Se incrementa la represión

“Un nuevo ciclo de represión acompañado de una intensa campaña mediática cuyo objetivo es deslegitimar a la izquierda social y política ante las elecciones de marzo de 2009”, denuncian diversas organizaciones sociales salvadoreñas. (Germán Rodríguez San Fermín- Diagonal) El Salvador - A principios de julio, la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador disolvía a golpes una protesta contra la política neoliberal del Gobierno con un saldo de 14 personas detenidas.
Al amparo de la recientemente aprobada ley antiterrorista todos los arrestados, entre ellos diversos dirigentes populares, fueron acusados de terrorismo y de participar en asociaciones ilícitas.
Al mismo tiempo, en otro episodio, en apariencia sin relación, el Gobierno involucraba a dirigentes del principal partido de la oposición, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en acciones de terrorismo urbano.
El 2 de julio, diversas organizaciones sociales convocaron a una movilización en Suchitoto, a 32 kilómetros de la capital. Estaba previsto que Elías Antonio Saca, presidente de la República presentara la Política Nacional de Descentralización cuya finalidad es la privatización del agua. Suchitoto, militarizada desde la madrugada fue el escenario de una actuación “caracterizada por el abuso de la fuerza contra la población civil”, según denunció la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo.
También el 2 de julio pero en la capital era detenido José Mario Belloso, el hombre más buscado por la PNC desde hace un año, acusado de ser el francotirador que abatió el año pasado a dos policías antidisturbios a las puertas de la Universidad Nacional de San Salvador (UES), durante una jornada de protesta por el encarecimiento del transporte.
En la detención de Belloso intervinieron 300 policías y soldados de cuerpos especiales de la PNC y de las Fuerzas Armadas. Llevaban mochilas de campaña, visores nocturnos, armas especiales y estaban respaldados por helicópteros y aviones. La detención fue retransmitida por televisión.
Tan solo día y medio después de la espectacular detención, miembros del Gobierno y la PNC filtraban a los medios de comunicación un vídeo grabado en dependencias policiales. En una confusa conversación el detenido implicaba a miembros de la cúpula de FMLN en la distribución de armamento. También les implicaba en la dirección política de un supuesto grupo de terrorismo urbano del que Belloso afirmaba formar parte.
El 5 de julio del año pasado, estudiantes secundarios protagonizaron una marcha pacífica enfrente de la UES. Según denunciaron las organizaciones estudiantiles al finalizar la marcha los estudiantes fueron atacados por la UMO.
A pesar del desmentido oficial, testigos oculares e imágenes grabadas demuestran la existencia de francotiradores de la policía apostados en los tejados de un edificio colindante a la UES, así como la presencia de helicópteros desde los que se disparó sobre los manifestantes.
Los sucesos del 5 de julio fueron aprovechados por el Gobierno para aprobar un decreto contra actos de terrorismo, aunque en ningún momento el texto define el concepto de terrorismo. “Las definiciones de los tipos penales son tan ambiguas que podrán ser convertidas en ‘comodines’ para realizar capturas, bajo cualquier supuesto y casi por cualquier circunstancia”, denuncian diversos juristas de la Federación de Estudios para la Aplicación del Derecho.
El auto de la Fiscalía contra los 14 detenidos en Suchitoto recoge “como actos de terrorismo toda infracción dirigida contra la seguridad del Estado, la integridad del territorio y el funcionamiento normal de las instituciones”.
Algunas de las acusaciones formuladas contra ellos son “sembrar el pánico en la población y crear un clima de inseguridad”, “obstaculizar la circulación en las calles” u “obstaculizar el funcionamiento de las instituciones públicas”.

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