Habrá referéndum contra la Ley de Urgente Consideración
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- Categoría: Uruguay
- Publicado: Miércoles 14 de Julio de 2021
Se precisaban 650.000, el 25% del padrón electoral de habilitados. La meta que se fijó la Comisión Nacional Pro Referéndum era de 700.000 y el jueves 8 al mediodía se comunicó, en la sede central unitaria de trabajadores PIT-CNT, la cifra de 763.443 firmas obtenidas en un país de poco más de tres millones de habitantes.
(Nicolás Centurión - CLAE) Uruguay - En las elecciones de 2010, el presidente derechista Luis Lacalle Pou había obtenido menos votos que firmas el referendo. El próximo paso será la consulta en diciembre de este año.
La LUC es el buque insignia del gobierno de derechas liderado por Luis Lacalle Pou. La ley entera abarca unos 476 artículos. Las organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales y el Frente Amplio se embarcaron en derogar 135 artículos de ésta, ya que consideran que son los más regresivos.
Los tópicos más acuciantes y a dirimirse a fin de año, comprenden: seguridad pública (legítima defensa, abuso policial), secretaría de inteligencia estratégica del Estado, educación, economía, empresas públicas, sector agropecuario, relaciones laborales y seguridad social, desarrollo social y salud, normativa sobre la emergencia en vivienda y otras disposiciones.
La LUC es una reforma del Estado, dentro de una ley ómnibus y con un tiempo acotado de debate parlamentario. A grandes rasgos, inicia un proceso de mercantilización de la educación pública, vacía y recorta en las empresas públicas, inicia una reforma de la seguridad social aún más perniciosa que la que se instruyó en 1996. En materia de seguridad amplía los marcos de la legítima defensa, duplica el tiempo de detención en las comisarías y deja a criterio subjetivo
El gobierno optó por rehuir del debate, negó la cadena nacional a la Comisión Pro Referéndum, en los medios de comunicación la campaña de firmas no apareció dentro de los diez primeros temas de su agenda. A pesar de ello y en contexto de pandemia, con la policía haciendo “inteligencia” sobre los militantes que juntaban firmas, se alcanzó la cifra requerida y por amplio margen.
Esto implica una inyección anímica y moral en toda la militancia de a pie que cargó en sus hombros la campaña.
Lo que viene
A pesar del entusiasmo que implica alcanzar una meta deseada, la primera victoria del campo popular en casi 18 meses de gobierno neoliberal, el panorama económico-social sí que no es promisorio. La LUC seguirá en vigencia hasta el referéndum, el presupuesto quinquenal se está ejecutando y la rendición de cuentas la acaba de recibir el Parlamento donde se prevén más recortes.
“Hoy empieza el segundo tiempo del partido y hay que jugarlo con la misma actitud, hablando con todos, sin levantar muros, colocando argumentos y firmeza, pero sobre todo colocando ternura a una propuesta que defiende a los más débiles, que no quiere dejar que en Uruguay se legisle con tan poca calidad democrática”, dijo Marcelo Pereira, presidente de la PIT-CNT.
A partir de la entrega de las firmas, la Corte Electoral tiene 150 días hábiles para hacer el estudio de las adhesiones presentadas y legitimar su validez. Si al finalizar ese período el pronunciamiento es favorable, comienza a correr un nuevo plazo de 120 días hábiles para convocar al referéndum. En cualquier caso, hay un plazo de diez días hábiles para presentar un recurso de apelación.
Esta semana fueron interpelados los ministros de Salud y Economía, Daniel Salinas y Azucena Arbeleche respectivamente. El primero expresó lisa y llanamente, que alrededor del 15% de la mortalidad por Covid-19 del Uruguay, se podrían haber evitado. En su momento el Frente Amplio apuntó contra el gobierno por las muertes evitables y el Presidente acusó a la oposición de ser “caranchos” (ave rapaz y carroñera).
Luego la ministra Arbeleche se granjeó por haber ahorrado en medio de la pandemia. Yendo a contramano de las políticas que se están implementando alrededor del mundo e incluso a la derecha del Fondo Monetario Internacional (FMI). En su discurso quedó más que claro que el gobierno está más preocupado por el déficit fiscal que por los más de 100 mil desempleados, 80 mil en el seguro de paro y otros tantos miles que se alimentan día a día en ollas populares.
La reacción
En la noche del 7 de julio, cuando se rumoreaba que se habían alcanzado el número requerido de firmas, el ministro de Trabajo Pablo Mieres, anunció un aumento salarial del 2.5% como correctivo del 1ro de julio y otro aumento del 3.5% para el 1ro de enero de 2022.
Una publicación que solo se entiende por la victoria de las firmas, ya que 48 horas antes todos los medios oficialistas habían publicado, (observen la acrobacia semántica) un aumento de 1.5% negativo, es decir pérdida. Sumemos a esto que la inflación está por encima del rango meta que fijó el propio gobierno y que el desempleo alcanzó los dos dígitos.
Se aproxima la novena ronda de negociación salarial y parte de un contexto complejo, con un deterioro del empleo y una pérdida de masa salarial, sobre la cual se prometió recuperar para el 2024. Cuando hace pocos meses la recuperación era para el 2022, ahora se atrasó dos años más en pleno año electoral.
