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Infiltrados en los movimientos sociales, ¿bajo qué marco legal?

La presencia de agentes de Policía en los movimientos sociales no es nueva. Al menos desde el movimiento antiglobalización, hace ya más de 20 años, se destaparon casos de policías encubiertos que han vigilado colectivos que no estaban siendo investigados por ningún juzgado, como marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

(Ted García – El Salto) España - No es nada nuevo, la presencia de agentes de policía encubiertos en movimientos sociales y en manifestaciones ha sido preocupación de muchos colectivos desde que se tiene memoria. En algunos casos, la infiltración lleva a momentos que se convierten en meme, como en la huelga general del 25 de septiembre de 2012, cuando la policía cargó indiscriminadamente contra los manifestantes, entre ellos contra un compañero suyo infiltrado en la manifestación —“!Que soy compañero, coño”!, por recordar el mítico momento— o ha sido aprovechada como “fuerza de trabajo” por los colectivos. En otras ocasiones, la infiltración de la policía ha llevado a muchos colectivos a situaciones difíciles o incluso a su ruptura. 

“Yo, por lo menos desde que tengo uso de razón en el seno de movimientos sociales, lo he vivido”, señala Sara López, de la Comisión Legal Sol. “Lo viví en Nodo50, cuando publicamos en el 2001 el informe de vigilancia al movimiento antiglobalización y publicamos un fragmento de un mail que se conectaba de manera sistemática desde las IPs de Dirección General de la Policía y una comisaría de policía a las listas de coordinación del movimiento; luego lo viví en carne propia en el colectivo Espacio Horizontal contra la Guerra, en el que 2001 y 2007, tuvimos una persona infiltrada”. 

Y también pasó en el 15M, “yo diría que de una manera muy extensa”, puntualiza Sara López. “En el 15M hubo muchos, sin duda; durante la acampada y después”. Ella misma y otras personas que llegaron al 15M con una trayectoria ya en movimientos sociales reconocieron al menos a un agente de Policía infiltrado en una de las comisiones.

En ninguno de los casos, las organizaciones y movimientos sociales en los que se introdujeron agentes infiltrados estaban bajo investigación judicial por la comisión de ningún delito, ni mucho menos habían sido señaladas por ningún juez como organización criminal, a pesar de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (leCrim), en su artículo 282 bis, señala que la infiltración de agentes solo se puede realizar en investigaciones por delitos de organización criminal y bajo la orden de un juez o fiscal.

Ya a raíz de que La Directa destapara al segundo policía infiltrado, desde la Dirección General de la Policía alegaron que este tipo de actuaciones estaban amparadas por el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que les obliga a “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana” y para ello incluye como sus funciones “captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia”.

Otra norma de menor rango, la orden ministerial que desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía, contempla, al menos desde 2005 en una disposición adicional, que la estructura y tareas de los servicios de información de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad están clasificados como secreto, en base a una decisión del Consejo de Ministros de noviembre de 1986.

“La Ley Orgánica 5/99, que introduce el artículo 282 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 1999, señala en su exposición de motivos que ‘las reformas que se incorporan en la presente Ley parten de la insuficiencia de las técnicas de investigación tradicionales en la lucha contra este tipo de criminalidad organizada, que generalmente actúa en ámbitos transnacionales y con abundancia de medios conducentes a la perpetración de los delitos’, por tanto, la captación genérica de información sobre movimientos sociales supone una ampliación contraria al espíritu de esta reforma”, explica Daniel Amelang, abogado del despacho Red Jurídica. “La LeCrim es muy clara cuando dice que un agente encubierto necesitará una autorización judicial específica cuando pretenda vulnerar un derecho fundamental, pero el auto judicial es reservado, por lo que su control por parte de terceras personas —como personas que denuncien al agente— es muy difícil, y en los casos en los que no se vulnera un derecho fundamental o no se reconoce que se ha vulnerado es posible que ni siquiera exista un auto judicial”, señala Amelang. “Y si en un juicio se pretende preguntar al agente o a la Policía que facilite cierta información, quizás se acojan a la Ley de Secretos oficiales para no dar información, por considerarse reservada”, añade.

Nota completa: https://www.elsaltodiario.com/policia/infiltrados-movimientos-sociales-marco-legal

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