A las puertas de otro 24 de marzo
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- Categoría: Entrevistas
- Publicado: Domingo 21 de Marzo de 2021
María del Carmen Verdú, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Insitucional, reflexiona durante esta entrevista realizada por Mario Hernandez, sobre el aumento de los femiciios y situaciones de violencia machista y patriarcal durante el aislamiento por la pandemia, frente al descenso de los demás delitos. Aborda también el tema de los fallecimientos en establecimientos del Servicio penitenciario federal y el reclamo y acampe de familiares frente a la Corte Suprema de Justicia.
Mario Hernandez: ¿Cómo viviste el Día Internacional de la Mujer Trabajadora?
María del Carmen Verdú: Una jornada diferente a otras, en primer lugar, porque es el primer 8 de marzo con posterioridad a la sanción de la Ley del aborto seguro, legal y gratuito, con lo cual esta vez la consigna referida al punto central de nuestro reclamo de tantas décadas no fue la sanción de la ley, sino la exigencia de su implementación de manera eficaz y garantizando los derechos de las personas.
Eso ya le ponía una impronta muy particular y también porque fue un 8 de marzo en el marco de la pandemia. El año pasado el 8 de marzo hacía 5 días que había entrado el primer paciente infectado de Covid19 al país, todavía no nos imaginábamos que íbamos a encarar una situación como la que venimos viviendo, primero con el ASPO, ahora con el DISPO, la continuación de cuidados, toda esta nueva normalidad, la virtualidad, el teletrabajo, la necesidad de respetar protocolos, etc.
Entonces, naturalmente, fue una movilización marcada por esta falta de abrazos, de compartir el mate y con la consecuencia directa que el marco de la pandemia ha tenido en relación a los derechos de mujeres y disidencias, porque justamente durante este período, la disminución de la circulación, las medidas de aislamiento influyeron en un descenso de muchos delitos, prácticamente todos, y en cambio los que subieron fueron los femicidios y las situaciones de violencia machista y patriarcal porque no hay lugar más inseguro para una mujer o una disidencia vulnerabilizada que su propia casa. Todo eso le puso un tinte muy particular que lo distingue de otros 8 de marzo.
M.H.: Por otro lado, quería consultarte, porque la Procuraduría de violencia institucional, PROCUVIN, a cargo del Fiscal Héctor Andrés Hein, relevó que en 2020 se registraron 58 fallecimientos en establecimientos del Servicio penitenciario federal, la cifra más alta en los últimos 10 años.
M.C.V.: No conozco esos datos de la PROCUVIN. Pero sí los datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación que es un organismo que forma parte del ministerio de Justicia y tiene un control bastante importante en materia de datos de registros de fallecimientos en los penales federales; ellos tienen ese registro de 58 muertes al 4 de enero de 2021. Con la particularidad que hay muchísimos casos que cuando los chequeamos y los cruzamos con información que nos llega de familiares de personas muertas en lugares de detención, solemos encontrar mayor cantidad.
De todas formas es una fuente bastante confiable, la Procuración Penitenciaria de la Nación, como también el registro que tiene de torturas y malos tratos de los que registran casi 500 casos. De los cuales solo en 140 casos las personas se animaron a hacer denuncias penales en el curso de 2019. En 2020 no han registrado, seguramente por la imposibilidad de visitar los penales no tienen actualizado el registro de torturas.
A eso le tenemos que agregar las muertes en comisarías y, por supuesto, las muertes en penales del resto de las provincias. Los penales de la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias argentinas tienen sus propias unidades de detención. Si vamos a los datos del Archivo de Correpi, cuya última actualización presentamos el 18 de diciembre de 2020, vemos que son de tal cantidad las muertes en el conjunto de todos los lugares de detención en la Argentina, que de las más de 400 muertes ocurridas a partir del 10 de diciembre de 2019 hasta mediados de noviembre de 2020, que es cuando cerramos el registro de datos, casi 2/3 partes corresponden a muertes bajo custodia.
De hecho, de esas más de 400 muertes, teníamos que el 66% durante 2020 habían ocurrido en lugares de detención, cárceles provinciales, cárceles federales, comisarías e institutos de menores.
M.H.: Reclamo y acampe de familiares frente a la Corte Suprema de justicia. ¿Qué motiva esta actividad?
M.C.V.: Justamente lo que venimos señalando desde el inicio de la emergencia sanitaria era que debía prestarse desde el Estado, particular y urgente atención a los problemas que la pandemia traía aparejados en el ámbito de las personas privadas de su libertad. Porque precisamente, en una cárcel, en un calabozo de una comisaría, en un instituto de menores, de la misma manera que sucede en un geriátrico, por poner un ejemplo no vinculado a un espacio del sistema penal, están todas las condiciones dadas para la propagación muy rápida, casi imposible de contener del virus en caso de atravesar los muros y entrar al establecimiento.
Por eso inicialmente el reclamo era por el cumplimiento de protocolos que, asumidos por el personal penitenciario impidieran el ingreso de la enfermedad en las unidades penales y en las comisarías. De hecho con una actitud heroica que tomaron las personas privadas de su libertad, por decisión propia, que fue la suspensión de visitas en el mes de marzo, pero que traía aparejada la total carencia de alimentos, elementos de higiene y limpieza.
Todos sabemos que una persona privada de su libertad no vive ni se higieniza ni limpia su calabozo con elementos provistos por el Estado, sino con la mercadería que le lleva el familiar en la visita. Ese primer reclamo, que no fue escuchado y que fue respondido con represión, justamente una de las características del año pasado es que tuvimos nueve muertes en todo el país vinculadas a la represión directa en lugares de detención por protestas. Primero hubo cinco en la provincia de Santa Fe, en Las Flores y Coronda, después hubo otras cuatro en Florencio Varela, en Corrientes, en Jujuy y estos últimos cuatro fusilados directamente por la espalda con balas de plomo por personal penitenciario, cosa que no había sucedido en muchísimos años en nuestro país.
Por supuesto eso no se cumplió y se respondió con represión esas protestas, y tampoco se atendió el segundo punto de esos reclamos, que era la necesidad de descomprimir la situación del espantoso hacinamiento que sabemos que hay en las cárceles, con lo que se empezó a plantear a principios del año pasado, acelerar los expedientes que estaban en juzgados de ejecución, de personas a punto de cumplir la condena que ya estaban en condiciones de recibir alguna medida específica como libertades asistidas, domiciliarias y demás.
Por la reacción infernal que tuvieron los sectores de la derecha más rancia, pero también desde dentro del propio partido de gobierno, como el caso de Berni, por ejemplo, furibunda campaña de falsas informaciones en los medios, hablando de la masiva liberación de presos, cosa que hasta el propio Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires tuvo que salir a desmentir, diciendo que entre el 21 de marzo y el 21 de abril del año pasado, fecha en la que se hablaba de esto, habían salido por cumplimiento de la pena menos personas en libertad que en el mismo período del año anterior porque justamente la feria judicial había paralizado el trámite de los expedientes en curso en los juzgados de ejecución penal.
Naturalmente, al no escucharse estos dos reclamos elementales, el Covid entró en las cárceles y es una de las causas por las que tenemos semejante cantidad de muertes durante 2020, tanto en cárceles federales como provinciales y también en comisarías de distintos lugares del país que fueron consecuencia directa de la enfermedad o de las medidas de aislamiento, como el caso de Florencia Magalí Morales en San Luis que fue detenida porque salió en la bicicleta a hacer una compra de cercanía en un pueblo, Santa Rosa del Conlara, sin darse cuenta que ese día le tocaba salir a quienes tenían DNI terminado en el número que no le correspondía, la detuvieron y en menos de 24 horas estaba muerta, supuestamente suicidada, en la comisaría de Santa Rosa del Conlara. Todo este escenario es el que explica por qué al día de hoy siguen habiendo reclamos de parte de las personas privadas de la libertad y de sus familiares.
M.H.: ¿Querés agregar algo más?
M.C.V.: Simplemente señalar que estamos ya ingresando en la tercera semana de marzo, en menos de una semana vamos a estar ante un nuevo 24 de marzo, también un 24 de marzo distinto, porque no olvidemos que la del año pasado fue la primera gran movilización que se suspendió porque estábamos en pleno confinamiento y no teníamos las herramientas que tenemos hoy para aplicar protocolos seguros y poder reunirnos sin asumir riesgos innecesarios.
Este 24 de marzo, junto al EMVJ, vamos a marchar de Congreso a Plaza de Mayo como lo hemos hecho durante todos estos años, por supuesto guardando distancia, con barbijo, sin compartir absolutamente nada, ni mate, ni una botella de agua, pero estaremos allí. Por supuesto muchas de las madres, estarán virtualmente, porque en sus casos ni siquiera tomando todas esas precauciones y resguardos es seguro que concurran, no todas han recibido sus dos dosis de vacunas y aun así es necesario seguir cuidándolas.
Esperamos a todos y todas en esta movilización en Plaza de Mayo a la que iremos con las consignas históricas del Encuentro y con las que nos impone la realidad actual, que tienen mucho que ver con la situación represiva, con esta respuesta más represiva que social frente a la situación de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo.