Megraproyectos tensan la relación de pueblos indígenas con el gobierno de México

Hay una reincidencia del Poder Judicial de México de negar los derechos de los pueblos que cuidan el territorio, acusan abogados especializados, quienes señalan que estas negligencias y trampas son las más utilizadas durante la actual administración federal.

(Daliri Oropeza - IPS) México - La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíimbal ha interpuesto por lo menos cuatro demandas de amparo contra el megaproyecto del Tren Maya pero los jueces los desecharon.

Las habitantes de Yucatán, integrantes de esta asamblea, denunciaron públicamente que los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito en ese estado violentaron sus derechos, les negaron el acceso a la justicia y a defenderse bajo el argumento de que carecen de “interés legítimo” sobre el territorio.

Ello a pesar de vivir en uno de los estados donde construyen el megaproyecto, que supervisó el sábado 10 y el domingo 11 el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Presentamos un amparo contra el tren mal llamado maya y nos dicen que no tenemos interés jurídico y legítimo. ¿Qué alternativas nos dejan?, no vamos a pedirles limosna, les pedimos que nos dejen vivir”, denunció Pedro Uk, activista y poeta maya que participa en Múuch Xíimbal durante una conferencia de prensa.

Esa misma decisión por parte de jueces se repite con el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa de Morelos, el cual les dijo a los ejidatarios de la ribera del río Cuautla que carecían de “interés legítimo” para defender el agua, que además obtuvieron por decreto presidencial.

El motivo del juez para sobreseer el amparo (poner fin al procedimiento sin llegar a una resolución sobre el fondo) fue considerar que los ejidatarios, usuarios y propietarios del agua, no tienen interés legítimo ni interés jurídico para iniciar un juicio de amparo, porque no demandan a través de la Asociación Civil Asurco. Esta asociación es solo la concesionaria, no la dueña.

Poner en duda el interés legítimo o jurídico resulta un procedimiento jurídico que no trata de fondo lo que las personas quejosas reclaman. Se queda en ver el interés que tienen para demandar. Como esta, hay varias maneras que los juzgados y tribunales aplican a quienes buscan ampararse ante los megaproyectos que realiza la gestión autonombrada “cuarta transformación”.

A decir de distintos abogados especialistas en disputas de territorio en México, el sistema jurídico carece de cuestiones básicas para hacer justicia a quienes cuidan del agua, la siembra, y los modos de subsistencia elementales de los pueblos indígenas.

Estos caminos legales que desgastan, en donde se niega discutir el interés de fondo, van de la mano de tiempos largos de procesos jurídicos, en donde juegan los recovecos de la ley, acusan los abogados.

Y agregan que hay una falta de reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas que juega de cajón, y ahora con la pandemia, todo trámite se ha extendido, complicado.

En el día de la resistencia de los pueblos indígenas, este lunes 12, distintos abogados en entrevista describen las artimañas, las trampas legales y las negligencias en la ejecución de la justicia en nuestro país, cuando se trata de defensa del territorio.

Negar el derecho a defenderse: interés legítimo y jurídico

El abogado y exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Ciudad de México, Jorge Fernández Souza, destaca que hay todo un andamiaje o plataforma constitucional y legal para defensa de los derechos humanos, individuales o colectivos.

Pero reconoce que aún con ella, a la hora de la práctica se complica su ejecución y se pone en entredicho la defensa de los derechos humanos en todos los niveles, incluyendo el nivel de los órganos jurisdiccionales.

“No hay evolución positiva”, dice el abogado Fernández sobre la aplicación de la ley y la constitución, “la evolución positiva que hay en el texto (de las leyes) no se refleja en la práctica, ese es el punto”.

En la práctica, algo que es preocupante, sobre todo el caso de los pueblos, dice Fernandez Souza, es la argumentación de la no existencia del derecho a defenderse.

“Cuando una persona presenta una demanda, también de amparo, lo primero que tiene que ver quién va a juzgar, primero un juez y después un tribunal colegiado, está integrado por tres magistrados, lo que tienen que ver es si la persona tiene interés jurídico, interés legítimo para defenderse», explica.

Nota completa: http://www.ipsnoticias.net/2020/10/megraproyectos-tensan-la-relacion-pueblos-indigenas-gobierno-mexico/

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