Trabas de impunidad
- Detalles
- Categoría: Mundo
- Publicado: Miércoles 30 de Enero de 2008
El 12 de diciembre de 2007, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló el proceso abierto a cinco generales, entre los que se encuentra el ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983) y hoy diputado, y a dos civiles acusados de genocidio por la justicia de España, argumentando que ese país no tiene competencia para investigar esos delitos.
Rigoberta Menchú, ganadora del premio Nobel de la Paz en 1992, respaldada por la Coordinación Genocidio Nunca Más, denunció el 17 de este mes ante los tribunales locales a los jueces Mario Pérez, Gladys Chacón, Roberto Molina, Alejandro Maldonado y José Rolando Quesada, de la Corte de Constitucionalidad, y tildó de "tendenciosa" su resolución.
El día anterior, la Audiencia Nacional de España, el tribunal compuesto de varias salas que entiende en materia penal, administrativa y laboral en ese país, había dejado sin efecto las comisiones rogatorias libradas a Guatemala contra estos acusados "a la vista de la negativa de las autoridades del país a colaborar".
Como decisión complementaria llamó a las "víctimas, perjudicados y testigos" a suministrar información sobre estos crímenes, según consta en el auto del tribunal español.
Menchú, presentó en 1999 una denuncia ante la Audiencia Nacional de España por los delitos de genocidio, torturas, terrorismo de Estado y otros crímenes contra la humanidad perpetrados en Guatemala durante la guerra de las fuerzas estatales contra la insurgencia izquierdista.
Como resultado de esa demanda, el tribunal español emitió el 7 de julio de 2006 una orden internacional de captura con fines de extradición a ese país de Ríos Montt y otros funcionarios de su dictadura. Se les imputa la comisión de delitos de genocidio, torturas, terrorismo y detenciones ilegales.
El abogado Morales informó en conferencia de prensa la semana pasada que "se va a demostrar" que la resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala es discriminatoria y "veremos si no tiene también carácter étnico porque los acusados no son indígenas, ni los miembros de la Corte, pero sí lo son la mayoría de las víctimas del genocidio".
Según consta en la justicia española, 83 por ciento de las víctimas mortales del conflicto armado interno guatemalteco, muchas de ellas torturadas previamente, eran indígenas mayas y 17 por ciento ladinos (mestizos). Cerca de 1,5 millones de personas tuvieron que dejar sus hogares, más de 45.000 siguen aún desaparecidas y 150.000 buscaron refugio en México.
También ese documento legal indica que 93 por ciento de esos crímenes fueron cometidos por agentes del Estado, 430 aldeas fueron borradas del mapa y hubo 667 masacres.
Según el contenido de la denuncia presentada, hay una "notoria preferencia de los magistrados que suscribieron la mencionada resolución en favor de ciertas personas y en contra de derechos constitucionales de las víctimas de crímenes contra la humanidad".
Fuente: IPS Noticias
