El caso de Elena Varela desnuda la democracia chilena
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- Categoría: Chile
- Publicado: Miércoles 30 de Diciembre de 2009
(Lucía Sepúlveda Ruiz - Rebelión) Chile - Se trata de una causa emblemática para la libertad de expresión y los derechos humanos, iniciada en mayo de 2008 por el ministerio público, bajo el gobierno de Michelle Bachelet. La documentalista que aboga por los derechos del pueblo mapuche sufrió tortura, fue sentenciada por los medios como terrorista y enviada a prisión en una cárcel de alta seguridad, seguida por reclusión nocturna. Su material fílmico fue secuestrado junto a su libertad de desplazamiento, por ya casi tres años. En plena zona del conflicto mapuche/Estado chileno/forestales, la elección de los jueces – en este caso, elección de sentencia- tendrá como resultado la defensa irrestricta de la libertad de expresión con la libertad de la imputada, o su condena, mediada por la variante que adopte el tribunal considerando los 15 años de prisión solicitados por el ministerio público y sellando un proceso similar a los realizados en dictadura.
El juicio en Villarrica (a unos 780 km al sur de Santiago y distante alrededor de una hora de Temuco, capital de la Región de la Araucanía) se convertirá así en un espejo de las carencias de la antidemocracia en Chile, donde los luchadores sociales y defensores de los derechos de los pueblos indígenas a menudo son detenidos sin respetarse las normas del debido proceso, utilizándose la prisión preventiva y/o la tortura como un mecanismo de control del avance de la movilización social y leyes heredadas de la dictadura.
El caso de Elena Varela ejemplifica asimismo las dos caras del gobierno de la Presidenta Bachelet, que por una parte premia a la artista con el FONDART 2007, el más importante concurso de fondos públicos para el cine, para el documental “Newen Mapu, mapuche, la Fuerza de la Tierra”, y por otra, la encarcela y requisa sus entrevistas a líderes de las luchas recientes por recuperación de la tierra ancestral.
En Villarrica, defendida por un reputado equipo jurídico que encabeza el ex juez Juan Guzmán, flanqueada por observadores internacionales y una red de comunicadores, organizaciones feministas, indígenas, artistas y luchadores por los derechos humanos, Varela enfrentará cargos de asociación ilícita, robo con homicidio (2005) y robo con violencia (2004). La fiscalía pide quince años de prisión para la detenida por “planear estos delitos, reclutar gente y refugiar a los delincuentes después de acaecidos los hechos”. La acusación se basa en la breve vinculación sentimental que la realizadora tuvo en 2004 con “Leonardo Civitarese” a quien el fiscal Servando Pérez Jordán identifica como Juan Moreno Venegas, jefe del autodenominado MIR/Ejército Guerrillero del Pueblo, una división del MIR formada en los 90. Moreno no ha sido hallado y tampoco el único detenido por los hechos, Cristián San Martín, que se fugó de la cárcel de Temuco en 2006. Para otros dos chilenos imputados, detenidos en la misma fecha que la documentalista, el fiscal Servando Jordán pide veinte años de prisión.
