Consulta sobre minería en distritos de Ayabaca y Huancabamba

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(Luis Vittor – Minga Informativa) Perú – La exploración del proyecto minero Río Blanco, concluida en noviembre del 2006, provocó la movilización social de cuatro provincias norteñas, Huancabamba y Ayabaca en la región de Piura, y San Ignacio y Jaén en la región de Cajamarca, al considerar que su próxima explotación es el inicio de un distrito minero que tendría afectos negativos sobre el páramo, la calidad del agua y la actividad agrícola de la región.
Desde el año 2003 las comunidades han denunciado que la presencia de la empresa minera en sus tierras es ilegal, pues sólo cuenta con la autorización de algunos miembros de las juntas directivas comunales y no coPern el voto aprobatorio de los 2/3 de la asamblea comunal como lo exigen las leyes nacionales, situación que fue corroborada incluso por la Defensoría del Pueblo en un informe hecho público en el 2006. En febrero del 2007, las comunidades han denunciado esta violación de sus derechos ante el poder judicial local.
Ante esta situación, las comunidades campesinas recurren, al poder más cercano, a los gobiernos locales para solicitarles el uso del mecanismo de participación ciudadana a fin de consultar a la población sobre el desarrollo de actividades mineras en los territorios bajo su jurisdicción.
La participación ciudadana en el Perú es un derecho reconocido por la Constitución y las leyes nacionales, y faculta a las municipalidades para que a través de ordenanzas municipales creen los mecanismos adecuados para su ejercicio y sobre los temas de su competencia, como la planificación del desarrollo y el medio ambiente. En ese sentido, las municipalidades distritales de Ayabaca, El Carmen de la Frontera y Pacaipampa emitieron ordenanzas municipales que “establecen la consulta vecinal como mecanismo de participación ciudadana” y acordaron convocar a una consulta a los pobladores de sus distritos “para que expresen su opinión respecto al desarrollo de la actividad económica minera”.
El gobierno central ha señalado que la consulta no es vinculante legalmente, pero en reunión sostenida con la delegación de alcaldes y líderes de las comunidades ha reconocido que tendrá un impacto político. Los organizadores, por su parte, han solicitado a la Defensoría del Pueblo la observación de la consulta. Mientras la empresa, que en abril fuera adquirida por Zijin Consortium (China), no se ha pronunciado respecto a la consulta pero, como en campañas electorales, se leen pintas y escuchan spots a favor de su proyecto minero en toda la región Piura.
La consulta se realizará el próximo domingo de 16 de septiembre del 2007, teniendo como marco un típico proceso electoral y el precedente de la consulta vecinal de Tambogrande. Los municipios organizadores esperan la participación de más de 25 mil electores y la presencia de observadores nacionales e internacionales que certifiquen la transparencia y objetividad de la consulta vecinal.
Las comunidades y pueblos de Piura apuestan por los derechos y la democracia. En esta perspectiva, la consulta vecinal constituye la esperanza que esperan les devuelva la tranquilidad y seguridad a sus territorios; pero también es la esperanza de miles de comunidades que aspiran a solucionar conflictos mineros validando mecanismos de participación ciudadana.

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