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Narco, trata, extorsiones, desplazamiento forzado, despojo y feminicidos en Chiapas, un territorio en el que los zapatistas continúan construyendo autonomía

Director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) del 2015 al 23 de mayo de 2022, Pedro Faro Navarro, defensor y poeta, habla en entrevista, concedida un día antes de dejar el cargo, de la “alarmante crisis de derechos humanos” en Chiapas, del incremento del crimen organizado que tiene en el estado jugosos negocios en el narcotráfico, la migración y en la trata de personas; de las agresiones contra los territorios zapatistas; del “no actuar” de los gobiernos federal y estatal; del histórico desplazamiento forzado de miles de indígenas; de la militarización y paramilitarización; de Acteal y la justicia que no llega; de lo que provocó en el Frayba la descalificación presidencial; del crecimiento de la ola feminicida, pero también de la organización de las mujeres; y, en todo momento, refiere lo que representa la alternativa política que representan las comunidades organizadas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

(Gloria Muñóz Ramírez – Desinformémonos) México - Hace 19 años, Faro Navarro ingresó al emblemático centro de derechos humanos creado por el obispo Samuel Ruiz García en 1989. Durante ocho años estuvo en la dirección y desde ahí vio crecer la conflictividad y las violaciones a los derechos humanos de la población indígena en un estado en el que, al mismo tiempo, la construcción de autonomía sigue siendo posible.

La cárcel: el que no lucha no sale

El Frayba desde siempre ha documentado la tortura y cómo ha ido cambiando de tiempo en tiempo. Actualmente esta situación llega a un estado sumamente crítico porque es parte de la epidermis del sistema judicial mexicano y del gobierno de Chiapas, de los operadores de justicia. Es una reproducción endémica que se propaga y afecta a toda la población.

Vemos que las fiscalías se han profesionalizado para ser fábricas de culpables. En este periodo hemos visto cómo la gente sale de la cárcel más por sus acciones de dignidad y exigencia de justicia, a partir de acciones sociales como la huelga de hambre, la solidaridad nacional e internacional, y las acciones que evidencian las violaciones a sus derechos y que el proceso legal transita en formalismos y ocultismos terribles. Esto quiere decir que el que no lucha, no sale.

Tan sólo en este periodo pudimos liberar a cinco personas, como Juan de la Cruz, que estuvo once años en la cárcel sin cometer ningún delito; o Marcelino Ruiz, que estuvo 20 años; Adrián estuvo 17 años; y Germán y Abrahám estuvieron 13 años. Son personas indígenas que entraron a la cárcel casi monolingües, que no sabían cuáles eran los delitos que les estaban imputando y sin posibilidad de defensa. Los detuvieron de manera arbitraria, los torturaron y su debido proceso se pasó sin pruebas sustanciales para poderlos sentenciar. Les dieron penas altísimas. A Abrahám y Germán les dieron 75 años, a Marcelino 50 y así se van.

Narcotráfico, migración y tráfico de personas, los negocios más jugosos del crimen organizado

Desde que entré al Frayba identificamos que había grupos criminales en los territorios, que estaban controlando los Altos, la zona de selva y selva fronteriza. De esto no se hablaba claramente en las comunidades. Había cierto miedo a denunciar al capo y a los criminales. No quiere decir que ahora no haya miedo, pero antes no se hablaba.

El narcotráfico y el tráfico de personas son los dos negocios más jugosos en Chiapas, siguen en aumento en el territorio, y lo denunciamos ante el gobierno. Lo que pasaba en Pantelhó, que después se destapó, lo denunciamos aunque no públicamente, porque valoramos los riesgos de meterse con los capos y la criminalidad.

Con Enrique Peña Nieto había una cierta contención. Ya estaban los grupos criminales y estaban actuando, se hablaba de una paz narca entre los grupos criminales. Había un acuerdo con los gobiernos, porque toda la criminalidad no puede suceder si no hay acuerdo con el gobierno. 

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, con su estrategia de  abrazos y no balazos, y su posición de no confrontar a la criminalidad (que no quiere decir que esté de acuerdo con que se confronte como lo hizo Felipe Calderón) lo que provocó es que los criminales controlen los territorios y se apropien de la vida de las comunidades. Desde el 2018 a la fecha hemos visto una presencia de cuerpo entero, con toda la desfachatez posible, de los grupos criminales que se presentan en territorios como Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, Chamic, en la Frontera Comalapa.

No podemos decir que el actual es como el gobierno de Peña Nieto, que era un gobierno criminal y narco, igual que el del PAN. No podemos sostener esto con el gobierno de Andrés Manuel, pero las instituciones no se han limpiado, como el Instituto Nacional de Migración y sus vínculos con los grupos criminales. 

Hace algunos meses vimos que de repente emergieron autodefensas a partir de El Machete con armas de alto poder. Ahí la incógnita es de dónde salen todas esas armas y a quién le interesa que se presenten en diferentes territorios grupos armados. Hemos visto que El Machete sí contrarresta a un grupo criminal, pero al parecer ahora está perdiendo el rumbo y se está convirtiendo en lo que quiso combatir. Esperemos que retome la ruta, pero en los últimos meses ha sucedido esto, como sucedió en Michoacán.

Militarización y Guardia Nacional

Chiapas ya estaba militarizado desde 1994. Desde entonces hay toda una serie de puestos militares para cercar a los zapatistas, aunque ellos ya hayan roto el cerco con los doce Caracoles. Pero aun así hay 72 puestos militares que, aunque no tienen los efectivos de los años 90s, sí son una presencia importante de inteligencia y vigilancia hacia los zapatistas. 

En Chiapas hay una presencia de la Guardia Nacional que se vendió como de seguridad pública, por lo que no ha habido mucha oposición por parte de las comunidades y los pueblos. Hay una oposición muy importante en Chilón, donde protestaron contra la instalación de un cuartel de la Guardia. En el corredor de Chilón, Yajalón, Tila, hubo en los años 90 una estrategia paramilitar muy férrea y criminal de la que aún no sabemos toda la verdad. El grupo paramilitar más sonado fue Paz y Justicia, que nunca se investigó y ahí están las armas y las formas organizativas todavía.

Ataques a las comunidades zapatistas

Los territorios zapatistas son ambicionados por el poder económico y el poder político. Hay una pugna constante para despojarlos a partir de represas y de proyectos como el Proyecto Mesoamérica. Estos embates al territorio son constantes y ahora los vemos en los ataques y agresiones a las comunidades de Nuevo San Gregorio, por ejemplo, o de Moisés Gandhi, que son territorios recuperados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y tienen una base legal sólida que viene de la Ley de diálogo y conciliación en Chiapas, los Acuerdos de San Andrés, las declaraciones de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, así como del Convenio 169 de la OIT.

La particularidad de los actuales ataques a esos territorios es que los actores son difusos. El Estado queda aparentemente aislado de la conflictividad, pero tiene mucho que ver, porque mientras sea gobierno tiene la obligación de garantizar y proteger a toda persona que esté en el territorio. En todas las acciones contra los territorios zapatistas hay la presencia de un gobierno que se dice de izquierda y que ha generado una serie de proyectos sociales hacia la gente más pobre del país. Efectivamente están llegando esos recursos, pero la particularidad de esos proyectos sociales es que tienen un efecto sumamente capitalista e individualista que rompe las estructuras comunitarias y de asamblea, es decir, las formas de organización de los pueblos.

Hay una serie de tierras, vistas desde el capitalismo como ociosas, que los zapatistas no trabajan y  por lo tanto estas organizaciones, comunidades o grupos de la criminalidad las quieren ocupar para acceder a estos proyectos del gobierno (Sembrando vida). Y ahí están las formas de confrontación. El diseño, aunque no se haya hecho específicamente para atacar a los zapatistas, está produciendo un ataque estructural y contrainsurgente hacia esos territorios.

– A pesar de todos estos ataques, o por encima de ellos, los zapatistas se movilizaron el pasado 13 de marzo en seis puntos del estado. ¿Qué lectura le dio el Frayba a esta salida?

De tiempo en tiempo, también, los zapatistas salen a decir «aquí estamos, estamos construyendo y actuando». La manifestación del 13 de marzo fue una continuidad de su presencia en el sentido de lo que ya han declarado de diferentes maneras y en diferentes espacios, y es que ellos tienen una lucha frontal contra el sistema capitalista. Su opción es por la vida, por el derecho a la Madre Tierra, y en este ámbito se manifestaron contra la guerra en Ucrania. Fue su acción y vocación internacionalista y humana, con la que no se piensan a sí mismos si no se piensan en un nosotros.

Histórico desplazamiento forzado 

Actualmente hay una gran crisis de desplazamiento forzado, casi histórica, en el estado. Tenemos contabilizadas cerca de 14 mil 893 víctimas de desplazamiento forzado y más de 6 mil 300 en situación de desplazamiento. Eso ha implicado una serie de impactos muy fuertes en la población. En Aldama, por ejemplo, han creado una serie de impactos psicosociales de terror. Son zonas de guerra. 

Sólo en Aldama hay 3 mil 499 personas desplazadas intermitentemente, que cada vez que vienen los disparos hacia las comunidades tienen que salir, pero luego vuelven. De lo que sí están desplazados por completo es de sus zonas de cultivo. Esto viene desde el gobierno de Peña Nieto, pero se volvió más crítico con el de López Obrador. En Chalchihuitán hay cerca de mil 237 personas desplazadas, y en Pantelhó, 3 mil 205, aunque algunas ya han retornado.

En la zona selva, documentamos el desplazamiento en Chilón por un grupo armado llamado Los Peshtoneros, que actúan y desplazan a las comunidades. También está la lamentable acción continua de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao) hacia el municipio de Moisés Gandhi, donde actúa de manera criminal. Es una organización que ha desviado su camino, y su ambición es ahora los programas sociales y vender la tierra. Actualmente hay dos comunidades zapatistas desplazadas por ella, la de La Resistencia y Emiliano Zapata.

Todo esto sucede ante el silencio total y ominoso de los gobiernos estatal y federal. Lo hemos denunciado de manera clara ante las instancias del gobierno y judiciales, pero no actúan para detener las acciones de corte paramilitar con grupos criminales.

Hay un desplazamiento muy fuerte también en la zona fronteriza de Nuevo San Gregorio Chamic por grupos criminales conocidos, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Hemos recibido reportes de desaparición forzada y de desplazamientos de más de 50 familias. Nuevo San Gregorio es un pueblo fantasma y una zona de guerra.

Las poblaciones denuncian la presencia de grupos criminales vinculados con los gobiernos municipales en Comitán, Chilón, Ocosingo, Chenalhó, Pantelhó y aquí mismo en San Cristóbal de las Casas, con los motonetos y los grupos de poder que controlan los mercados.

Esto genera la sensación de muy alta inseguridad. Pero esperamos revertir estas acciones. Se han ido construyendo espacios para poder revertir la situación desde la sociedad civil, desde la diócesis de San Cristóbal, desde las organizaciones que estamos en el territorio y en los pueblos, para que no vaya en aumento. Los expertos dicen que este es el principio de lo que sucedió en Sinaloa, Guanajuato o Guerrero, pero nosotros esperamos que no sea así, sino que podamos actuar. No esperamos nada del gobierno, porque vemos que los gobiernos no están actuando.

Acteal, la justicia que no llega

Acteal es el ejemplo de una persistente denuncia en contra del Estado por el horror que fue la masacre cometida el 22 de diciembre de 1997. El caso actualmente se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es un caso que está pendiente de justicia y en el que ha persistido la impunidad. Este año se cumplen 25 años de la masacre de Acteal y es un acto muy importante de conmemoración del periodo de injusticia por parte de los gobiernos que han pasado, incluido el actual.

Un grupo que pertenecía a la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal se escindió, decidió salirse y negociar con el gobierno mexicano en una solución amistosa. Ellos negociaron la reparación del daño, pero la Sociedad Civil de Las Abejas se negó a entrar en este proceso por dignidad, por lo que representa la masacre. Ellas siempre han dicho que no quieren negociación con un gobierno que siempre los ha discriminado e ignorado.

Las Abejas, junto con las víctimas y sobrevivientes de la masacre, están empujando a la justicia a nivel internacional ante la CIDH. Está en un periodo de análisis para el informe de fondo, que es lo que se está exigiendo. El informe de fondo es la decisión de la CIDH en el análisis de todo lo que han aportado las víctimas, se recomendará sobre las violaciones a los derechos humanos, que van desde graves al procedimiento legal mismo, pero también violaciones de lo que ha representado la contrainsurgencia en México y en Chiapas específicamente. Tenemos la esperanza de que no en balde sea una espera de tantos años y que la CIDH esté a la altura de su dictamen en este informe de fondo.

En la trayectoria del 2015 a la fecha, Las Abejas han ido avanzando en su autonomía. Han ido construyendo mecanismos de la otra justicia, como la llaman los pueblos originarios, en el sentido de que han constituido todo un ámbito especial en su lugar de refugio, un lugar en el que se han cobijado frente a las violaciones a los derechos humanos.

Ahí se ha construido también cultura, música, teatro, poesía. El papel de las mujeres ha sido sumamente importante y han colaborado con las artesanías. Y en diferentes periodos las compañeras han sido parte de la mesa directiva y varias de ellas son coordinadoras del proceso de justicia y de su propia organización en la construcción de la autonomía.

Feminicido versus organización de las mujeres

En Chiapas han aumentado las agresiones hacia las mujeres. Se han reportado siete feminicidios en el año, 55 en este gobierno, a pesar de que en varios municipios está la Alerta por Violencia de Género (AVG) y de que también se han creado fiscalías. Hay ahora en el gobierno expertas que venían de la sociedad civil, y hay todo un discurso de diversidad y de género interesante, pero la violencia está ahí.

Existen circunstancias críticas que están pasando las mujeres y son también un reflejo de la guerra hacia sus cuerpos. Ahí es necesario lo que nos dicen los zapatistas: seguir organizándonos. Ellos han puesto el ejemplo con sus convocatorias a los movimientos feministas para afrontar y acuerparse entre ellas a partir de la sororidas. Nosotros estamos convencidos de que la única forma de revertir esto es desde la construcción desde abajo, desde las mismas compañeras.

Hay una corresponsabilidad de nosotros de hacer acciones en contra del patriarcado, porque también estamos inmersos en esas formas que se nos han impuestos y de las que es necesario despojarnos.

Al mismo tiempo, el movimiento feminista hoy es el parteaguas de la lucha y de la resistencia en cualquier parte del mundo. En Chiapas se expresa de manera muy radical y potente. Nosotros creemos que desde ahí viene una gran potencialidad de cambio de sistema. Para derrocar al sistema capitalista hay que derrocar al sistema patriarcal. Los dos son sistemas de opresión que se han instalado en la vida de todos nosotros y ahí las compañeras muestran la resistencia, la defensa y la ofensiva para acelerar los cambios en la cultura.

El Frayba, la descalificación presidencial y la obstaculización de su trabajo

Hubo una descalificación directa del gobierno de Andrés Manuel al Frayba. La voz del presidente es una voz calificada y potente, y lo que hemos visto es que el gobierno de Chiapas emula y reproduce todo lo que viene de la Federación. Se descalificó nuestro trabajo, obstaculizaron nuestras entradas a los Centros de Readaptación Social (Ceresos), no atendieron los casos y procesos que nosotros colocamos ante las instancias correspondientes.

Nosotros siempre trabajamos desde el ámbito que específicamente corresponde para atender la situación y de ahí escalamos. Hemos hecho esto hasta llegar a espacios internacionales. El ejemplo es la libertad de los compañeros. Fue hasta que llegamos a la ONU que los compañeros presos obtuvieron su libertad, luego de que se dictara la opinión 43/2001.

El gobierno de Andrés Manuel nos ha puesto más difícil la situación, porque aunque en los discursos y en las relaciones tienen un diálogo «más cercano» y de entendimiento, en la práctica de responder a las violaciones a los derechos humanos se agachan, se paran, no generan una acción. Se supone que el gobierno entró admitiendo las violaciones a los derechos humanos por principio. Lo que se negaba de desplazamiento se admitió, y así también con las desapariciones y otras violaciones del Estado. Pero no se están dando respuestas para revertirlas, y en los hechos el gobierno las ha negado.

El presidente dice que en este gobierno no se cometen violaciones a los derechos humanos, que no existe la tortura, aunque nosotros hayamos demostrado que sí es una práctica común y sistemática. El desplazamiento no está siendo atendido, las causas de la violencia tampoco, están proliferando los grupos armados. Entonces la declaración del presidente nos generó vigilancias, amenazas de muerte.

Mientras el presidente deje ser a la criminalidad, la criminalidad actúa y ve la oportunidad de seguir creciendo y aumentar sus ganancias, y pueden quitar a las personas que están obstruyendo sus caminos. Pero el presidente de la República tampoco reconoce los procesos históricos de lucha y resistencia, de los que él incluso ha sido parte. Nosotros lo negamos, aunque él sí nos niega muy bien.

Nos dijo mentirosos, básicamente. Pero nosotros no hablamos si no tenemos los pelos de la burra en la mano y le podemos demostrar en cualquier momento cada una de las situaciones que hemos denunciado.

La descalificación presidencial tuvo consecuencias casi inmediatas en el accionar de las organizaciones, en este caso de nosotros. Lo vimos. El secretario general de Gobierno ya no nos tomaba las llamadas, hubo un cierre total de las instituciones ante una declaración del Estado contra quienes considera sus adversarios.

Chiapas es un desastre

Chiapas es un desastre total, como dijo el vocero presidencial a Doña Concepción Villafuerte, fundadora del periódico Tiempo y también del Frayba, junto con su esposo Amado Avendaño. No hay ningún gobierno, ni estatal ni municipal, que ponga orden ante la violencia galopante y en aumento continuo.

Mientras Chiapas siga en esas circunstancias y mientras los pueblos sigan luchando y resistiendo y construyendo alternativas de vida, el Frayba estará a lado de ellos caminando. Ese es el mandato que nos dejó Tatik Samuel Ruíz. Él decía que a él lo convirtieron los indígenas, porque a partir de la pobreza, la miseria y la discriminación optó por los pobres. El mandato y el camino del Frayba es con las luchas y resistencias de los pueblos.

Ahora, en este contexto, es más gloriosa la enseñanza de alta dignidad de los pueblos, tanto de los zapatistas como los que están articulados en el Congreso Nacional Indígena (CNI), que van construyendo autonomía y libre determinación.

El relevo

Me voy con la misión cumplida, en el sentido de que nos tocó ser parte de un proceso, y de que afrontamos ese tiempo con el aprendizaje de los pueblos en su caminar. Diría que es una misión cumplida, aunque con muchos pendientes. Seguiré en la trinchera tanto de la defensa de los derechos humanos como de la poesía y de la construcción de lo que nos permita cambiar este sistema.

Esperamos que la debacle del sistema planetario no nos llegue antes y que podamos ver esta humanidad como la queremos y como ya se está construyendo en diferentes puntos, como en los territorios zapatistas.

 
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