Red Eco Alternativo ***

Muertos, heridos y detenidos en Colombia

Las marchas y protestas continúan en el país, en el marco de un paro nacional iniciado el miércoles 28 de abril, mientras el presidente Iván Duque mantiene la presencia del Ejército en las calles. La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, como red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos, informó que hasta las 21.30 del 1 de mayo se registraron: 111 personas detenidas, 56 heridas, 5 muertas, 126 denuncias por abuso de poder.

Compartimos Boletín Informartivo de la Campaña:
111 personas detenidas. De las cuales 49 fueron detenidas en Barranquilla, 40 en Bogotá, 6 en Medellín, 6 en Soacha, 3 en Pereira, 3 en Bucaramanga y 4 sin identificar en su mayoría, bajo procedimientos arbitrarios.
56 personas heridas, presuntamente por el accionar de la Policía y ESMAD.
5 personas muertas, presuntamente asociadas a jornada de movilización, pero los móviles están por esclarecerse.
9 defensoras de derechos humanos agredidas por la Policía.6 agresiones de violencias basadas en género.
126 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.

Estas agresiones cometidas por la fuerza pública, dan cuenta de la forma generalizada y sistemática con que la Policía Nacional ha violado los derechos humanos en las jornadas del Paro Nacional de los días 28 de abril, 29 de abril, 30 de abril y 1 de mayo. Desconociendo abiertamente todos los protocolos, normas y estándares internacionales que regulan la protesta social.

Sobre las detenciones arbitrarias, advertimos que se puede identificar una serie de patrones de conductas que configuran abuso de poder policial en las jornadas del Paro Nacional. Estos patrones consisten en general, en abusar de la figura conocida como “traslado por protección” o “traslado por procedimiento policivo”, que supuestamente son mecanismos para proteger a las personas, pero que se han utilizado para sancionar, amedrentar y castigar a manifestantes que ejercen el derecho a la protesta social de manera pacífica.

Se pueden resaltar de manera particular, algunas actuaciones de este abuso de poder policial como las siguientes: 1) argumentar la exaltación, para detener por “protección” a personas manifestantes; 2) argumentar la ocurrencia de una riña, para detener por “protección” a personas manifestantes; 3) argumentar la indefensión, para detener por “protección” a personas manifestantes; 4) argumentar que existen comportamientos agresivos, detener por “protección” a personas manifestantes; 5) hacer uso excesivo de la fuerza física para detener personas que protestan pacíficamente; 6) adelantar procedimientos ilegales de capturas y allanamientos a personas de organizaciones sociales; 7) decomisar elementos personales de las detenidas sin hacer el debido registro y posterior devolución, lo que constituye un hurto; 8) realizar montajes de elementos que no pertenecen a las manifestantes para intentar judicializaciones ilegales.

Sobre las personas heridas, alertamos a los organismos internacionales de derechos humanos que se ha podido identificar el abuso de poder policial expresado en la utilización de la fuerza física de agentes del ESMAD y de la Policía Nacional, así como el uso de armas supuestamente no letales, uso de tanquetas, uso de gases lacrimógenos, disparos de aturdidoras e inclusive disparos de armas de fuego; han provocado cifras alarmantes de manifestantes que resultan agredidas y que encuentran vulnerados sus derechos a la integridad personal, integridad física, integridad psicológica, integridad sexual, dignidad humana, salud, libertad de expresión, libertad de locomoción y protesta social.

Nos permitimos denunciar que se han buscado los canales para solicitar el servicio de ambulancias de la ciudad, pero en diferentes oportunidades nos han señalado que su capacidad está colapsada, lo que en primer lugar, coloca en grave riesgo a las personas heridas, porque las obliga a trasladarse por su cuenta en carros particulares que no cuentan con las condiciones adecuadas para salvaguardar su salud, vida e integridad personal. En segundo lugar, pone de presente el accionar de brutalidad y violencia policial que ha afectado a las personas manifestantes en la ciudad y cómo por su responsabilidad, se colapsa el sistema del servicio de ambulancias y agravando aún más, los riesgos de las lesiones personales ocasionadas.

Rechazamos categóricamente que se sigan presentando heridas de lesiones oculares, toda vez que en la jornada de este 1 de mayo del 2021 ya se han documentado 4 casos en Bogotá y 1 en Medellín.

Sobre las agresiones a las personas de derechos humanos, hemos documentado que han ocurrido 9 agresiones directas en contra de CVI que realizan su trabajo en terreno en las ciudades de Bogotá y Barranquilla. Este tipo de hechos amenaza directamente el trabajo de las organizaciones que acompañamos el ejercicio del derecho fundamental a la protesta social y debe generar las medidas de denuncias urgentes a nivel interno e internacional.

Sobre las denuncias de abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial, se ha podido documentar que ciudadanas y CVI han reportado al menos 126 hechos, en los cuales se evidencian las conductas criminales sistemáticas de la fuerza pública en contra de las ciudadanas que juraron cuidar.

Instamos al Gobierno Nacional y todas las autoridades gubernamentales del país, a que den instrucciones claras y precisas a la Policía Nacional a respetar los mandatos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que los obligan a salvaguardar el derecho a la protesta social pacífica de las ciudadanas en Colombia. Reiteramos la gravedad que implica el hecho de que la Presidencia de la República amenace a la ciudadanía con optar por acudir a la ‘asistencia militar’ como método de amedrentamiento y evidente tratamiento militar de la protesta social.

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En tanto organismos de Derechos Humanos, Federaciones Internacionales, fuerzas políticas progresistas y democráticas emitieron un comunicado en el que advierten que se debe actuar con urgencia, en unidad, para parar lo que que consideran un “verdadero genocidio”: “Es urgente rodear, registrar y denunciar los hechos de violación de derechos humanos cometidos por el gobierno colombiano en cabeza del presidente Iván Duque, durante las movilizaciones sociales realizadas contra la propuesta de reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque y los problemas estructurales que afectan a la sociedad colombiana”.

Reproducimos comunicado:
La Liga Argentina por los Derechos Humanos y La Coordinadora Americana por el derecho de los pueblos y víctimas de la Prisión Política , hacemos un llamado a las diferentes instancias internacionales de defensa de los derechos humanos para realizar una veeduría a los graves acontecimientos que están ocurriendo en Colombia en este momento.
Desde el pasado 28 de abril de 2021, varios sectores de la sociedad se han sumado de a las distintas movilizaciones y actos de protesta en varias ciudades y áreas rurales de toda Colombia, en rechazo al proyecto tributario del Presidente Iván Duque que pretende implementar reformas económicas que privilegian a los sectores económicos más poderosos y a profundizan las brechas sociales ya existentes en uno de los países más desiguales del mundo. Ante el reclamo popular, la respuesta por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo ha sido desatar una violenta represión militar y policial en todo el país, la cual ha provocado hasta el momento,
• 68 víctimas de violencia física por parte de la policía,
• 13 víctimas de violencia homicida por parte de la policía.
• 1 persona fallecida en el marco de la movilización,
• 655 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes,
• 98 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública,
• 8 víctimas de agresión en sus ojos
• 18 casos de disparos con arma de fuego por parte de la policía.
• 1 víctima de violencia sexual.
Resulta inmoral plantear una reforma tributaria en medio de una pandemia mundial, en un país que cerró con un incremente del 30 % de la población en pobreza extrema, estas políticas que buscan debilitar al Estado para beneficiar a sectores económicamente más poderosos, convirtiendo derechos esenciales en servicios sometidos a las leyes del mercado. Esto lo ha entendido una parte mayoritaria del pueblo colombiano, que salió a las calles a defender su dignidad y bienestar.
Condenamos todos los abusos de las fuerzas policiales y militares, así como cualquier instigación a la violencia por parte de las fuerzas de seguridad de Estado como la realizada por el expresidente Álvaro Uribe. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a condenar y exigir el cese inmediato de la represión y garantizar el derecho constitucional a manifestarse.
Finalmente, solicitamos la intervención inmediata de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como de la CIDH para investigar y producir un informe sobre las numerosas violaciones a los Derechos Humanos que se han presentado en el marco de las protestas.

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