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Salud mental: el Estado ausente

Mario Hernandez dialogó con el psicoanalista Ángel Barraco sobre el primer juicio a un miembro de una comunidad terapéutica tras la sanción de la Ley de Salud Mental. Las responsabilidades del Estado y la falta de control a estas instituciones.

Mario Hernandez: Es la primera vez desde la sanción de la Ley de Salud Mental, que un miembro de la comunidad terapéutica llega a juicio oral por el suicidio de un paciente. Me estoy refiriendo al caso del Centro San Camilo de Pilar. ¿Qué podés compartir al respecto con nuestros oyentes?

Ángel Barraco: Indudablemente que como primer caso, y esto en relación con la Ley y a lo que constantemente hablamos del incumplimiento, me parece que es bueno y oportuno que haya una visibilización de este caso que representa y puede ser tomado como un paradigma de muchos otros tantos que lamentablemente ocurren, particularmente en ese territorio, el Municipio de Pilar, donde hay bastante cantidad de estas mal denominadas ‘Comunidades Terapéuticas’ y que indudablemente se llevan adelante sin ningún tipo de control.

Esto anida la posibilidad de grandes transgresiones que llegan hasta la muerte como es el caso de Saulo Rojas, que ocurrió en julio del 2013. Lo importante a destacar es que era mendocino, yo conozco a su mamá. Él aparte de tener la problemática de consumo también era insulino-dependiente, entonces allá fundamentaron que no estaban en condiciones de atender un caso de esas características. Con lo cual debieron traerlo a la provincia de Buenos Aires.

Hay que pensar que aparte de la problemática lidiaba con el desarraigo a mil kilómetros. Esto no deja de llamar la atención. Obviamente que este tipo de dispositivo, no solo tiene graves fallas desde la perspectiva de la atención, sino que también se han encontrado y se sigue encontrando que hay personas sobre internadas, es decir, que hay más cantidad de la capacidad.

MH: En el caso específico de este Centro San Camilo, que luego fue cerrado, era un centro habilitado para 20 pacientes y tenía 60.

AB: Aparte de las deficiencias edilicias. Porque Saulo, por una cuestión de castigo, fue asignado a una sala, a un cuarto de aislamiento, lo que está prohibido, con condiciones terribles. Estaba con un colchón en el suelo, era julio, pleno invierno y con una ventana sin vidrio. Si bien esto puede indicar un nivel de seguridad para que no se lastimen, pero en invierno tampoco se puede permitir. Hay vidrios blindados que no se rompen.

Esto pone en el tapete que se abren este tipo de instituciones con cierta disposición, no cumpliendo los requerimientos que están establecidos con respecto a con qué deben contar. No solo desde la perspectiva edilicia, sino también en cuanto a la dotación de personas que deben hacerse cargo, que no es solo una cuestión administrativa, sino fundamentalmente una cuestión asistencial.

MH: Te iba a preguntar justamente porque tengo entendido que a quien se juzga es una persona que estaba a cargo del paciente, que a su vez era ex-paciente.

AB: Sí, eso se repite. Hay otro caso que justamente denunciara Pablo Galfre. Este juicio se lleva a cabo impulsado en gran parte, no solo por la mamá de Saulo, Miriam Lucero, sino también por Pablo Galfre que es el autor del libro La Comunidad. Él también había denunciado qué había ocurrido en otra Comunidad de la misma localidad, e incluso grabó un video, que era dirigido por un ex-paciente filmado con un chaleco antibalas de la Policía de la Provincia, esgrimiendo un arma y después tirando tiros y balbuceando palabras incoherentes. Se ve que estaba en un momento de su adicción y dirigiendo una comunidad terapéutica.

Volviendo al caso de San Camilo el juicio ha tratado de encontrar, como se suele decir, al perejil. Esta persona que fue sentenciada era empleado de seguridad y fue sentenciado a 3 años de prisión. Lo que resulta llamativo es que no aparece ningún otro responsable, porque los dueños o el director de la comunidad fueron absueltos.

Y después la cuestión del Estado. Acá hay una triple responsabilidad, por un lado, el Estado nacional que debe velar que se cumpla con la Ley de Salud Mental, en este caso paradójicamente Saulo se suicida el 14 de julio del 2013 justo cuando estaba saliendo la reglamentación de la Ley de Salud Mental.

La otra responsabilidad es la del Estado provincial que es quien debe fiscalizar no solo la habilitación, sino también el modelo de atención y hacer un seguimiento de lo que ocurre. Sin embargo, no asumieron ninguna responsabilidad.

La tercera es la del Municipio que debe velar porque dentro de su territorio haya un control. Me imagino que en el Municipio de Pilar si vos querés instalar un supermercado o cualquier otro tipo de negocio, el Municipio te debería habilitar. Lo llamativo es que hay múltiples de estas comunidades terapéuticas y no hay ningún tipo de control con lo cual esto remite a una grave falla de responsabilidad.

Después, me llamó la atención, porque entiendo el dolor y que después de tantos años al menos haya habido un juicio y que haya aparecido un responsable a lo mejor mitiga en parte esa cuestión de injusticia, pero también no se puede estar conforme respecto al resultado porque este hombre era indudablemente el engranaje más bajo de esa maquinaria que nosotros llamamos modelo manicomial.

MH: Estamos hablando de una clínica privada y vos hiciste mención del modelo manicomial. Te quiero llevar a una institución pública, como es el caso del Hospital Borda, porque allí ha comenzado un juicio por la muerte de Matías Carbonell después de 12 años.

AB: Antes de pasar a lo del Borda, que es muy importante y que va en la misma línea de qué pasa con este tipo de situaciones y la intervención de la justicia, no quería dejar de remarcar que también, en cuanto a las comunidades terapéuticas, hubo un caso resonante que fue el 22 de febrero de este año cuando en otro centro de rehabilitación, casualmente en Pilar, llamado San Fernando de las Lonjas murieron intoxicados por monóxido de carbono 4 personas que estaban sobre medicadas y que al producirse el incendio no pudieron huir.

Ahí también, de 24 personas internadas, 18 estaban en pequeños ambientes con colchones tirados en el piso. Murieron 3 jóvenes de 25 años y otro un poco más grande. Vemos que esto tiene que ver con una impronta, el subsector privado en salud mental es el que está cubriendo el vacío estatal en materia de política pública sanitaria de salud mental, fundamentalmente en la atención de las adicciones, con lo cual este es un dato que no hay que dejar de observarlo.

El Estado achica y con esto beneficia al sector privado. Estas comunidades, que son muchas, reciben suculentos aportes de obras sociales como IOMA, PAMI y también de las prepagas. Estaba leyendo el libro de una periodista mexicana radicada en Argentina, autora de varios libros sobre el tema del narcotráfico, conocedora e investigando lo que pasa en Argentina justamente decía que las políticas de drogas durante el kirchnerismo, el macrismo y ahora el peronismo no han diferido sustancialmente.

La estrategia no ha cambiado, es prohibicionismo, criminalización y falta de prevención y, obviamente, esta ausencia del Estado en dar atención estatal pública y gratuita para que esto pase a ser algo mercantilizado, vuelvo a repetir, están subvencionadas e inclusive por organismos nacionales como la Sedronar.

Así que no quería dejar de remarcar este caso respecto a lo que ocurrió con Saulo que es el primer juicio en democracia que tiene que ver con salud mental. Respecto a lo del Borda, es también un caso paradigmático que ocurrió en el 2010 justo a pocos días de sancionarse la Ley nacional y que ahora comenzó el juicio contra 6 funcionarios profesionales, trabajadores del Hospital Borda en ese momento.

Este muchacho falleció el 12 de noviembre del 2010 en el Hospital Penna derivado por descompensación por estar en un estado totalmente crítico. Lo llamativo del caso es que la denuncia la hacen los mismos médicos del Hospital Penna donde había sido derivado. Cuando en el Borda ven que el estado es crítico lo derivan al hospital más cercano. Cuando lo reciben constatan que había tenido un gran nivel de tortura, de lesiones en el tórax, electrocutado con quemaduras y estos eran indicios que los médicos del Penna no dejaron pasar sabiendo que implicaba la responsabilidad de otros profesionales.

Justamente cuando el juez de la causa remarca que antes de haberlo derivado habían hecho denuncias respecto a lo que estaba pasando. Esto delata este pacto de silencio que es la lógica manicomial. El caso fue gravísimo, se confirmaron todos los daños que se le habían causado, había sobre medicación excesiva que no tiene que ver con el tratamiento, sino con el mecanismo de control social y también se constató que había sido internado compulsivamente por disposición de la justicia, o sea, constataron que no era un hecho aislado en el Borda y en tantos otros centros neuropsiquiátricos, sino que es el resultado de estas prácticas punitivas de encierro, de castigo y abuso de poder.

Lo llamativo es que todo lo que se verifica acá es lo que en estos tiempos hemos hablado cuando surgió toda esta ofensiva de los medios de comunicación para tirar la Ley nacional de salud mental, justamente los psiquiatras y sus organizaciones dicen: ‘nosotros no somos torturadores, nosotros no utilizamos la medicación para otra cosa que no sea el tratamiento’. Sin embargo, en este caso es importante porque se verifica qué buen rumbo fue salir con la ley cuando prácticamente al mismo tiempo se constataba este desgraciado caso que es uno de los que se pudo saber, porque acá tuvo gravitante incidencia el CELS, que fue quien siguió el caso, quien hizo la denuncia penal y bueno, tardó, pero estamos ahora en el trámite de marcar las responsabilidades, donde hay varios profesionales, uno es psicólogo, hay dos psiquiatras y después enfermeros.

Me parece que hay que hacer un seguimiento de este juicio y esperemos que la cosa no quede como siempre en una mínima responsabilidad y, sobe todo, absolviendo al principal imputado que debe estar en el banquillo que es el Estado, llámese de la Nación o el de la Ciudad de Buenos Aires, que incumplen las dos leyes, la 448 de la Ciudad y la 26.657 que es la ley nacional. Me parece muy importante que reflejemos esto. También te agradezco por tomar estos casos, porque se habla muy poco, porque sabemos que hay muchos intereses detrás de todo esto. Veremos cómo sigue.

 
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