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El narcoparamilitarismo irrumpe en la campaña en Colombia

El paramilitarismo, indisociable del narcotráfico y controlado por sectores próximos al poder político y militar, ha irrumpido como un factor de intimidación que condiciona el desarrollo de la campaña electoral en unos comicios que apuntan a una victoria de la izquierda.

(Eduardo Giordano – El Salto) Colombia - El próximo 29 de mayo se celebran elecciones presidenciales en Colombia tras las elecciones legislativas del 13 de marzo que dieron una amplia victoria a la izquierda en el Senado y la Cámara de Representantes. Por primera vez se produjo un cambio en la correlación de fuerzas que favorece al Pacto Histórico de las fuerzas progresistas en detrimento de las viejas maquinarias políticas y de los dirigentes tradicionales. El paramilitarismo, indisociable del narcotráfico y controlado por sectores próximos al poder político y militar, ha irrumpido como un factor de intimidación que condiciona el desarrollo de la campaña electoral.

Desde los primeros meses de campaña se produjo una intensificación de la violencia en muchas regiones del país, con una especial incidencia en el departamento de Arauca, donde los ataques de las llamadas disidencias de las FARC y de la organización narcoparamilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo han causado varias masacres de población civil. Durante los dos primeros meses del año 2022 hubo en ese departamento más de un centenar de muertos. A ello se sumó el paro armado declarado por la guerrilla del ELN, interpretado por candidatos del Pacto Histórico como un regalo al uribismo gobernante y a su estrategia de militarización de la lucha política. También ha aumentado la violencia en el suroeste del país, en particular en el Cauca, donde se han denunciado hasta 14 asesinatos de líderes indígenas en el transcurso de los primeros dos meses y medio de este año. En este caso, es la organización paramilitar Águilas Negras la que amenaza a los líderes sociales y dirigentes políticos del Pacto Histórico (PH). En toda Colombia fueron asesinados 31 líderes sociales y defensores de derechos humanos durante los primeros dos meses de 2022, uno cada dos días.

Según un informe presentado en enero de 2022 por la Misión de Observación Electoral (MOE), una plataforma de organizaciones sociales que promueve el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, uno de cada diez municipios de Colombia presenta algún nivel de riesgo electoral. El documento alerta que en 131 municipios repartidos por casi todos las regiones existen riesgos de que se produzca fraude o violencia.

La violencia paramilitar reciclada

Ante el evidente ascenso de la izquierda en todas las encuestas, los grupos narcoparamilitares se propusieron amedrentar a los líderes sociales que la apoyan y sabotear los actos de campaña del Pacto Histórico. En este sentido, actúan como el instrumento extremo de la clase gobernante tras el derrumbe de sus expectativas de perpetuarse en el poder bajo formas democráticas. Los ejemplos son muy numerosos. A finales de 2021, el Clan del Golfo amenazó de muerte al gobernador del departamento del Magdalena, el progresista Carlos Caicedo, quien tuvo que exilarse durante algunos días hasta que el Gobierno le aseguró la debida protección. En enero de 2022, al inicio de la campaña electoral, un comunicado de la organización paramilitar Águilas Negras amenazó de muerte a algunos de los principales dirigentes del Pacto Histórico, entre otros a Gustavo Petro e Iván Cepeda, así como a varios magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre otras personas señaladas con nombre y apellido. El panfleto es una declaración de intenciones:

“Entre nuestras misiones está la de evitar la toma del poder por parte de los narcoterroristas guerrilleros, defender a Colombia de la amenaza del comunismo progresista […] los encontraremos en cualquier parte del territorio nacional […] los vamos a encontrar, a torturar, descuartizar vivos y a desaparecer para que sean ejemplo de lo que le hacemos a los sapos [soplones], traidores, colaboradores y cómplices de las FARC, a quienes también exterminaremos”.

El comunicado añade: “No permitiremos que […] se instaure en el poder la dictadura del narcoterrorismo comunista progresista o que conviertan a Colombia en otra Venezuela”, mostrando una total sintonía con los argumentos no menos rudimentarios al respecto del presidente Iván Duque y su partido Centro Democrático. Al final del panfleto destaca el lema del supuesto 'Comando General de las Águilas Negras de Colombia': Por un nuevo plan de ordenamiento y limpieza directa.

La organización paramilitar Águilas Negras surgió bajo la presidencia de Álvaro Uribe. Su paternidad se atribuye al temible jefe paramilitar Vicente Castaño, impulsor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien fundó esta organización en desacuerdo con la desmovilización de las AUC pactada por su hermano Carlos Castaño con Álvaro Uribe, efectuada entre los años 2004 y 2006 con grandes beneficios para quienes se acogieran a ella.

El uribismo permitió la expansión y diversificación de los grupos paramilitares después de la desmovilización de las AUC, que se fueron reconvirtiendo en un sinfín de organizaciones: las AGC o Clan del Golfo, Los Rastrojos, Los Pachenca, Los Caparrapos, La Constru, etc. Ante el avance de esta legión de grupos mafiosos y ultraderechistas, el Estado fue cediendo terreno y en muchos casos les permitió controlar el territorio o, a lo sumo, los combatió como bandas criminales, desvinculando sus fechorías de todo tinte ideológico.

Las distintas organizaciones paramilitares que han proliferado desde entonces fueron reciclando la violencia con nuevas denominaciones y marcas, pero muchas de ellas permanecieron interconectadas. Algunos de sus integrantes ‘migraron’ al Clan del Golfo, una estructura que debe su nombre a los carteles mexicanos del narcotráfico y que actúa como organización paramilitar con el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Muchos sicarios del Clan del Golfo, conocido también como Clan Úsuga o Bloque Héroes de Castaño, proceden del antiguo bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar desmovilizada en 2004, bajo el Gobierno de Álvaro Uribe. Se estima que este grupo sería responsable de la mitad del tráfico de toda la cocaína que hoy sale de Colombia. Sus principales clientes son los carteles mexicanos de Sinaloa y el Cartel del Noreste de México.

Por el contrario, hay serias dudas de que realmente exista una organización centralizada que responda al nombre de Águilas Negras. No obstante, detrás de sus comunicados y acciones hay algún comando paramilitar centrado en difundir amenazas —llegando en un caso a consumarlas— en plena campaña electoral. Desde hace más de una década no hay rastros de sus campamentos, ni se ha capturado a ninguno de sus miembros, según informes policiales, y varias organizaciones de derechos humanos consideran que se trata de una pantalla para mantener en la impunidad a los verdaderos autores de los asesinatos de líderes sociales, ambientalistas, ex guerrilleros y políticos de oposición. En enero de 2020 hubo otra serie de amenazas similares, dirigida a diversos políticos e intelectuales críticos, incluida la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el periodista y politólogo Ariel Ávila (subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación), entre otros. Los afectados claman desde entonces sin éxito al Gobierno de Iván Duque que investigue quién promueve estas gravísimas intimidaciones.

Nota completa: https://www.elsaltodiario.com/colombia/petro-duque-clan-golfo-narcoparamilitarismo-irrumpe-campana

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