Las ‘buscadoras’ enfrentan la crisis forense: México alcanza los 100.000 desaparecidos

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¿Qué implica para México llegar a 100.000 desaparecidos, teniendo, al menos, 50.000 cuerpos no identificados en las morgues? Implica, en palabras del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, una “crisis humanitaria”. Y que las propias familias, sobre todo las madres, se lancen a buscar a sus hijos desaparecidos.

(Andrea de la Serna Alegre – El Salto) México - “No se pierden, no desaparecen: los desaparecen”, dice Pamela, seria, frente a un grupo de madres de varios colectivos en búsqueda de sus desaparecidos/as. Nos encontramos en la periferia de la Ciudad de México, en uno de los tres estados con mayor número de desapariciones de personas. Pamela es madre de Diego Maximiliano Rosas Valenzuela, un adolescente secuestrado el 4 de septiembre del 2015; Cristina es madre de Guillermo David Ramírez Pelcastre, un joven taxista de 20 años desaparecido en 2017; Victoria busca a su hijo Fernando Iván Ornelas Ornelas, de 22 años, de quien no sabe nada desde 2019, mientras cuida del nieto que este dejó. Las tres forman parte del colectivo de buscadoras Uniendo Esperanzas. 

Llevan ya seis meses de búsqueda intensa, con algunas pausas debidas a contingencias de la pandemia y a errores burocráticos. Sin embargo, no es la primera vez que se investiga el crimen en el Gran Canal. En el año 2014, se encontraron los cuerpos de varias jóvenes mujeres asesinadas. Desde entonces, Ecatepec ‒el municipio en el que nos encontramos‒ y Ciudad Juárez son los dos nombres del terror para hablar de la violencia contra las mujeres. Ahora, también, para hablar de la desaparición de personas.

La técnica de búsqueda no ha variado: una máquina draga las aguas del Gran Canal, extrayendo la costra de basura de la superficie y sacando lodo y sedimentos del fondo. Después, todo ese material se pone a disposición de las buscadoras ‒agentes del Estado y, sobre todo, madres‒ para que, con rastrillos de jardín, busquen entre la tierra, el polvo, los plásticos y las piedras posibles ‘tesoros’, fragmentos óseos que, a veces, son indistinguibles de un trozo de madera o un pedazo de roca.

Son las propias madres las que, ataviadas con trajes, mascarilla, gafas de protección y doble capa de guantes, rascan entre estos restos contaminados para buscar a sus hijos. La Ley de Víctimas contempla que las familias puedan participar en el proceso de búsqueda; sin embargo, esto se convierte en un arma de doble filo cuando, en muchos casos, ellas son la fuerza bruta del proceso. Las familias salen a recorrer páramos y desiertos bajo el sol, madrugan día tras día para ir a cavar o a rastrillar la tierra y, además de todo eso, acuden a las instituciones, a reuniones con los burócratas y esperan que, desde la oficina y el escritorio, alguien genere avances en sus procesos de búsqueda e investigación. Lo cierto es que, en la mayoría de los casos, el rezago institucional y la descoordinación entre las instituciones impiden una buena resolución de los casos. Por esto, en parte, la impunidad en México alcanza un porcentaje mayor al 90%.

En los últimos meses, el dragado del Gran Canal se ha llevado a cabo como parte de una diligencia de investigación requerida por el colectivo Uniendo Esperanzas. Al dolor que implica no saber dónde están sus familiares se suma el hecho de tener que buscarlos en un lugar como el Gran Canal. No obstante, las mujeres del colectivo han conseguido resignificar la basurización de los cuerpos y devolverlos a una esfera de sentido y de humanidad. Para ello, antes de las navidades, vistieron las paredes del lugar donde se realizaba la búsqueda con pancartas y fotografías de sus seres amados, dibujaron con papeles brillantes un árbol de navidad, dentro del cual situaron los rostros de sus hijos, hermanas y padres. Al pie del árbol, cada una de ellas plantó una planta, que cuidaban y regaban cada semana. La espiritualidad juega un papel muy importante para la mayoría de ellas. Con esta serie de prácticas, las familias del colectivo han conseguido darle la vuelta a la narrativa de la basura y de los desechos y mostrar, como me dice Pamela, “que aquí estamos buscando a nuestros seres queridos”, que lo que importa son ellos, al margen del contexto en el que, por desgracia, han tenido que buscarlos.

La crisis forense y de desaparición en México

La versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), creado por la Comisión Nacional de Búsqueda, arroja esta semana la cifra oficial de 100.000 personas desaparecidas en todo el territorio mexicano. 100.000 hijas/os, hermanas/os, esposas/os, abuelas/os y amigas/os arrancados del seno de sus hogares y enviados al limbo de la indignidad. Al mismo tiempo, y de acuerdo con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, hay, al menos, 50.000 cuerpos sin identificar en el sistema público mexicano ‒morgues, fosas comunes, universidades y bodegas‒, motivo por el cual han denominado a esta situación como ‘crisis forense’.

Estas cifras, de nuevo, pueden ser agobiantes. Si se realiza un ejercicio comparativo, para que se pueda dimensionar el número, cabe recordar que el estimado de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil española es de 114.266 personas; el de la dictadura argentina, de 30.000. No obstante, en México no hay una dictadura y tampoco una guerra ‒no, al menos, declarada‒. Es por ello que sus 100.000 ausentes dan cuenta de la crisis y del rezago institucional que atraviesa el país en materia de desaparición y de identificación forense. La complejidad de esta crisis es desafiante, en tanto en cuanto se adentra y prolifera en los diferentes niveles políticos y sociales: la corrupción política, la violencia policial y militar, el crimen organizado y la desigualdad suponen algunos de los pilares que habilitan que la violencia extrema se expanda en el territorio, bajo la forma de asaltos, secuestros, desapariciones forzadas, homicidios, masacres y feminicidios.

¿Qué implica para México llegar a 100.000 desaparecidos, teniendo, al menos, 50.000 cuerpos no identificados en las morgues? Implica, en palabras del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, una “crisis humanitaria”. Significa que las instituciones están desbordadas en todas sus dimensiones. A nivel legal, se ha llegado tarde: la Ley de Víctimas es del año 2013 y la de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, de 2018. La maquinaria burocrática empieza apenas a caminar, cuando las familias llevan ya 15 años haciéndolo. En palabras de Ana Alegre, investigadora del CentroGeo sobre desaparición y fosas clandestinas, “los colectivos le ganaron al Estado”. A estas legislaciones se han añadido mecanismos, protocolos y alertas, pero, dada la magnitud del problema, todas estas herramientas están mostrando ser insuficientes para afrontar el panorama desolador que dejan los paisajes forenses en los que se están convirtiendo los bellos cerros, manglares, lagunas y desiertos que surcan este diverso y rico país. A veces, parecemos quedarnos sin palabras y sin capacidad para expresar el horror puro en el que nos sume este contexto.

Nota completa: https://www.elsaltodiario.com/desapariciones-forzadas/buscadoras-enfrentan-crisis-forense-mexico-alcanza-100000-desaparecidos

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