Un nuevo informe especial elaborado por la investigadora Ana Portillo releva algunas de las principales amenazas que se ciernen sobre el derecho a la alimentación a partir de las maniobras impulsadas por diferentes grupos transnacionales y locales vinculados al agronegocio para imponer legislaciones que privaticen el uso y la producción de las semillas.

Según relata la investigadora, desde estos grupos se instala la idea de que la práctica tradicional de almacenar semillas de las cosechas anteriores para sembrar en las siguientes atenta contra los derechos de los productores y comerciantes de semillas genéticamente modificadas.

El informe relata que desde distintos gremios vinculados a la producción de semillas transgénicas "se vienen planteando e impulsando modificaciones al marco jurídico vigente en línea con las tendencias globales de concentración y control del mercado semillero".

El texto advierte también que estas discusiones respecto al conflicto de intereses entre derechos de los cultivadores y el de los productores de semillas modificadas se vienen desarrollando sin participación de las organizaciones campesinas, “se plantea como un problema meramente técnico que compete a los/as abogados e ingenieros/as agrónomos la DINAPI y del SENAVE y los gremios de grandes productores de commodities agrícolas”.

El mercado de semillas comerciales es uno de los más concentrados y está controlado por un puñado de empresas transnacionales: diez empresas manejan el 77% del mercado de semillas; y de esas, sólo tres (Monsanto, Dupont y Syngenta), controlan 47% del mismo. Aunque hay cultivos de OGM en 23 países el 91% de estos está concentrado en apenas cinco de ellos (Estados Unidos, Brasil, Argentina, India y Canadá).

Fuente: BASE - IS