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Mollitiam Industries: el Pegasus español que depreda la libertad de prensa en Colombia y medra con dinero público

Mollitiam Industries, una empresa madrileña de ciberinteligencia que colabora con el CNI, vendió un software al Ejército colombiano para vigilar a líderes de la oposición y periodistas. Ha recibido casi 2,5 millones de euros en fondos de innovación tanto nacionales como europeos para mejorar sus capacidades y firmado contratos con la Guardia Civil para monitorizar redes sociales.

(Ekaitz Cancela – El Salto) España - Pegasus, el software israelí utilizado para vigilar a miembros del Gobierno y líderes independentistas, no es el único disponible en el lucrativo mercado del ciberespionaje. De hecho, altos cargos del Estado profundo —los cuerpos de policía y el servicio de inteligencia— han utilizado una tecnología similar para sus propios fines, aunque fabricada por una empresa española.

Esta es la historia de Mollitiam Industries, uno de los 20 depredadores de la libertad de prensa que utilizan tecnologías de vigilancia, según la lista de Reporteros sin Fronteras (RsF). Esta organización ha acusado a la firma española nacida en Toledo de haber vendido programas de vigilancia al ejército colombiano para que llevara a cabo prácticas de espionaje ilegales. De hecho, aquello fue un escándalo con repercusiones aún más graves que el Catalangate, en palabras de Citizen Lab, pues provocó las dimisiones de altos cargos militares en Colombia antes de que se conociera el escándalo.

‘Chuzadas’, Iván Duque y un software de espionaje español

Pocos días antes de que acabara 2019, el 27 de diciembre, el presidente colombiano Iván Duque anunció ante la prensa que el comandante del Ejército Nicacio de Jesús Martínez debía abandonar su cargo en la institución por razones familiares. Apenas tres semanas después, una investigación de la revista Semana indicaba que detrás de esta decisión existían otros motivos de peso: el alto oficial habría salido por un escándalo de ‘chuzadas’ (espionaje) ilegales que había estallado desde batallones de ciberinteligencia, pertenecientes a las brigadas de inteligencia y contrainteligencia militar.

Ocurrió gracias a una herramienta destinada a interceptar correos, llamadas y mensajes de texto, y WhatsApp. Según El Espectactor, estas habrían sido usadas para monitorear al senador Roy Barreras, al exgobernador de Nariño Camilo Romero y a la magistrada Cristina Lombana. Otros blancos fueron Alejandro Santos, director de la revista Semana, y algunos de sus reporteros que publicaron artículos sobre crímenes cometidos por militares. En los pliegos de contratación, además, quedó establecido que los programas maliciosos debían tener la capacidad de ejecutarse sin que el antivirus detecte su acción y debían ser “invisibles” para el 90% de los sistemas de seguridad, y así infiltrarse con facilidad en su blanco.

De acuerdo con la documentación revelada por la revista, este software tiene un valor menor a los 3.000 millones de pesos (700.000 euros), y se trata de un producto llamado Invisible Man vendido al ejército colombiano por una empresa española llamada Mollitiam Industries, creada en Toledo allá por 2018. Invisible Man y Night Crawler son los productos más importantes de la firma, nacida como una unidad ciberofensiva de propiedad conjunta de la consultora de ingeniería In-Nova y la empresa de ciberseguridad StackOverflow Ltd.

La empresa de ciberespionaje, que no aparece en el sistema de proveedores del Estado colombiano, se presenta a sí misma como una compañía de ciberinteligencia cuyo objetivo es “dotar a instituciones gubernamentales de información relevante necesaria para la toma de decisiones ante el nuevo contexto de vulnerabilidades, amenazas y ataques originados y potenciados desde el ámbito de las redes y el entorno de las comunicaciones”.

Y estas tecnologías siguieron aplicándose en Colombia después del escándalo para espiar incluso a coroneles, generales y comandantes de otras fuerzas. El 21 de julio de 2021, la Policía de Colombia adjudicó un contrato de ciberinteligencia para perfilar a usuarios de redes sociales por 4.291 millones de pesos (más de 920.000 euros) a la Unión Temporal Phoenix, un conjunto de empresas donde está la empresa que fue utilizada por el Ejército para espiar a políticos, periodistas y activistas en 2019. Según los pliegos del contrato, el software que debe desarrollar esta empresa debe permitir monitorizar redes como Facebook, Telegram, Twitter, Instagram y perfilar las cuentas más influenciadoras o con mayor interacción, facilitando su geolocalización o ubicación.

Nota completa: https://www.elsaltodiario.com/espionaje/mollitiam-industries-pegasus-espanol-depreda-libertad-prensa-colombia-medra-dinero-publico

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