México: ilegal e inmoral, pero no impune

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Estas tres empresas acaparan cerca de 40% del mercado global de semillas y más del 90% del mercado global de semillas transgénicas. Su avance en México en algo tan central como el maíz significa entregarles en bandeja las raíces, la historia y la soberanía alimentaria del país.
Esos experimentos cubrirían en total unos 120.000 metros cuadrados –área suficiente para provocar una debacle de contaminación transgénica en el maíz campesino y nativo de México– distribuidos en los estados de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua. Otras solicitudes de las trasnacionales que están en proceso pretenden permisos para liberación en Jalisco, Cohauila y Durango, y van por más. Es ignominiosa (y fuertemente criticada incluso por muchos de sus propios investigadores) la colaboración que reciben estas trasnacionales de organismos públicos como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) que les brindan sus centros para experimentar.
En Chihuahua, organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas anunciaron que no permitirán las siembras aún si para ello tuvieran que destruir las parcelas experimentales. En otros lugares ha habido bloqueos y protestas locales.
En los documentos presentados (disponibles en www.greenpeace.org.mx) , muestran cómo las instancias de gobierno violan varias leyes, incluida la de bioseguridad. Por ejemplo, no indican las fechas en que fueron otorgados los permisos, ni quiénes fueron los responsables de otorgarlos, tampoco dan la identificación precisa de los agricultores cooperantes en cuyos terrenos se realizarán las siembras; la ubicación de las parcelas es imprecisa o incluso falsa, y las coordenadas geográficas no coinciden con los predios presentados en las solicitudes de las empresas. El gobierno está obligado por ley a entregar todos estos datos al público, pero temen las consecuencias que les traería darlos a conocer.
Fuente: Silvia Ribeiro - Alai

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