Red Eco Alternativo ***

“Joe Lewis ha hecho una pista de aterrizaje en Lago Escondido que permite el desembarco de aviones de guerra de última generación”

Mario Hernandez: El juez del Tribunal oral en lo criminal y correccional 29, en la Ciudad de Buenos Aires, Juan Martín Ramos Padilla, sostiene que una parte del Poder judicial es una especie de mafia que se ha apoderado del poder judicial. ¿Qué opinas sobre esta afirmación? 

Gustavo Lahoud: La primera observación a lo que dice el juez Ramos Padilla me lleva indudablemente a instancias concretas de la justicia federal. Si vos ves por un lado el panorama de lo que está en los medios estos días, y que es tan preocupante, el ir y venir sobre las declaraciones indagatorias al ex presidente Macri en el marco de lo que ha sido el período transcurrido desde noviembre del 2017 en adelante, sobre todo hasta buena parte del año 2019, en ocasión del siniestro del ARA San Juan y todo lo que ha ocurrido respecto del seguimiento y el monitoreo, vigilancia y control de los familiares de nuestros 44 héroes del ARA San Juan.

Eso a mí me indica que hay un punto en el cual la dinámica de la justicia federal ha llegado a un punto de no retorno respecto de este trípode del que uno viene hablando permanentemente y que hace al modo que el Estado ha funcionado las últimas décadas en la Argentina.

Me refiero a las redes del poder político circunstancial, a las tramas del Poder judicial, básicamente en todo lo que tiene que ver con la petitoria de la justicia federal y las dinámicas propias; como tercer eje central las fuerzas de seguridad co-aliadas muchas veces con este auténtico poder en las sombras del que el actual presidente Fernández habló, incluso en el contexto de asunción como presidente, el 10 de diciembre de 2019.

Ahí ves cómo se han dado respecto de este asunto, que a mí me preocupa mucho, el del ARA San Juan, que por lo menos en este último corte de temporalidades del 1° de octubre en adelante con las indagatorias fallidas, el modo en el que el ex presidente Macri pudo rehuir la instancia judicial, lo que ocurrió cuando ante la requisitoria de la indagatoria la misma queda anulada por el hecho de que no había sido relevado del secreto y confidencialidad que la propia Ley de inteligencia establece en su artículo 16.

A mí esto me generó una situación de bastante preocupación adicional porque el trámite debía ser resuelto por el Poder Ejecutivo y no por la AFI y esto se sabía, dada la relevancia del cargo de ex primer mandatario. Y, sin embargo, se había llegado al jueves 28 de octubre con una situación en la que finalmente este trámite menor no se pudo obtener. Se publicó el decreto después y luego el juez Bava llama a una nueva indagatoria.

En el medio aparece este otro fenómeno en donde una instancia superior como era la Cámara Federal de Mar del Plata interviene y en las últimas horas, de un modo u otro, le ha dado lugar a la defensa de Macri, en manos del ex fiscal Lanusse, para librar una producción de medidas que había solicitado la defensa de Macri, pero que creo que todo está vinculado a tratar de ver cómo se hace en definitiva para correr al juez Bava que lleva adelante esta causa y es un juez subrogante.

Ahí te doy otro dato que tiene que ver con este descalabro, esta destrucción concreta del aparato de administración de justicia que va entre la excepcionalidad, la provisoriedad, y esta convivencia entre los tres ejes.

Otro aspecto en relación a esto que me preocupa muchísimo no tiene que ver solamente con el entramado que hoy está en los diarios y está ligado a la situación de las comunidades mapuches en buena parte de nuestros territorios, con centralidad en el caso de Río Negro. La situación desesperante que se está viviendo en Rosario, ligada al narcotráfico, y ahí hay una situación en la que quedó engrampado el ex ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, que también parte de una situación muy compleja con parte del entramado político de la provincia que remite de una manera u otra a muchas de estas situaciones que nosotros estamos viendo también.

M.H: Más allá de las chicanas de las cuestiones procesales, Macri negó haber ordenado las escuchas o haber recibido informes. Yo tengo entendido que el jefe de los servicios de inteligencia es el presidente de la Nación, es más, he leído algunos libros y materiales donde, por ejemplo, consignan que el ex presidente Menem la primera recepción que él tenía como mandatario eran los informes de inteligencia. ¿Cómo puede ser que el ex presidente Macri no haya tenido ningún tipo de intervención en esta situación? 

G.L: La respuesta te la podría dar en dos planos. La primera, por un lado Macri, como ex presidente, debió haber tenido acceso a un tipo de información que está ligada a la producción de inteligencia estratégica nacional, que en caso de haber existido, siempre tenía que estar en relación al intento de prevenir posibles amenazas de origen externo que se ciernen sobre nuestro Estado y la propia supervivencia como comunidad.

El problema que todos hemos visto con la degradación del aparato de inteligencia bajo el macrismo es que justamente aquellas sospechas que teníamos sobre el hecho de que ese aparato estaba siendo utilizado para realizar acciones, y acá está el otro eje de la respuesta, totalmente reñidas con lo que la Ley de inteligencia permite, es decir, acciones vinculadas a maniobras de inteligencia interna.

Que es lo que dejan traslucir en el panorama del ARA San Juan las declaraciones de la abogada Valeria Carreras, que esto lo tienen muy en claro parte de las patrocinantes de las familias. En estos últimos 4 años han podido acceder a información y además también entre 9 y 10 personas que han sido citadas por el juez Bava, incluso un personaje de contrainteligencia que debería declarar en una ampliación de indagatoria y habría que ver qué datos aporta.

Lamentablemente en línea con esta distorsión aberrante que hemos vivido en el gobierno de Macri, ese aparato de inteligencia ha funcionado como en los peores tiempos de la última dictadura y como en los peores tiempos de la década del 90 extendida al ex gobierno de De la Rúa.

Ese aparato nunca funcionó en el contexto de un orden democrático establecido. Esta es la situación de fondo que tenemos que poner sobre la mesa. Es un aparato que ha sido intervenido por distintas “bandas” vinculadas a los poderes políticos de turno, algunas de las cuales en su momento pudieron sobrevivir durante décadas generando situaciones que han ido desde la posibilidad de que sus elementos sean utilizados para maniobras de desestabilización y de estigmatización desde personalidades hasta grupos activados de militantes políticamente, hasta la intervención vinculadas al negreo como decimos generalmente en la política, recursos que van y vienen a partir de lo que ha sido en buena medida el secreto de presupuestos que se han administrado en buena parte de los treinta y pico de años que estamos hablando.

Si se quiere durante el período del kirchnerismo esto se pudo poner en discusión en el contexto de la reforma inicial con la intervención del organismo durante el último año del gobierno de Cristina que puso una luz sobre esto, pero lamentablemente me parece que acá no ha habido una voluntad política como para poner blanco sobre negro la discusión sobre este aparato que ha funcionado del modo que hemos visto. Acá está el asunto.

Las precisiones que daba el abogado de Macri me resultan insólitas cuando está la verdad que se sabe, incluso uno podría decir la idea de solicitar la cuestión de la eximición del compromiso del secreto puede estar vinculada a información que desde la primera magistratura sea manejada desde noviembre del 2017 en adelante y esto es lo que resulta inadmisible, imposible de entender en el funcionamiento de un aparato de inteligencia en pleno marco democrático.

¿Para qué debió haber servido esta maquinaria? Entre otras cosas para prevenir en términos estratégicos la existencia de potenciales amenazas a nuestros intereses nacionales y ahí tenés lo que nos ha pasado en nuestro Atlántico Sur que aún hoy no tenemos información concreta sobre las razones que derivaron en la pérdida de la única arma que garantizaba capacidad de vigilancia, acecho y control sobre cualquier posibilidad de intrusión británica o de algún otro país en nuestros mares del sur.

No se ha producido inteligencia, no hay registros que uno pueda conocer sobre esto y esta es la peor vergüenza que debe ser expuesta. Si para algo tiene que servir un organismo de esta característica es para salvaguardar el interés nacional y es lo que no hace este aparato.

En Río Negro nos están queriendo instalar una falsa conflictividad para dejar bajo total impunidad la apropiación de tierras estratégicas 

M.H: Nombraste el conflicto con la comunidad Mapuche, se ha hablado de terrorismo, se ha hablado de una zona de guerra, por otro lado, se ha hablado de negocios inmobiliarios y forestales y también, supongo yo, se podría hablar de terrorismo de Estado. ¿Qué opinión tenés sobre este conflicto, sobre la recuperación del campo fiscal en Cuesta del Ternero al norte de la localidad de El Bolsón? 

G.L: Ahí hay un punto que me pareció importante que lo expuso muy claramente la ex senadora Magdalena Odarda que dirige el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Estamos discutiendo la prórroga de la Ley 26.160 de emergencia territorial del 2006 en cuyo marco se empezó a regularizar la situación dominial de muchos territorios que habían sido históricamente reclamados por comunidades a lo largo y ancho del país.

En estos últimos años se han ido publicando resoluciones que han dado cuenta de la materialización de los convenios que tienen distintas provincias que habían adherido a esta ley nacional que habían concertado las comunidades en las distintas jurisdicciones.

Resulta que Río Negro, lo vuelve a denunciar Magdalena Odarda, es la provincia que está en la peor situación históricamente en términos de reconocimiento del escenario de emergencia territorial de varias de las comunidades Mapuches que están en su territorio.

M.H: Yo tengo el dato que no tiene una sola comunidad con título comunitario.  

G.L: Ese es el dato que me parece más relevante.

M.H: Y voy a agregar otro dato. Entre el 2005 y 2012 una Comisión investigadora parlamentaria de la provincia de Río Negro descubrió 141 casos de ventas fraudulentas de 464.848 hectáreas de tierras fiscales. Lago Escondido era parte de esta situación y un tema de seguridad nacional.  

G.L: ¿Para qué están nuestros aparatos de inteligencia? Para producir inteligencia estratégica sobre el modo de operación de ciertos entramados empresariales y públicos territoriales. Porque acá la Intendencia de El Bolsón hasta el gobierno provincial en manos del ex gobernador o la actual gobernadora, personajes como el Sr. Pichetto y compañía han aparecido permanentemente como una justificación permanente de un accionar que ellos atribuían a esta locura que se había impuesto en pleno gobierno de Macri con el caso de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en donde lo que claramente veíamos es que si vos cruzabas esta situación que estamos hablando que tiene que ver con la apropiación de tierras estratégicas para distintos usos por parte de factores de poder económico ligada a la connivencia política, accionar que la justicia también ignora como ha pasado con el caso de Lago Escondido en donde permanentemente la posibilidad de garantizar seriamente un acceso público al lago, en el marco de nuestro propio ordenamiento jurídico nacional, es totalmente vulnerado a partir de la accionar de estas bandas.

Si vos ves todo el panorama y lo terminamos de cruzar este último dato que vos diste de casi 500.000 hectáreas en esta situación hay que ponerlo en el contexto de qué está pasando desde el 2012 en adelante con el cumplimiento o no de lo que está enmarcado en la Ley nacional de tierras que tiene un registro de tierras rurales que funciona en el marco del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y del ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tiene que ser responsable por generar una información permanente y actualizada en términos de las registraciones catastrales de la tierra.

Y te agrego como hecho al periodista Sebastián Premici, ligado al asunto de Panama Papers, que trabajó parte de esta cuestión vinculada con la aparición de miles de hectáreas que figuraban bajo la titularidad de empresas que estaban en paraísos fiscales.

En definitiva, en este caso de Río Negro, que es gravísimo por este triste récord, nos están queriendo instalar una falsa conflictividad para poder dejar bajo cobertura absoluta lo que hace años bajo total impunidad está ocurriendo que es la apropiación de tierras estratégicas en manos de este tipo de alianzas.

Ahora me preocupa que la media sanción que le dio el Senado a esta ley pueda obtenerse cuanto antes en Diputados y ese asunto a mi parecer es muy serio. Entre el 22 y 23 de noviembre, cuando venza esta legislación, pueden darse además situaciones de posibles desalojos en tierras donde no se haya alcanzado algún acuerdo transitorio y eso realmente nos habla de una preocupación potencial que tal vez podría ser utilizada lamentablemente por estos sectores retrógrados para seguir avanzando, echándole combustible a estas estrategias de intervención que son totalmente irracionales.

M.H: Lo del sur es muy preocupante porque están claros los negocios inmobiliarios y forestales que se están jugando, pero yo voy un poco más allá porque creo que ahí hay una cuestión de soberanía nacional, en el caso particular de Lago Escondido es manifiesto, ahí el empresario inglés Joe Lewis ha hecho una pista que permite el aterrizaje de aviones de guerra. El ex presidente Macri no desconocía esta situación porque era asiduo visitante de ese lugar. Ahí hay un problema más allá porque Lewis no explota ese terreno como una cuestión económica en el sentido de un negocio, creo que ahí hay otra problemática.   

G.L: Esta dimensión que vos le das es muy importante que la traigas porque la verdad está en el sustrato del problema y hace a un aspecto que hubiera demandado la intervención preventiva de todo el aparato de inteligencia nacional, lo cual incluye el área de inteligencia criminal en seguridad y ni que hablar todo lo que tiene que ver con el propio aparato de inteligencia, y esto hace años que debiera haber ocurrido.

M.H: Inclusive la causa que había contra Joe Lewis por Lago Escondido prescribió hace muy poco. Entonces la tenencia de esas tierras por el momento ha quedado firme, pero son tierras que deben ser protegidas por el Estado nacional porque hacen a nuestra seguridad como Nación en los límites con Chile. 

G.L: Por un lado vos tenés la llamada zona de seguridad fronteriza que es una legislación que existe desde hace décadas en la Argentina, se remonta incluso a mediados de la década del 40. Y justamente a fines del 2011 había una preocupación relacionada con el estatus que las zonas fronterizas  entre 50 y 100 kilómetros de la zona de frontera en caso de nuestra región limítrofe con Chile y ahí diríamos es donde yo te voy a comentar algo; es necesario que hagamos el mayor esfuerzo posible para saber, porque esto no lo sabemos adecuadamente, en qué estatus están todos los territorios en la amplísima zona de frontera de norte a sur que tenemos con Chile en el marco de lo que establece la Ley de tierra y esta es una cuestión que hay que ponerle el foco principalmente porque sinceramente por ahí se va una parte relevante de nuestra propia capacidad de articulación y consolidación territorial en cuanto capacidad de dominio y de soberanía en término de lo efectivo.

Nuestra comunidad a través de instrumentos adecuados sea capaz de garantizar las capacidades para hacer sobre su territorio las efectivas tareas de gobierno. Eso nos está poniendo ante un gravísimo panorama en donde las condiciones de la gobernabilidad presente y futura se ponen en riesgo.

M.H: Analizando el conflicto con la comunidad Mapuche tanto La Nación como Infobae en tres días publicaron 36 artículos. Es más, TN ha mandado un corresponsal que se ha instalado en la zona y esto es una cuestión de cortina de humo porque incluso en el tema de Lago Escondido cuando en alguna oportunidad se ha querido establecer nuestra soberanía, nuestra posibilidad de llegar a la zona, Lewis ha tenido la protección de nuestra Gendarmería y Prefectura; es gravísimo, incomprensible. 

G.L: Y además de un cuerpo de seguridad privado en convivencia con el accionar público.

M.H: Es muy preocupante y se ha generado también toda esta situación con la comunidad mapuche que de alguna manera actúa como una cortina de humo que esconde estas situaciones que son gravísimas.  

G.L: Lo cierto es que la cuestión estratégica territorial ni siquiera ocupándonos del tema de la Ley 26.160, de la gravedad y urgencia que tiene esto. Ese es un enfoque que es importante hacerlo pero tiene que ser enmarcado en una cuestión de orden superior que tiene que ver con este enfoque geoestratégico territorial.

M.H: Aparte hay un tema más allá de toda discusión, por ahí voy a decir algo que no corresponde, pero creo que es pertinente hacerlo, la comunidad mapuche no es un peligro militar para la Argentina, tenemos otros temas más delicados. La última vez estuvimos discutiendo y conversamos sobre reclamos que hace Chile sobre nuestro territorio. Entonces me parece que tenemos que centrarnos en las cuestiones de fondo a menos que consideremos que las comunidades mapuches son un peligro desde el punto de vista militar para la soberanía de nuestro país. 

G.L: Lo que pasa, haciendo una breve referencia a esto, estos sectores reaccionarios instalados en la opinión pública y en las dirigencias, por ejemplo, en Río Negro, pretenden instalar el típico esquema seguritista y militarizado que existe del otro lado de la frontera que ya ha habido antecedentes de implementación del marco de la legislación terrorista heredada del pinochetismo a las comunidades mapuches.

M.H: No seamos tontos, por no decir otra cosa. No puede ser que nosotros estemos considerando como un enemigo a las comunidades mapuches y nos hagamos los tontos que Joe Lewis, ciudadano inglés, ha hecho una pista de aterrizaje en Lago Escondido que permite el desembarco de aviones de guerra de última generación. Y para peor prescribió la causa que cuestionaba la posesión de esas tierras. Lo estamos viendo como un problema casi vinculado al ministro Aníbal Fernández pero yo creo que acá deberían intervenir el ministro de Defensa, Taiana, que no dice nada, hasta inclusive el ministro de Relaciones Exteriores, que posiblemente no lo hace debido a su inexperiencia, se lo concedo, pero no a Taiana. 

G.L: Yo diría que Relaciones Exteriores, Defensa y si tuvieras, que este es el drama argentino, un aparato de inteligencia nacional estratégico.

M.H: El aparato lo tenés para escuchar a los familiares del ARA San Juan y no para estos temas centrales que hacen a la defensa nacional. 

G.L: Por eso si esto funcionara seriamente en el marco institucional y lo que la propia legislación establece, vos ahí tenés el trípode Cancillería, Defensa e Inteligencia estratégica nacional. Si nosotros no reconstituimos ese entramado, incluso para dejar de considerar o desvirtuar estas fantásticas e infames cortinas de humo que nos generan, estamos fritos.

Creo que tenemos que tratar de generar estado de opinión permanentemente para instalar esto y que el problema es de orden estratégico territorial, tiene que ver con nuestra integridad como Estado nacional y, en última instancia, con conspirar contra la vida y bienes que es lo que defiende la Ley de defensa nacional de nuestros propios habitantes, de accionar de personajes como estos, Lewis y todos los que han podido ser en todos estos años ante los ojos impávidos que miran con disimulo absoluto de toda la dirigencia política.

Fuente: www.rebelion.org

 
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