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Las familias inquilinas y el proceso de inquilinización en CABA

Jonatan Baldivieso del Observatorio de la CABA habla sobre la situación y la problemática de las familias que, por no poder acceder a vivienda propia, deben alquilar. Este proceso de inquilinización “trae como consecuencia por un lado que más propiedades o inmuebles se concentren en pocas manos y que más familias necesiten todos los meses ingresos económicos para asegurarse la vivienda “, afirma en esta entrevista realizada por Mario Hernandez


Mario Hernandez:
Realizaron un Encuentro sobre la problemática de las familias inquilinas y el proceso de inquilinización de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hablaron en ese encuentro? ¿Han resuelto algún tipo de reivindicación o medida al respecto? ¿Quiénes participaron? 

Jonatan Baldivieso: Todos los martes desde la Coordinadora estamos haciendo encuentros temáticos en el contexto de que el gobierno ha decidido avanzar con la actualización del Plan urbano ambiental que sería la ley más importante de la Ciudad con relación a la planificación. Y en esa línea desde la coordinadora venimos haciendo estos encuentros para ir consensuando un diagnóstico de lo que viene pasando en la Ciudad para consensuar prioridades, porque no vamos a poder resolver todos los problemas que tiene la CABA en los próximos años y también para poder ir ofreciendo propuestas.

Hace dos semanas tratamos la problemática de las familias inquilinas y el proceso de inquilinización por el cual en las ciudades y en este caso concreto la Ciudad de Buenos Aires se va incrementando el número de familias inquilinas a medida que disminuye el número de familias propietarias. Eso trae como consecuencia por un lado que más propiedades o inmuebles se concentren en pocas manos y que más familias necesiten todos los meses ingresos económicos para asegurarse la vivienda. En CABA en los 90 había un 10% de hogares que alquilaban, en 2001 el 20%, en 2010 el 30% y ahora estamos llegando al 40%.

M.H.: De cuántas personas o familias hablamos.

J.B.: Es aproximadamente el 40% de la población y en CABA somos 3 millones de personas así que serían alrededor de un millón doscientas mil personas. Esas son las cifras formales, no hay cifras exactas porque no hay un registro. Esperemos que eso cambie con la nueva Ley de alquileres que obliga a registrar los contratos de alquiler en AFIP. Aunque eso no creo que llegue a alcanzar la cantidad de contratos informales que hay en inquilinatos o en las villas de la ciudad, pero será un pequeño avance hacia la transparencia.

Lo que nosotros planteamos es que hay una mirada con relación al alquiler como solución a la vivienda, con la posibilidad de acceso de las familias a la vivienda y, por lo tanto, nos preocupamos por cómo equilibrar la relación de fuerzas entre los propietarios y las familias inquilinas y cómo logramos que la permanencia del alquiler no sea tan onerosa para las familias.

Es una mirada con el eje en la pobreza, cómo hacemos que una familia que no tiene un bien, pueda acceder a él. Pero la mirada que no estamos teniendo es la de la desigualdad y es en eso en lo que nos concentramos en el encuentro. La mirada de la desigualdad urbana es que estamos consolidando una nueva clase social urbana, la de las familias inquilinas y las de los propietarios. Y lo que estamos haciendo, si no otorgamos una alternativa a las familias inquilinas para que puedan llegar a ser propietarias, estamos generando deudores perpetuos, porque la familia para garantizarse un techo, si no está la alternativa en la que vayan a ser alguna vez propietarios, lo que van a hacer es alquilar toda su vida, y eso es ser deudores perpetuos.

Entonces lo que decimos es que el derecho a la vivienda se mercantiliza al extremo cuando una familia tiene que endeudarse toda la vida para acceder a un bien. Justamente deja de ser un Derecho Humano, porque si las familias no tienen un ingreso económico van a quedar en la calle. Y la gran discusión, ahora que estamos pensando la planificación, estamos pensando en simultáneo en la crisis sanitaria, la pandemia y la post pandemia, es si queremos tener una comunidad porteña con esta fractura social  urbana o tender hacia la igualdad.

Luego veremos la cantidad de medidas que hay que tomar en la transición como el alquiler social, modificar y regular el mercado inmobiliario, pero tenemos que tener una gran directriz, si queremos ir consolidando esta desigualdad o queremos mitigarla.

Porque hay miradas, principalmente desde organismos internacionales que están diciéndole a las ciudades “dejen de adoptar medidas para que las familias inquilinas accedan a una propiedad, eso no va a suceder. Consolidemos el alquiler como la solución habitacional”. Y creo que eso olvida este eje de la igualdad y además genera una anti democratización de la ciudad, porque todos los meses, la gran transferencia de dinero, casi el 40 o 50% del ingreso familiar, se transfiere a los propietarios que utilizan ese dinero para poder comprar más tierra urbana. Entonces si cada 10 años aumentamos un 10% de acá a una década en diez años vamos a estar como Berlín que tiene el 80% de la población alquilando. Y eso no es un mercado inmobiliario democratizado sino que es una ciudad que literalmente va a pertenecer unos pocos.

M.H.: Y donde es muy difícil alquilar además. Yo tengo una sobrina viviendo en Berlín y ella tuvo mucho tiempo dificultades para poder alquilar.

J.B.: Por eso, cuando uno concentra mercado, ese grupo selecto va a seguir teniendo más poder. Por eso cuando reivindicamos del derecho a la ciudad y una democracia participativa, hablamos siempre de desconcentrar el poder, porque cualquier concentración del poder genera que ninguna institución estatal en ningún mercado funcione.

Siempre que haya concentración del poder se desvirtúa cualquier situación de igualdad. Y la concentración del poder económico en la ciudad es el inmobiliario y ya hemos visto cómo funciona durante estos últimos años, con este gobierno donde la planificación la deciden los operadores inmobiliarios y no la ciudadanía. Y donde el mercado inmobiliario genera estos abusos y sobre exigencias a los inquilinos, que nosotros estamos planteando que es el nuevo servilismo de la modernidad y, sobre todo, que ni se discuta el por qué hemos organizado a la sociedad de esta forma.

Cuando en su momento, cuando hablamos de los medios de producción, de quiénes se iban a quedar con las empresas, surgieron filosofías muy fuertes, estaba el liberalismo, el socialismo, hubo guerras, revoluciones, pero ahora que estamos discutiendo quiénes se quedan con los medios de reproducción de la vida, como es la vivienda, no hay debate. No hay debate en CABA, ni en Argentina. A lo sumo debatimos cómo lograr unos derechos más en el acceso al alquiler.

Por eso estamos planteando que la nueva planificación tiene que ser un eje central de no generar una nueva fractura social urbana a las fracturas espaciales que ya viene generando el mercado, la clásica norte-sur, y que nosotros agregamos una más que es este-oeste entre la ciudad ribereña y la ciudad mediterránea dentro de la CABA.

M.H.: Hay una dificultad producto de la pandemia para abonar los alquileres. Hay un retraso, se habla de un 30%, también con respecto al pago de las expensas. ¿Qué información tenés?

J.B.: Esa es una encuesta que ha realizado la agrupación “Inquilinos agrupados” que viene haciendo informes periódicos muy importantes, porque justamente detallan y muestran la situación de las familias inquilinas. Es raro, porque son tantas las familias que están en esa situación pero si no fuese porque está mostrado por estas agrupaciones no se vería como un conflicto social, sino como una comparación o una situación de responsabilidad particular de cada familia, no como un problema social.

Ahí lo que muestran es que más de la mitad de las familias están endeudadas, deben algún alquiler o una parte de los costos del alquiler y que en el mes de agosto el 30% ya no va a poder pagar el alquiler. Eso lo que demuestra es que uno cuando inquiliniza una ciudad debilita o pone en una situación muy frágil a la cantidad de familias que tienen que conseguir ingresos económicos, porque durante las crisis económicas esas familias no solo ponen en riesgo la cuestión alimentaria sino también la vivienda. Ya no solo va a haber un problema de hambre y desempleo como hubo en 2001, sino que también se pone en riesgo la vivienda y eso es mucho más traumático, quedar con la familia en la calle.

M.H.: Tengo entendido que ya se han producido desalojos.

J.B.: Está el Decreto de necesidad y urgencia 320 que dictó Alberto Fernández, justamente por este contexto de crisis económica y alquileres que se vencían y familias que no iban a poder pagar los alquileres, que está únicamente dirigido a los alquileres. Los desalojos que se siguen llevando adelante son los de inmuebles ocupados, no de inmuebles alquilados. Y desalojos de alquileres en las villas, porque es un mundo aparte donde el Estado no penetra. Ahí no podés decir que hay un DNU que permite no pagar la deuda, si no pagás te sacan a patadas.

Entonces, por más que el decreto de Alberto protege los alquileres en general, se está aplicando únicamente a los alquileres formales. Y tampoco está teniendo tanto impacto porque eso genera muchas relaciones traumáticas entre el propietario y el inquilino.

M.H.: Aparte después lo tienen que pagar.

J.B.: Claro, van a tener que pagar dos alquileres juntos. Hay todo un esfuerzo para tratar de no usar este derecho que otorgó el Presidente porque esas personas no van a tener el doble de ingresos después. Es una incertidumbre muy fuerte, porque después empiezan a haber intimaciones, abogados de por medio. En todo caso se deberían haber establecido plazos más largos, otro tipo de distribución de cargas. El Estado así como ayuda a las empresas tendría que ayudar a las familias inquilinas. Pero peor es en los barrios populares, donde el Estado tendría que haber dado algún tipo de subsidio.

Como te decía estos encuentros tienen la particularidad de ir consensuando diagnósticos y propuestas. Y entre las propuestas se aprobó empezar a impulsar una gran reforma urbana que implique la desconcentración de la tierra, que implique poner en el eje del debate esta cuestión de la inquilinización, también que se empiece a impulsar una política de alquiler social, que la Ciudad de Buenos Aires no tiene, no tiene propiedades del gobierno en alquiler, construye, entrega pero no tiene propiedades en alquiler como una medida de transición para aquellas familias que no pueden pagar un crédito.

En Europa hay ciudades que tienen hasta el 20% del parque inmobiliario en manos del gobierno. En CABA no tenemos ni una vivienda en esa situación. Para ver cuán lejos estamos de garantizar la vivienda. Y salió la propuesta en relación de los alquileres ociosos, tiene que haber alguna política que impulse y estimule que esos inmuebles ociosos empiecen a tener un uso efectivo. Ahí linealmente, si esos inmuebles ociosos se pusieran en uso efectivo de vivienda, eso generaría que finalizara el déficit habitacional de la ciudad. Así que es un número importante para tener en cuenta para ser una gran herramienta para garantizar el acceso a la vivienda. 

“Que lo esencial no sea invisible” 

M.H.: “Que lo esencial no sea invisible”. ¿Por qué?

J.: El título largo era “Que lo esencial no sea invisible a la memoria” para que no olvidemos cómo se ha dado la gestión del gobierno de la CABA en esta pandemia, porque si no los acuerdos políticos, los nuevos problemas que se presenten en la post pandemia, de la que todavía no terminamos de salir, nos van a hacer olvidar -como suele pasar en la Argentina- cómo se ha gestionado esta pandemia, ocultar con el cerco mediático los errores, equivocaciones y decisiones voluntarias que ha tomado el gobierno en contra de los sectores populares y a favor de continuar con los negocios inmobiliarios en la Ciudad.

Lo que nosotros reflejamos en el informe es justamente cómo ha sido la gestión y la administración del gobierno respecto de los sectores que el propio gobierno había determinado como más críticos a nivel sanitario por la pandemia. Los geriátricos, las personas en situación de calle y paradores, y la cuestión de los barrios populares. Hicimos un análisis de cómo en todos los casos hubo que acudir a la justicia para que el gobierno elabore protocolos, algo que debía ser esencial.

Cuando se estableció el aislamiento social obligatorio era justamente para dar tiempo al Estado para que se pueda preparar, tanto desde el punto de vista sanitario como de otros servicios que el Estado debería brindar como servicios por el aislamiento. En la CABA ese tiempo ganado lamentablemente fue inutilizado. En relación a los protocolos, por ejemplo, en los paradores todavía no existe un protocolo integral.

M.H.: Y acaban de cerrar un sitio donde los iban a atender.

J.: Y sigue estando esta situación de discriminación; a una persona en situación de calle cuando se contagia de Coronavirus lo mandan a un parador, cuando al resto de los habitantes de la la Ciudad los envían a un hotel. Se ha decidido aglomerarlos en paradores, cuando ya era una violación al derecho a la vivienda anteriormente y ahora por la crisis sanitaria era mucho menos recomendable hacinar a personas durante 24 horas conviviendo porque en ese momento iba a ser imposible si ingresa el virus, evitar el contagio masivo, como ha pasado en varios paradores.

El tema de los barrios populares ha sido escandaloso, creo que el gobierno de la Ciudad ha tenido mucha suerte en que la tasa de mortalidad no sea tan elevada. Habría que investigar por qué las tasas de mortalidad no son tan altas como en otros países, pero barrios enteros como la Villa 31 se ha contagiado la mitad de la población. La 21-24 cuando llegó el Plan Detectar se habían empezado a incrementar los contagios, pero fue tan mal implementado que en vez de ser una medida de contención y mitigación fue una medida de aceleración de los contagios porque juntaban en habitaciones a personas no contagiadas y contagiadas. Tenemos los videos de mujeres con sus hijos en una habitación con una persona contagiada, a la que no se le había informado que lo estaba.

La falta de agua en los barrios, la falta de luz durante semanas. Todos estos no son problemas actuales, son problemas que el gobierno viene acarreando hace muchos años, lo que indica una responsabilidad acumulada. Tampoco tuvo la voluntad de solucionar el problema de manera urgente y destinar presupuesto en forma inmediata cuando ocurrió la pandemia. Se tuvieron que hacer acciones legales para las villas.

Hace casi 2 meses que el gobierno no presenta informes diciendo que garantizó agua potable a los barrios. Hay un desinterés muy profundo. Los protocolos para las villas también demoraron meses en salir, también se tuvieron que hacer acciones judiciales. Al día de hoy no hay protocolo para contagios en edificios residenciales, los administradores no saben qué tienen que informar y qué no. Nos llegan preguntas de todos los barrios, de administradores que no saben si la persona contagiada puede o no salir, qué se hace. Creo que hay una anarquía en muchos lugares, mientras el gobierno lo único que le preocupaba era hacer videos respondiendo preguntas, reuniéndose con los voluntarios.

Todos los días, los funcionarios y funcionarias en vez de reunirse con la ciudadanía afectada para ver cómo afrontar y mejorar la prestación del gobierno y de los servicios públicos, se reunía con los voluntarios para mostrar la solidaridad de los porteños y porteñas y mientras tanto en paralelo, cómo no se abandonaban los negocios inmobiliarios en la Ciudad. Cómo avanzaban estos proyectos en la Legislatura, cómo se votaba una ley para que las audiencias públicas sean virtuales porque sin esas audiencias públicas no podían seguir avanzando con la venta de inmuebles como se va a avanzar ahora, con convenios urbanísticos, con la nueva modificación del Código urbanístico de la Ciudad.

Uno pensaría que la modificación que estaba suspendida se tendría que rediscutir porque sucedió la pandemia y vimos cuáles son las debilidades de la Ciudad, pero no, ellos deciden seguir con el Código viejo modificando cuestiones que reclama el mercado inmobiliario. Había algunos vacíos legales pero no para mejorar el Código a favor de la ciudadanía. La Legislatura llegó a estar sin sesionar un mes porque un juez había impedido que se sigan tratando dos proyectos para negocios inmobiliarios en el predio conocido como el Triángulo de Salguero y otros predios en Villa Crespo. Como si no hubiese urgencia en discutir tantas otras cuestiones en la Ciudad.

M.H.: Lo de Villa Crespo se frenó ¿no? Dialogué con los compañeros de la Asamblea hace un tiempo.

J.: Por ahora está suspendido por un Juez Federal a la espera de que la Agencia de administración de bienes del Estado elabore un informe sobre la legalidad del traspaso de tierras de Nación a Ciudad. Recordemos que ese fue un tema pre pandemia bastante álgido, que se discutió en enero y febrero, incluso intervino el Presidente de la Nación con un decreto solicitando una auditoría de si los traspaso que se hicieron en los últimos meses, antes de la salida de Mauricio Macri de la gestión presidencial, eran o no legales porque se habían transferido más de 80 hectáreas de Nación a Ciudad.

M.H.: Veo que el Observatorio de la Ciudad ha iniciado un montón de causas, por distintos motivos. Lo que veo también es que hay una apelación sistemática a las sentencias judiciales de parte del Gobierno de la Ciudad. ¿Es así o me equivoco?

J.: Es así. El gobierno no solamente tiene el derecho de apelar, que eso no sería lo grave, sino que hay un incumplimiento sistemático de todas las medidas cautelares porque la apelación de la medida cautelar no suspende la vigencia de la medida.

Pero el gobierno entiende y tiene ese poder sobre el Poder judicial, de incumplir las medidas cautelares sistemáticamente. Incumple la medida cautelar del agua, de entregar computadoras e internet a los estudiantes que ya llevan medio año sin clases y el Juez Gallardo sacó una resolución diciendo que si no cumple la cautelar va a hacer una denuncia penal al gobierno de la Ciudad y a la ministra de Educación, porque no puede ser que hace tres meses que sacó la medida cautelar y el gobierno no haya cumplido ni una oración de esa medida cautelar. Incumple la medida cautelar de elementos de protección en los hospitales, en los paradores.

M.H.: O tira la pelota afuera como, por ejemplo, con el tema de la provisión de agua en las villas que dice es un problema de Aysa.

J.: Nosotros vemos la gravedad de la perspectiva de la situación actual en relación a la última epidemia de la CABA, la generación de esa época se puso a pensar, determinó la causa y avanzó con una infraestructura de solución de fondo y después de casi 150 años estamos discutiendo con esta clase política si las familias de las clases populares tienen derecho a tener agua potable o no, estamos discutiendo camiones aguateros luego de 150 años de evolución de la Ciudad, estamos en este nivel de discusión. Creo que eso es sumamente alarmante, muy grave, porque da cuenta de quiénes están dirigiendo la Ciudad.

Aparte tenemos otra visión, para nosotros, no debe haber capitanes dirigiendo un barco en la tormenta, sino que tiene que haber una comunidad organizada, discutiendo y deliberando. No es que este es un problema tan grave que uno tiene que tomar decisiones de un día para el otro, estamos hace varios meses en aislamiento social obligatorio, se podría haber establecido elementos de democracia participativa más profundos, en vez de que la Legislatura se declare improcedente y delegue los poderes en el Jefe de gobierno se podrían haber establecido mecanismos de participación para ver que los barrios por lo menos puedan co-decidir con el gobierno cómo se va a llevar la prestación del agua, de los servicios alimentarios, cómo las familias inquilinas y los hospitales de la Ciudad van a regular los protocolos en los edificios, cómo se va a hacer una gestión centralizada del sector público o privado de la salud. Muchas discusiones que se podrían haber avanzado. Cómo va a ser la construcción del espacio público, los servicios públicos, la planificación de la Ciudad.

En todos esos temas estamos en niveles de discusión muy bajos, muy superficiales y con la voluntad del gobierno de no hacer absolutamente nada como durante los últimos 12 años. La pandemia es una oportunidad de cambio o una oportunidad de mostrar el verdadero rostro que tiene este gobierno y nosotros lo ponemos en el informe, es un rostro que ha decidido sacrificar a los barrios populares.

El barrio Carlos Mujica es un claro ejemplo de esto, haciendo que grandes sectores de la Ciudad se contagien masivamente. No sé si habrán tenido esa teoría de la inmunidad de rebaño, pero la aplicaron en el barrio C. Mujica, logrando que todos se contagien más rápido. Por eso decimos que tienen suerte en que la tasa de mortalidad no sea tan alta, luego veremos si es por cuestiones de vacunas previas que tenía la población, cuestiones genéticas, de que las poblaciones de los barrios populares no tienen un promedio de edad tan avanzada justamente porque por la desigualdad urbana que existe mueren 10 años antes del promedio en relación al resto de la ciudadanía. Todas esas cuestiones se verán a futuro pero el gobierno tuvo la suerte de que este sacrificio de barrios populares no tenga un gran costo político porque no ha tenido una tasa de mortalidad muy alta. 

M.H.: Te quiero preguntar algo que se me acaba de cruzar por la cabeza. Vos sos oriundo de Jujuy ¿qué te comentan tus familiares de la situación que se vive allá? Es una situación muy extrema la que se está viviendo en Jujuy.

J.B.: Antes de la pandemia incluso, la situación económica era ya muy mala. Es una provincia que depende mucho del Estado, de las inversiones estatales en construcción de vivienda, obra pública, si el Estado no invierte la economía no funciona. Solo pequeños nichos como puede ser Ledesma y las tabacaleras. Si el Estado no mueve la economía, la economía está paralizada. Y había ya un problema económico muy grande con grandes necesidades y la pandemia ha venido a profundizar esta situación porque a la falta de inversión se le suma las restricciones del aislamiento social obligatorio que ahora en Jujuy está muy complicado porque está colapsando el sistema sanitario y están ya no en fase uno, sino en fase cero. Fase uno sería que podés pedir comida, están cerrados los locales pero podés pedir delivery, ahora están cerrados todos los locales, prácticamente está paralizada toda la ciudad.

Entonces van a ser regiones y provincias que van a necesitar un gran impulso económico desde el Estado para no generar un incremento masivo de la pobreza y la indigencia. Que ya estamos a niveles muy altos, todos los números que están dando organismos internacionales, consultoras de Argentina, llegan al 60% de la niñez pobre y al 40% de la totalidad de la población pobre.

 
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