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- Categoría: Mundo
- Publicado: Martes 11 de Marzo de 2008
Los ejecutivos de Pfizer, el laboratorio más poderoso del mundo, se sentarán en el banquillo en Nigeria, acusados de experimentos ilegales que, en 1996, causaron malformaciones a decenas de niños y al menos la muerte de 11 de ellos.
(Miguel Jara – Diagonal) Nigeria - Ocurrió hace más de diez años. En
1996, en el Estado nigeriano de Kano se había producido una epidemia de
meningitis que afectaba sobre todo a la población infantil. Por
entonces, la multinacional farmacéutica más poderosa del planeta,
Pfizer, se disponía a comercializar un antibiótico denominado Trovan
(trovafloxacino). Era una gran oportunidad de probar in situ el
preparado destinado al mercado occidental. Pese a que las
organizaciones humanitarias consideraron antiético el experimento, la
firma estadounidense no dudó en aprovechar la coyuntura: epidemia
vírica severa, población necesitada de recuperar su salud y una empresa
deseosa de probar su medicamento en las “mejores” condiciones y con el
menor coste. La administración de este medicamento a unos 200 niños
pudo ser la causa de la muerte de, al menos, once de ellos, mientras
que decenas sufrieron graves daños, como dolencias cerebrales, ceguera
o sordera, entre otros.
A finales de diciembre del año pasado, un tribunal de justicia
nigeriano ordenó el arresto de tres directivos de Pfizer, entre los que
se encuentra el máximo responsable de la filial norteamericana en dicho
país, Ngozi Edozien. El próximo 30 de julio comenzará la revisión de la
demanda, por la que el Gobierno nigeriano pide 7 mil millones de
dólares. Según los funcionarios del Ministerio de Sanidad de Nigeria
que investigaron el asunto, el laboratorio no llevó a cabo los
protocolos establecidos para este tipo de ensayos clínicos. Otra de las
acusaciones que ha recibido la corporación farmacéutica es que no
confirmó el consentimiento informado de los padres, necesario para
realizar las pruebas. La compañía asegura que sí obtuvo la autorización
de los progenitores, aunque no queda claro si el consentimiento estaba
firmado, pues recogerlo de manera verbal no cuenta. El Gobierno de
Nigeria ha presentado ante la Corte Suprema Federal documentos con los
que quiere demostrar que Pfizer no obtuvo la autorización de las
agencias reguladoras de aquel país para realizar los análisis clínicos
en los infantes.
También es destacable el retraso en la actuación del Gobierno
nigeriano. Como ha publicado Marcela Castro Castillo, una especialista
en temas de salud en los países empobrecidos, en un trabajo para el
Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África: “El
Gobierno central de Nigeria no actuó hasta después de que los padres de
las víctimas, agotados por una serie de demandas infructuosas llevadas
a cabo por Elaine Kusel, de la firma de abogados Milberg Weiss, Bershad
& Schulman, consiguieran, después de 11 años, que éstas fueran
escuchadas, y que el Gobierno de la región de Kano pidiese
responsabilidades por las consecuencias del llamado caso del ‘Test de
Trovan de Kano”. Esta investigadora también señala que otro problema
para los padres de las víctimas es que “efectivamente hay una
aprobación del Comité Ético de la región de Kano, y se experimentó
cuando había una enfermedad circulando en el ambiente, por lo que los
efectos secundarios, como la sordera y la ceguera que padecen muchos de
los afectados, pueden atribuirse a la meningitis y no al medicamento”.
El caso de Pfizer en Kano recuerda mucho a otro muy citado, el Estudio
de Sífilis de Tuskegee (Alabama). Como se explica en el libro
Traficantes de salud, este crimen fue realizado durante el primer
tercio del siglo XX y hasta bien entrados los años ‘70. Con fondos del
Servicio Estadounidense de Salud Pública se administró placebo a varios
cientos de trabajadores pobres afroamericanos víctimas de la sífilis,
con el sádico objetivo de observar cómo morían o si bien el ‘efecto
placebo’ les salvaba. Estas prácticas duraron cuatro décadas hasta que
fueron denunciadas por un periodista.