Otra guerra desangra al sindicalismo en Cali
(Mario Osava – IPS) Colombia - Los trabajadores reclaman el reintegro de 54 personas cesadas y condiciones básicas para la supervivencia de su organización. Además de retirar el permiso que permite a los dirigentes no trabajar y cumplir actividades sindicales, la empresa retiene desde octubre los aportes sindicales descontados de los salarios de los empleados, sofocando financieramente al sindicato, dijo Javier Román despedido de las Empresas Municipales de Cali (Emcali).
Emcali, entidad estatal creada en 1931, presta servicios de telecomunicaciones, distribución de energía y saneamiento básico en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca situado en el oeste de Colombia. Está intervenida desde hace nueve años por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, órgano de control e inspección del sector, vinculado a la Presidencia de la República.
La actual administración de Emcali intenta hacer inviable al sindicato, negándole las contribuciones ya pagadas por los afiliados, obligando sus dirigentes a cumplir las jornadas laborales y fomentando organizaciones paralelas, en clara violación de la autonomía sindical.
Nueve dirigentes de Sintraemcali fueron asesinados desde que se intensificó la lucha de los trabajadores, en 1998, y muchos más han sido heridos, mientras las amenazas de muerte empujaron a otros cinco al exilio, acotó.
Las cifras de la no gubernamental Escuela Nacional Sindical son más alarmantes, pues registran 11 asesinatos solo en el período 1998-2003.
Esa violencia contra el sindicalismo es generalizada en Colombia, que vive una guerra civil desde 1964. Un estudio de la abogada Lina Paola Malagón, de la no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas, contó 2.694 sindicalistas asesinados en los últimos 23 años, 685 de ellos dirigentes. Noventa y seis por ciento de esos crímenes siguen impunes.
Detrás de la cruenta batalla sindical de Cali está la privatización de las empresas municipales de servicios públicos. Los trabajadores acusan a la interventora de preparar la venta de Emcali, aunque la empresa sea eficiente, rentable y apoyada por la población.
Reyes sostuvo que se trata de una privatización, y precisamente del "corazón" de la empresa, que concentra el grueso de sus ganancias y por tanto es capaz de financiar otros servicios menos rentables. Según cifras de 2007, las utilidades de las telecomunicaciones equivalen a 60 por ciento del total de la empresa, aseguró el dirigente.
La huelga de hambre se decidió en respuesta a un nuevo despido de tres empleados, un mes atrás, acusados de agredir a un colega. La acusación es falsa, pues el Instituto Médico Legal no comprobó huellas de agresión en la supuesta víctima, según el informe técnico que muestra el sindicato.
Por eso los huelguistas y el sindicato reclaman el inmediato reintegro de los 54 despedidos "injustamente".
En el caso de las 51 personas cesadas en 2004, un fallo definitivo del Consejo de Estado, tribunal supremo para asuntos de la administración pública, determinó la nulidad de los despidos, pues no cumplieron "el debido proceso", dijo uno de los afectados, Gustavo Izquierdo, acompañado de abundante documentación.
Esos despidos fueron una prolongación de la "Operación Dragón", que en 2004 y 2005 pretendió "eliminar físicamente a directivos y activistas del sindicato" y que llegó a manifestarse en algunos atentados sin muertes, hasta que fue descubierta y denunciada como una acción de personas relacionadas con la intervención de Emcali, sostuvo Reyes.
Para el dirigente, todo el proceso está destinado a destruir al sindicato que encabeza la resistencia contra la privatización de los servicios públicos de Cali.