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Desokupa en Canarias: “El fascismo está entrando por la puerta grande”

No es un desahucio más y puede suponer un punto de inflexión en el clima social en el archipiélago canario. Así describe lo que está ocurriendo en un bloque de viviendas del barrio de San Isidro, en Granadilla (Tenerife), el documentalista Javier Ríos, director de Aquí estamos, película sobre el horror de las personas que tratan de llegar a las Islas Canarias.

Este cineasta y actor se acercó a la historia de este edificio, convertida en la última semana en una guerra abierta entre las 48 familias que ocupan desde hace diez años este bloque y la agencia de desalojos express Desokupa. Ríos hace un llamamiento “casi desesperado” para que las autoridades y la sociedad civil de todo el Estado intervengan para impedir un desahucio violento e ilegal del edificio, donde viven más de 100 personas en peligro de exclusión social, entre ellas más de 30 menores. Hay mucho en juego, dice este documentalista: “El fascismo está entrando por la puerta grande en Canarias”.

El primer intento de desalojo extrajudicial se produjo en la madrugada del 4 de mayo, cuando cuatro trabajadores de Desokupa se presentaron en este edificio ocupado con el apoyo de la Guardia Civil y la Policía local, según denunció el Sindicato de Inquilinas de Tenerife. La oposición de los vecinos y el apoyo de las organizaciones sociales forzaron la retirada de los “matones” de Desokupa, tal como los describe Víctor Martín, activista del Sindicato de Inquilinas de la isla. Pero la historia no acaba ahí. 

Pocos días después, el fundador y director de Desokupa, Daniel Esteve, amenazaba en un vídeo en Instagram con volver a la isla, pero esta vez con 40 efectivos en una estrategia similar a la practicada en Ibiza por su empresa, según su propio relato: “Os acordáis lo que pasó en Ibiza, primero enviamos un equipo, salieron los okupas, los amenazaron, los intentaron agredir, pues bueno, no pasa nada, a los diez días volví yo, con 40 de mis equipos, 20 por la mañana y 20 por la noche, y en diez días recuperamos. Aquí va a pasar absolutamente lo mismo. Queridos okupas, se ha acabado el buen rollo”.

Pese a que el empresario habla en todo momento de “respeto a la legalidad”, en el vídeo no faltan las amenazas veladas: “Esperemos que no pase ninguna desgracia [sobre la posibilidad de un incendio]. Lo importante no es cómo empieza sino cómo acaba. Si no, preguntad en Ibiza cómo fue. ¡Siempre fuertes!”. En agosto de 2021, la empresa anunció el “operativo más grande nunca montado en España por Desokupa”, con un desalojo extrajudicial de un complejo residencial ocupado por más de 100 personas en Ibiza que contó con el apoyo de la Guardia Civil y la Policía, según cuenta Esteve en otro vídeo. 

A la espera de que se concrete la amenaza, los vecinos del edificio han interpuesto una decena de demandas contra Desokupa acusándola de “amenazas” y “extorsión”, y pidiendo una orden de alejamiento. El único grupo parlamentario que se ha pronunciado hasta ahora ha sido Unidas Podemos, que ha exigido a las autoridades canarias que no permitan a Desokupa “asumir un ejercicio de funciones de autoridad”. El portavoz del partido en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo, calificó como “intolerable” que una empresa “filofascista” amenace con expulsar a 48 familias en riesgo de exclusión social “generando un clima de coacción y de potencial uso ilegítimo de la fuerza”. “Hay que poner fin a estas prácticas antes de que se extiendan a otros municipios”, añadió.

Desembarco en Canarias

La entrevista publicada por el El Salto a un extrabajador de Desokupa en septiembre de 2021 ofrecía muchas claves sobre la estrategia y la forma de funcionar de la compañía. Según relataba el exempleado, la empresa fundada por Esteve se estaba centrando en la “búsqueda de nuevos mercados en Madrid, Ibiza y Tenerife” ante la bajada de ingresos por la pandemia. Su testimonio coincide con múltiples denuncias de familias afectadas: los desahucios extrajudiciales que práctica Desokupa se valen de mentiras, engaños, coacciones, violencia, placas falsas, connivencia con agentes de policía corruptos o de extrema derecha y una estrategia basada en sembrar el miedo y un acoso generalizado para forzar a las familias a abandonar las propiedades de sus clientes. Todo esto sin contar, por supuesto, con una orden de desalojo. De tenerla, no necesitarían de sus servicios. 

Fuente: Martin Cúneo – El Salto

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