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Ansiedad, miedo y humillación: cuando la policía te para por tu color de piel

El informe Bajo Sospecha: Impacto de las prácticas policiales discriminatorias recoge el testimonio de las personas que sufren paradas e identificaciones policiales a causa de su perfil racial. 

(El Salto) España - En una investigación publicada por la Universidad de Valencia en 2013, que el mismo informe reproduce, se recoge que entre las personas encuestadas, un 6% de las personas blancas habrían sido interpeladas por la policía en los dos años previos. Frente a este porcentaje, las personas gitanas (con 60% de entrevistados identificados por la policía en el mismo periodo), las árabes y norteafricanas (45%), las negras (39%) y por último las latinoamericanas (22%) tenían muchas más posibilidades de tener que mostrar su documentación o el interior de su mochila.

En 2016, según cita el informe, activistas de organizaciones de derechos humanos hicieron durante un tiempo observación directa de las actuaciones policiales en la principal estación de autobús de Granada. A partir de ahí avanzaron diferentes tasas de riesgo: “Siendo 1 el total de paradas policiales que puede sufrir una persona blanca: [las tasa para una persona negra sería] 42:1, gitana 12:1, árabe (magrebí) 10:1, latinoamericano 8:1”.

Se trata de cifras diversas que reflejan situaciones y espacios diferenciados, pero que apuntan a una conclusión común, en España se realizan muchas, demasiadas paradas a individuos atendiendo a sus características raciales. Este hecho, según el informe, tiene que ver con que el control de migración lo realiza la policía nacional en todo el territorio, y no solo en la frontera, como sucede en Reino Unido. En Inglaterra, cuyo índice de paradas es notablemente menor, sería un cuerpo especial: la Autoridad de Frontera, la única competente para el control migratorio. 

El informe recuerda cómo en 2001, en el asunto de Rosalind Williams, una ciudadana con nacionalidad española, “el Tribunal Constitucional español arguyó que era razonable parar a una persona en virtud de su apariencia racial, puesto que este era un modo razonable de determinar quién era susceptible de ser un inmigrante indocumentado”. El informe advierte de la falsedad de este argumento en un estado donde hay cuatro millones y medio de inmigrantes con estatus legal y dos millones más de personas que adquirieron la nacionalidad. Tanto ellos como sus hijas e hijos pueden “no parecer españoles”. Estas personas, muchas segundas y terceras generaciones,  sufren “una experiencia transgeneracional de controles policiales”. Pero no son solo las personas de origen migrante quienes padecen esta exposición. Como demuestran los estudios, las personas gitanas enfrentan esta misma realidad. 

Los autores del informe hablaron con la misma Rosalind Williams, ciudadana estadounidense que vino a España de la mano de su pareja española en 1968. En 1992, en la estación de tren de Valladolid, un policía le pidió la documentación solo a ella. Cuando su marido preguntó al agente si la estaban identificando solo por su color de piel, este admitió: “Sí, estamos buscando personas como ella”. Lo que siguió fue una epopeya en distintos tribunales: “Pude luchar cada vez que mi caso fue desestimado por distintos organismos jurídicos porque no tenía miedo de recurrir. Cuando [el caso] fue desestimado por el Tribunal Constitucional, tuvimos que llevarlo fuera de España. Recurrimos a la ONU, al comité de  derechos humanos, ahí fue donde ganamos”, cuenta. En la sentencia de 2009, el comité de Derechos Humanos de la ONU dictamina que si bien los estados tienen el derecho de efectuar controles para controlar la inmigración ilegal, estos no deben ser hechos en base a la raza.

El informe también abunda en las consecuencias para la misma policía, y cómo estas prácticas desgastan la confianza hacia la institución por parte de quienes se sienten amenazados y maltratados por los controles, dificultando la cooperación ciudadana. Así, incluye el testimonio de un inspector de policía, quien reconoce que lejos de haberle formado en igualdad, se le ha subrayado siempre que hay determinados perfiles asociados a unos u otros delitos empujando a los agentes a “centrarnos mucho en determinadas personas, bien por su cultura, etnia, raza, origen”.

El funcionario apunta que este tipo de detenciones sirven para demostrar a una sociedad que comparte estos prejuicios que el cuerpo policial está haciendo su trabajo. “Con respecto a las personas que son identificadas”, admite, “afecta negativamente, porque la imagen de la policía se ve deteriorada y la legitimidad y confianza es difícilmente remontable. Es muy complicado defender sus derechos y libertades, no somos su policía sino la de una población mayoritaria”. 

Los testimonios que recoge el informe dan fe de las consecuencias en las personas de esta sobreexposición a las actuaciones policiales. A Malick Gueye, educador social y portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid, le identificaron cuatro agentes de la policía secreta después de correr tras él, en el metro, cuando se dirigía al trabajo. Lo retuvieron durante media hora con el argumento de que buscaban “un chico negro”. El ejemplo de Gueye ilustra un fenómeno corriente, las identificaciones, cacheos, o detenciones en el transporte público. El hecho de ser señalado en el espacio público, señala el informe, delante de muchas personas, resulta humillante.

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