando una fuerte indignación y a lo largo de la jornada se fueron replicando las declaraciones de repudio. Mientras, los trabajadores se mantuvieron firmes en su medida de lucha y repudiando el cinismo de Berni que primero anunció que no iba a armar ninguna causa y luego cargó contra los trabajadores e incluso reivindicó el operativo policial, al que la vicepresidenta de la Nación calificó de desmedido.

Criminalizan el bloqueo de calles en Córdoba
Vecinos del barrio Centro de Córdoba elevaron un habeas corpus para evitar los cortes totales de ruta. El recurso fue aprobado por la Justicia, pero el miércoles las manifestaciones ocurrieron igual. Al respecto, el fiscal Juan Manuel Delgado dijo que el fallo “no da instrucciones específicas”.

Delgado manifestó que la resolución permite “empezar a discutir” protocolos específicos, aunque aclaró que la Policía ya tiene un plan para estas situaciones. Respecto a la manifestación de Unidad Piquetera, que comenzó en el Puente Centenario y se extendió a las principales calles del Centro, la Justicia de Córdoba decidió imputar a siete referentes piqueteros.

La acusación pesará contra los responsables de organizar el corte y la protesta. El fiscal Ernesto de Aragón los imputó por obstrucción indebida de la vía pública.

“En principio, entendemos que estas personas han infringido el artículo 194 del Código Penal que es la obstrucción a los medios de transporte, obstaculizando un sector importante en la manifestación”, dijo De Aragón.

“Cuando esta iniciativa de protestar se visibiliza cortando u obstruyendo la calle deliberadamente, yo creo que ahí se cruza una línea, que no es lo mismo a que mucha gente concurra a un mismo lugar para expresar o pedir”, señaló el fiscal.

Empieza el juicio contra referentes populares de Jujuy
En la provincia de Jujuy, el jueves 30 comenzó el juzgamiento a referentes populares que reclamaban salario digno y exigían el cese de la represión a la protesta social. Desde las organizaciones sociales explicaron que el pueblo está sometido a la política de miseria y hambre que impone el gobernador radical Gerardo Morales, quien no permite que nadie cuestione su mandato.

“Comenzamos a ser juzgados este jueves a la tarde por una serie de imputaciones que nos hicieron el 30 de noviembre de 2021 con el Código Contravencional del gobernador, ese día nosotros habíamos movilizado junto a dos organizaciones sociales amigas y compañeras”, recordó Miguel Ramos, uno de los referentes del Partido Político AJI20 y su expresión territorial Asamblea Trabajo y Dignidad que está siendo enjuiciado. Siguió relatando que aquella vez “fuimos brutalmente reprimidos a palazos, a punta de escopeta y con el Código de Morales bajo el brazo”.

“El juicio se hace en el Juzgado Contravencional N°1 que fue creado por Morales hace unos cuantos años para someter al pueblo jujeño y amedrentar a la militancia”, señaló el referente popular. También se quejó de que cuando fueron a declarar el pasado 9 de marzo el fiscal “no respetó nuestro derecho de poder fundamentar sobre lo que sucedió aquel día que nos reprimieron y nos armaron las causas, además cuando salimos de la audiencia nos echaron a los golpes y nos amenazaron”, denunció.

“Recuerdo que aquella marcha que hicimos el 30 de noviembre del 2021 fue para reclamar trabajo genuino, un salario digno, nos cansamos, por eso dijimos basta de planes sociales y bolsones de mercadería, porque para nosotros eso es una estrategia de los del poder político que nos someten al hambre y la miseria todo el tiempo”, subrayó Ramos. En aquel momento también “imputaron a mi compañera de militancia Gabriela Garzón y a dos miembros de otras organizaciones que son hermanas nuestras”.

“Además de todo esto sufrimos distintos tipos de aprietes, amenazas, acusaciones gratuitas, causas penales armadas por la justicia del gobernador radical que se maneja con total impunidad”, aseguró el dirigente popular. “Es vergonzoso lo que nos propusieron cuando fuimos a declarar el 9 de marzo, nos dieron dos opciones, una es que paguemos una multa de 40.000 pesos en cuotas -les dijo el fiscal- y que así nosotros aceptaríamos que habíamos cometido un delito en ese momento que realizamos la protesta social pidiendo por los derechos del pueblo jujeño”, agregó.

“Estamos acusados de obstaculizar el tránsito vehicular, eso acá es un delito para el déspota Morales y la justicia que él maneja como quiere”, señaló Ramos. La otra opción que les dio el fiscal fue ejercer el derecho a la “defensa a partir de que nosotros presentemos las pruebas que demuestren nuestra inocencia respecto a ese supuesto delito que hemos cometido, cuando movilizamos lo único que hicimos fue pedir un salario justo por todas las necesidades que padecemos a diario”.

“Por supuesto que nosotros elegimos esta última opción que nos dio el magistrado, porque no vamos a aceptar de ninguna manera que la protesta social es un delito, nuestra defensa está basada en los hechos inhumanos concretos que vivimos a diario por la injusticia que nos imponen”, aseveró el referente. Continuó contando que tienen sueldos muy bajos y que “no llegamos a cubrir ni la canasta básica de alimentos, un docente tampoco llega, estamos muy lejos de tener un ingreso que pueda suplir esta necesidad tan importante. Mientras tanto, la terrible inflación y los precios de los productos que suben todo el tiempo nos ahoga aún más”, expresó.

“La justicia de Morales nos lleva a juicio injustamente este jueves a partir de las 15:00, necesitamos ayuda con extrema urgencia para que no nos metan a la cárcel”, imploró a la sociedad el dirigente popular Ramos. Pero de todos modos “nosotros vamos a seguir luchando por los derechos del pueblo, porque creemos en lo que hacemos, tenemos fe en nuestra militancia, porque sentimos amor por nuestro querido pueblo jujeño que padece miles de necesidades y distintos tipos de violencias todo el tiempo”, finalizó.

Organizarse no es delito
El pasado 30 de marzo, se llevó a cabo en la localidad de Fiske Menuco (General Roca, Río Negro) una jornada en contra de la criminalización de la protesta. Más de una decena de organismos de Derechos Humanos nacionales y regionales se hicieron presentes en la localidad para solidarizarse con organizaciones protagonistas de procesos de lucha de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, que están siendo perseguidas por la justicia federal y provincial.
Esta es la situación que atraviesan dos integrantes del FOL en dicha localidad rionegrina. Se lxs acusa de diferentes delitos sostenidos en la demonización de las formas de organización independientes, autogestivas y democráticas de los sectores populares.

Todo comenzó en febrero del 2020, cuando la policía federal allanó las casas de estos militantes y se llevó anotaciones, cuadernillos de formación, banderas, elementos de trabajo personal como computadoras y celulares, e incluso retuvieron el DNI de una de las integrantes del FOL. A partir de esto fue que se enteraron de que existía una investigación desde el 2017 impulsada por el abogado Nicolás Suárez Colman quien en su momento pertenecía al PRO y que actualmente se encuadra en el partido de Milei. Además, la denuncia había caído en manos del fiscal Alejandro Moldes y el juez Hugo Greca. Todas personalidades conocidas en la ciudad por su clara política anti-organizaciones y por sus discursos de odio hacia militantes sociales y políticos.

La investigación se había mantenido en silencio durante años e incluía escuchas telefónicas y tareas de inteligencia de manera encubierta en los barrios donde la organización lleva adelante su trabajo cotidiano. Es decir, que se apuntaba a plantear como un delito las formas organizativas independientes y autogestivas que se discuten de manera democrática en los espacios asamblearios.

¿Casos aislados o una nueva faceta represiva?
En diferentes provincias se da un proceso de profundización de la persecución política a quienes se organizan y luchan, cuestión que amenaza nuevamente con quebrantar las libertades democráticas y el derecho a la organización popular.

Son muchos los ejemplos que pueden nombrarse, sin ir más lejos se desarrollaron cortes en diferentes puntos del país para pedir por la inmediata liberación de Lorena y Martín, dos militantes del Polo Obrero que fueron detenidxs y llevados a un penal por realizar una manifestación pacífica en el centro de la ciudad de Mendoza; también la provincia de Jujuy ha sido escenario de múltiples persecuciones y allanamientos a luchadorxs populares; en Chubut hay 21 personas imputadas por defender el agua; el pueblo mapuche aún reclama por las cuatro hermanas que continúan detenidas junto con sus niñxs, tras el feroz desalojo en Villa Mascardi; y en Buenos Aires el oficialismo fue el encargado de perseguir y encarcelar a quienes se manifestaron el año pasado contra el acuerdo con el FMI.

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